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Muchos argentinos piden la salida de Macri y de FMi. Autor: AFP Publicado: 05/09/2018 | 07:06 pm
BUENOS AIRES, septiembre 5.— Las protestas contra el acuerdo pactado por el Gobierno con el FMI tienen desde este miércoles una «expresión legal», luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello imputara penalmente al presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su equipo por ello.
La denuncia fue interpuesta por Unidad Popular, el movimiento popular La Dignidad y por el Observatorio del Derecho a la ciudad, los que denunciaron al mandatario por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público, en virtud del préstamo de 50 000 millones de dólares pedido al FMI sin autorización previa del Congreso, dijo PL.
El fiscal llevó adelante la acción penal al considerar que resultan verosímiles y lógicos los hechos, las ilegalidades e inconstitucionalidades alegados en la denuncia, al tiempo que pidió varias pruebas sobre el convenio.
Además de la denuncia penal fue presentado un recurso de amparo para declarar la nulidad absoluta del acuerdo stand by firmado entre el poder ejecutivo y el Fondo, reportaron varios medios locales.
Tras la decisión, la justicia precisó al ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno contrajo la deuda.
El juez Julián Ercolini, a cargo del caso, debe definir un pedido de medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo y que se ordene la suspensión de futuros retiros o solicitud de fondos y de la utilización de los fondos ya transferidos, agregaron fuentes periodísticas argentinas citadas por el despacho.
La medida tiene como telón de fondo las reiteradas protestas sociales que tienen lugar en el país contra el acuerdo y para rechazar los recortes que han caracterizado el mandato de Macri, mientras comienzan a verificarse los saqueos a supermercados demostrativos de las necesidades de la población.
La represión policial ha sido la respuesta del ejecutivo a ese intento de la ciudadanía de tomar lo que no puede pagar por las draconianas medidas gubernamentales.
A consecuencia de la acción de la gendarmería, un adolescente resultó muerto en una localidad de Chaco, presuntamente víctima del impacto en el pecho de una bala de goma.
En repudio, se ha convocado a una nueva manifestación contra el llamado «gatillo alegre».
