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LA xenofobia que arrastra el enfermizo y dudoso nacionalismo de Donald Trump se cebará ahora en indocumentados de El Salvador.
Doscientos cincuenta mil de ellos que llegaron a Estados Unidos al amparo del programa Estatus de Protección Temporal serán deportados si no se han ido en septiembre de 2019, gracias a la decisión del mandatario de suspender el beneficio, vigente desde 2001 para aquellos como respaldo de Washington a su nación luego del golpe de un terremoto.
La medida no sorprende porque es consecuente con la actitud de un Presidente que desde su llegada a la Casa Blanca la emprende contra quienes no son anglosajones. Antes, el TSP (como se conoce por sus siglas en inglés) fue derogado para los nicaragüenses a su resguardo en EE. UU., los sudaneses, y los desprovistos haitianos que recibían sus beneficios, mientras se anuncia la revisión del estatus de 70 000 hondureños igualmente acogidos al programa.
Eso, sin contar el manojo de medidas que han afectado a inmigrantes provenientes de distintos países, todos del Sur, y el humillante muro que Trump insiste en levantar en la frontera con México para enfrentar así la desigualdad y la pobreza, los verdaderos motivos que empujan al Norte a tantos hombres y mujeres.
También está en remojo el estatus de los llamados dreamers. La decisión de un magistrado ha coartado, de momento, el propósito de Trump de acabar con el programa de Acción Diferida (DACA) implementado por Barack Obama para proteger a 800 000 jóvenes inmigrantes que fueron llevados al Norte por sus padres cuando eran niños. Ellos también iban detrás del dream: un sueño de bonanza que no siempre pueden materializar quienes llegan.
Tales amenazas blanden sobre la cabeza de los indocumentados la conocida Espada de Damocles, y vuelven a recordar la necesidad de una reforma migratoria de la cual se habla desde los tiempos de George W. Bush, y que debería regularizar a los de más 11 millones de ilegales que sobreviven en Estados Unidos.
Tan importante y a tantos atañe el asunto (no hay que olvidar los vínculos de los concernidos con el resto de la sociedad) que la promesa de la reforma migratoria fue punto importante en la campaña electoral de Hillary Clinton.
Ahora, Trump promete que acometerá la legislación, cuya aprobación es difícil a la hora de poner de acuerdo a republicanos y demócratas en el Congreso y que, sabidos bien los propósitos del Presidente, poco probablemente harán justicia con los indocumentados o irregulares.
Mientras algunos observadores apuntan que, decisión tras decisión, el mandatario está materializando su propia reforma migratoria, otros ponen la mira, precisamente, en aquello que Donald Trump parece no ver.
Pocos en verdad valoran el aporte que los inmigrantes (indocumentados o en regla) hacen a la economía, como lo han intentado recordar en distintas oportunidades las organizaciones que les agrupan, con la singular protesta conocida ya como «un día sin inmigrantes».
La huelga de brazos caídos protagonizada por quienes llegaron de fuera deja virtualmente sin servicios a muchos comercios y golpea fuerte las actividades agrícolas.
Pero, más allá de lo palpable a simple vista, un reportaje del año pasado de Univisión mostraba cifras contantes y sonantes. En 2015 se registraban poco más de 25 millones de inmigrantes (ilegales o no) trabajando en EE. UU., quienes representaban casi el 17 por ciento de la masa trabajadora, según la secretaría de Trabajo. Y la mitad de ellos eran hispanos.
La tasa de desempleo de estos era para ese año más baja que la de los nacionales, con 4,9 por ciento de parados frente a 5,4 de locales en igual condición.
Frente al caso salvadoreño, organizaciones de defensa de los inmigrantes han puesto el dedo en la llaga. Ellas calculan que en diez años, la ausencia de los 200 000 salvadoreños que se deben ir representará pérdidas para el PIB de Estados Unidos ascendentes a 109 000 millones de dólares.
La situación podría ser mucho más preocupante en Boston, donde los salvadoreños llevan sobre sus espaldas, mayoritariamente, los trabajos de la construcción en un estado que todavía se recupera de los daños causados por el huracán Harvey.
Aunque su partida significará recortar a El Salvador unos 5 000 millones de dólares en remesas, que significaron en 2016 el 17 por ciento de su economía, la política de puertas cerradas de la Casa Blanca también hará que, poco a poco, Estados Unidos, igualmente, pierda. Pero, obviamente, Donald Trump no tendrá eso en cuenta.
