El desalojo se suma ahora a las inseguridades que le impone Israel a los palestinos en su propia ciudad Autor: Cordon Press Publicado: 09/03/2018 | 07:23 pm
Una nueva ley aprobada por el Parlamento israelí se acaba de sumar al inmenso andamiaje del apartheid que rige en los territorios ilegalmente ocupados en 1967, destinado a privar de derechos a los residentes palestinos.
La nueva legislación, adoptada el miércoles, permite al Ministro del Interior de Israel revocar el estatus de residencia permanente de los palestinos de Jerusalén Este, sujetos al régimen de ocupación militar, por aquellas acciones que a ojos de la autoridad mandante constituyan un «abuso de confianza» contra el Estado de Israel.
Tras la ocupación militar de Jerusalén Este y la Ciudad Vieja en la guerra israelo-árabe de junio de 1967, el Estado sionista ofreció el estatus de residencia permanente a los habitantes de la zona, con lo cual, de hecho, pretendía subordinarlos a la ley israelí con la mira puesta en la anexión.
La obvia violación del derecho humanitario y de las obligaciones como potencia ocupante, suscitó este viernes una declaración de la Unión Europea (UE), en la cual advirtió que la nueva ley hará que la vida de los palestinos «sea aún más precaria de lo que es hoy».
Asimismo, enfatiza que la norma «podría utilizarse para comprometer aún más la presencia palestina en Jerusalén Este, lo que socavaría aun más las perspectivas de una solución de dos Estados».
«En línea con el derecho internacional, la Unión Europea no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967, incluida Jerusalén Oriental, y no los considera parte del territorio de Israel, independientemente de su estatus legal bajo la ley nacional israelí», puntualiza la entidad.
Según la nueva disposición, el Ministro del Interior de Israel podrá revocar a los palestinos de Jerusalén Oriental de su estatus de residentes en la ciudad si se les considera estar involucrados en terrorismo o traición.
La ley, indican los reportes publicados en la prensa israelí, se aplica a aquellos residentes de Jerusalén Oriental con supuestos vínculos con grupos terroristas o condenados por delitos de terrorismo o traición, los cuales entran en la categoría legal de «violación de confianza» que impone esta nueva normativa.
También es probable que se aplique a los palestinos que han atacado a soldados, lo cual también es definido como un delito terrorista.
La adopción de esta nueva legislación fue promovida por el gobierno y uno de los diputados del partido Likud, después de un fallo del Tribunal Superior de Justicia emitido en septiembre pasado, en el que aclaró que el Ministerio del Interior no tenía derecho a revocar la residencia permanente de cuatro parlamentarios palestinos vinculados con el movimiento de resistencia islámica Hamas, una acción adoptada diez años atrás.
Sin embargo, el tribunal también detuvo la implementación de su fallo durante seis meses, con el fin de darle al Knesset (Parlamento) la oportunidad de aprobar una legislación que le otorgara al Ministerio del Interior la autoridad para llevar a cabo su decisión.
La nueva ley parece aplicarse solo a los residentes de larga data de Jerusalén Oriental, es decir, aquellos que, al nacer, tenían un padre con residencia permanente o los que han tenido residencia permanente por más de 15 años.
En su declaración, la UE prometió monitorear cómo y de qué manera se aplica a los palestinos en Jerusalén Este.