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Para enfrentar la situación desestabilizadora, Dilma Rousseff afianza los lazos con los movimientos sociales brasileños con los que siempre ha ido de la mano. Autor: Telesur Publicado: 21/09/2017 | 06:16 pm
La Historia lo demuestra y la dialéctica de la vida lo corrobora. Nada, en lo referente a nuestra existencia misma, es lineal o eterno. Tampoco lo son los procesos populares y revolucionarios. No mantienen una línea permanente. Sufren contratiempos, injerencias, desórdenes, independientemente de lo bien dirigidos que estén y por mucho consenso popular que hayan ganado, lo que los hace, sin dudas, más fuertes.
América Latina vive en los últimos años una bonanza progresista que ya conforma un capítulo importante en la Historia universal. Gobiernos de izquierda se afianzaron en la región y le cambiaron el rostro a sociedades por siglos marginadas. Latinoamérica comenzó a mostrar, orgullosa, incomparables logros sociales que llegaron a quienes nunca tuvieron nada. Millones de personas salieron de la pobreza y otras tantas llegaron a las aulas. La atención médica se extendió apreciablemente y la calidad de vida de sus poblaciones ascendió a niveles nunca antes sospechados.
Todo ello a distancia de las políticas dictadas por décadas desde Washington y abogando activamente por la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. Y esto, francamente, molesta a algunos.
Tanto es así que hoy América Latina vive, por primera vez, una ofensiva simultánea de guerra lenta y de baja intensidad contra sus gobiernos progresistas. El asedio usa patrones semejantes de desestabilización que pretenden hacer ver que son el reflejo de la voz del pueblo y demostrar que es necesario un nuevo rumbo de estrategia política de los gobiernos progresistas. Quienes no pueden llegar por vías legales recurren a cualquier método para quitarlos del medio.
Con un patrón similar
Lo vemos clarísimo estos días en Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y El Salvador, además del embate prioritario contra Nicolás Maduro, en Venezuela. Atacan a fondo a Dilma y a Lula, y a Rafael Correa. Hostigan a Cristina Fernández y a Evo Morales, sin contar la acometida contra Salvador Sánchez Cerén.
Usan como punta de lanza a los medios de comunicación bajo su control para mentir, difamar, llamar a la desobediencia civil e incluso para convocar, sin escrúpulo alguno, a revueltas callejeras como las escenificadas en Brasil y Ecuador.
Un simple análisis de los acontecimientos regionales puede hacerse desde el caso de Quito, donde los medios de comunicación y dirigentes de la ultraderecha convocan a acciones que ya alcanzan algunos meses de protesta contra el Ejecutivo.
Correa, quien asumió el poder en 2007 y ha sido varias veces reelegido, afronta las protestas de la principal organización indígena de su país, de algunos sindicatos y de quienes, dicen, no están de acuerdo con algunas de sus políticas, como el proyectado y por ahora archivado aumento de los impuestos a las herencias y la plusvalía.
El Presidente ecuatoriano afirma que las protestas tienen como fin desestabilizar al Gobierno y subraya que los que han salido a las calles le hacen el juego a la derecha.
La situación también se hace palpable en Venezuela, país que sufre una fuerte guerra económica y un constante asedio por derrocar el Gobierno, luego de varios intentos de manera continua desde 2002 ya que la oposición no ha podido imponerse por la vía electoral.
Evo Morales también ha tenido su correspondiente oposición en las calles. Hasta el 3 de agosto pasado un movimiento cívico de Potosí mantuvo, por 27 días, aislada y paralizada esa ciudad minera para reclamarle al Gobierno una serie de medidas.
Morales asegura que los dirigentes potosinos, quienes finalmente se negaron a dialogar con el Ejecutivo, recibieron financiación y respaldo de la oligarquía y de elementos foráneos.
Es dura, violenta y feroz la acción contra todos, pero no menos de lo que le están haciendo hoy a Dilma Rousseff, en Brasil.
Uno de los escenarios más mediatizados es el brasileño. Dilma Rousseff afronta manifestaciones en un contexto de crisis económica creciente y de graves casos de corrupción que han llevado a la cárcel a políticos y empresarios sancionados, primeramente, por ella.
No podemos olvidar que Brasil es la sexta potencia económica mundial, el quinto país del planeta en superficie y que cuenta con una población de 202 millones de habitantes, con lo que redondea el perfil de una nación importante.
Brasil es un polo valioso por su peso económico, pero también por sus cualidades políticas, que operan como contrapeso de Estados Unidos y de las viejas potencias que creen poder dominar el mundo como en el siglo XX.
Hace exactamente una semana, varias ciudades del gigante sudamericano vieron en sus calles a miles de personas que pedían no solo la renuncia de Rousseff, sino que se declarara, incluso, un impeachment, que no es más que el sometimiento del Presidente a un juicio político con fines de destitución.
Rousseff, cuya popularidad está bastante baja, inició el 1ro. de enero de 2015 su segundo mandato, que es el cuarto consecutivo del Partido de los Trabajadores (PT), enarbolando los logros sociales, políticos y económicos heredados de los dos mandatos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva y consolidados en el que lideró como la primera mujer presidenta de Brasil.
Tres figuras políticas de renombre sobresalen como los principales instigadores en crear un clima de inestabilidad política nacional: el presidente del Senado y del Congreso, Renan Calheiros; el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; así como el ex presidente Fernando Enrique Cardoso, quien gobernó el país entre 1995 y 2002.
Luego de las protestas del domingo pasado, Cardoso difundió un mensaje muy negativo en las redes sociales: «Si la propia presidenta no es capaz del gesto de grandeza (renunciar con la voz franca de que erró y saber apuntar los caminos de la recuperación nacional), asistiremos a la desarticulación creciente del Gobierno y del Congreso, a golpes de Lavajato», comentó en referencia al nombre de la operación de la Policía contra la gigantesca red de corrupción en Petrobras.
Calheiros, enemigo acérrimo de Dilma, ha pedido, incluso, romper con algunos acuerdos del Mercorsur.
No obstante el panorama negativo, la mandataria consiguió esta semana, nuevamente, el apoyo de los principales sindicatos y de algunos movimientos sociales y gremios de izquierda que también salieron a las calles, aunque en menor medida, en varias ciudades de la nación.
Nuestra zona de paz
El presidente de Bolivia, Evo Morales, activo participante en las protestas sociales que acabaron en 2003 con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, es uno de los que sostiene que detrás de las manifestaciones actuales se mueven fuertes intereses.
Morales aseguró en reciente entrevista con un diario argentino que hay una ofensiva contra los países con gobiernos antiimperialistas mediante diversas formas de agresión política, una opinión que han defendido también otros mandatarios del bloque bolivariano.
Sobre este particular, Evo resaltó en su reciente visita a Cuba que es «nuestra obligación como gobiernos y como movimientos sociales defender a los presidentes que permanentemente están siendo agredidos política y económicamente, e incluso están siendo amenazados por Estados Unidos, como es el caso de Venezuela».
Esta ofensiva fue tema central de una reciente reunión extraordinaria de cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) en Caracas y de la primera sesión celebrada este año en el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, en Montevideo.
La Declaración Final del mecanismo de cooperación denunció los planes renovados del capitalismo transnacional globalizado y del imperialismo mediante el uso de estrategias de Guerra No Convencional para desestabilizar y forzar la salida violenta de los gobiernos progresistas de la región, electos democráticamente.
El texto también llamó a reafirmar la necesidad de fortalecer la unidad continental, la concertación y la integración regional para hacer frente a estas amenazas, así como a defender la soberanía, la libre determinación y el desarrollo de nuestros pueblos, guiados por los principios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre los que se encuentra la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
En el caso específico de Ecuador, el ALBA-TCP llama a respaldar al Gobierno de Rafael Correa y a rechazar los intentos de la derecha nacional e internacional de desestabilizar y frustrar los cambios políticos democráticos, institucionales y económicos en marcha.
Desde la capital uruguaya, el presidente del Parlasur, el venezolano Saúl Ortega, denunció los movimientos sediciosos que amenazan a los procesos democráticos de la región y expresó la vigencia de la democracia en los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y su respaldo a la voluntad soberana expresada en las urnas y a la legalidad de los gobiernos democráticos en la región, como sostén de la plena vigencia de los derechos humanos, señala la Declaración de esa reunión.
¿Quién y desde dónde se mueven los hilos de todo este entramado? ¿Quién presta, otorga, regala o promete?
Las respuestas son harto conocidas.
América Latina y el Caribe, sostenida hoy por líderes con reconocida madurez política, necesita una contraofensiva diferente contra quienes pretenden hacerla tambalear.
