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El deseo inconfesado del Título III de la Ley Helms-Burton de alejar la necesaria inversión extranjera de Cuba podría irse al ca…jón de sus derrotas, si todos reaccionan como lo ha hecho la Unión Europea ante la confirmación de que la administración de Donald Trump no seguirá postergando su entrada en vigor.
En declaraciones que precedieron al anuncio formulado en tal sentido este miércoles por el secretario de Estado Mike Pompeo —una «noticia» sabida de antemano— funcionarios de alto nivel del conglomerado europeo manifestaron su decepción por la medida, y dieron cuenta de la disposición de no ceder a sus imposiciones.
Algunas de las voces fueron las de Federica Mogherini, su alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, quienes enviaron una carta a Pompeo en la que expresaron su «grave preocupación» por la ya esperada decisión de Washington.
La misiva fue dada a conocer por The Wall Street Journal —lo cual podría significar disgusto de este especializado e importante medio con la medida—, y en la misma las funcionarias adelantaron que si el Título III no se postergaba —como han hecho sucesivas administraciones estadounidenses desde que se aprobó la Ley en 1996— «la UE se verá obligada a usar todos los medios que tiene a su disposición».
Según reflejó Sputnik al dar a conocer el reporte de su colega de Estados Unidos, la UE podría subir la parada y presentar contrademandas ante las cortes europeas, contra cualquier empresa estadounidense que acuda a los tribunales de la nación norteña en virtud de la Helms-Burton.
En igual sentido se pronunció en La Habana, el martes, el embajador de la UE en Cuba, Alberto Navarro, quien calificó la puesta en vigor del Título III como «algo que nos hará daño a todos», y aseveró que los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y la posibilidad de reclamar contra las empresas de EE. UU. que les impugnen, reportó la ACN, en virtud de leyes antídoto adoptadas por la UE, y similares a las que aprobaron en 1996 los parlamentos de países como México y Canadá, para protegerse de la voracidad de la Helms-Burton.
También hubo reacciones adversas este miércoles desde Canadá, país que, si bien ha seguido el guion de Washington en recientes cruzadas injustas —como la acometida contra Venezuela—, manifestó por medio de su titular de Relaciones Exteriores, Chrystia Freenland, su profunda decepción por la medida, y avisó que está revisando todas las opciones en respuesta.
Según la Ministra, su ejecutivo está en contacto con los empresarios canadienses para ratificarles que defenderán sus intereses en virtud de conducir el comercio legítimo con Cuba.
Recordemos que el Título III de la Helms-Burton abre la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses (e incluso a quienes no lo eran en ese momento) de establecer demandas ante los tribunales de ese país contra personas o compañías que se encuentren «traficando» —como le llaman ellos— con una propiedad nacionalizada por el Gobierno cubano después de 1959: es decir, personas o compañías extranjeras que tengan inversiones, por ejemplo, en esos sitios o inmuebles, pues sus antiguos propietarios no cobraron indemnización al pasar esos lugares al Estado cubano, sencillamente, porque Washington no quiso conversar con La Habana sobre ello.
En ese contexto, posturas como la de la Unión Europea pueden crear un embrollo a las autoridades estadounidenses —aunque, como Donald Trump se burla de la institucionalidad internacional, puede ser más enrevesado para quienes reclamen— y son consecuentes con el lógico espíritu independiente de naciones que aprecian el ejercicio de su soberanía y, por ende, no están dispuestas a dejarse maniatar y avasallar por el cowboy de turno en la Casa Blanca.
No se trata meramente de posturas políticas si bien estas tienen indiscutible peso, pues lo más avasallador de la Helms-Burton luego de su propósito interventor y recolonizador contra Cuba, y además de convertir en ley la madeja de sanciones que conforman el bloqueo, es el carácter extraterritorial que le otorga, precisamente su Título III, al castigar y enrolar a terceros países en un conflicto bilateral, que existe por el propio deseo de Estados Unidos de apropiarse de esta Isla.
Pero ese flanco político, insisto, no es la única motivación. Hay también razones de dignidad y obligación, como las que deben asistir a los Gobiernos que vean castigados, sin razón, a empresas y personas que forman parte de sus pueblos; y por último, existen argumentos comerciales, como los evidenciados en el hecho, por ejemplo, de que el intercambio comercial de mercancías entre Cuba y la Unión Europea representase más de 12 573 millones de pesos en el año 2017, según cifras de la ONEI.
En 2018, no obstante, esas transacciones recibieron impulso con la adopción por Cuba y la UE de lo que Mogherini llamó «el primer acuerdo político firmado entre la Unión Europea y Cuba» que, dijo, elevó «nuestras relaciones a un nuevo nivel. La UE es ya el primer socio comercial, el primer inversor y el primer socio de cooperación para el desarrollo de Cuba».
En conferencia de prensa la titular de Exteriores del conglomerado agregó: «La política exterior de la UE es autónoma e independiente, y es decidida por los 28 Estados miembros (…) Es de interés común para Cuba y la UE fortalecer sus relaciones (...) Somos consistentes en nuestra política exterior, no habrá cambios repentinos».
La administración de Donald Trump haría mal en pensar que todos seguirán a pie juntillas sus designios contra Cuba.
