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CIUDAD MÉXICO, enero 16.— Un grupo especial de Inteligencia detuvo este viernes en el estado mexicano de Morelos a Felipe Rodríguez, alias el «Cepillo», sicario del grupo criminal Guerreros Unidos y presunto participante en el caso Iguala.
Según fuentes gubernamentales, Felipe Rodríguez será puesto a disposición de la Procuraduría General de la República como uno de los principales responsables directos en los hechos que llevaron a la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en septiembre pasado, reporta PL.
De acuerdo con detenidos confesos, el «Cepillo» era un cercano colaborador de Gildardo López, el «Gil» —operador de Guerreros Unidos en Iguala—, y está señalado por recibir a los normalistas de manos de policías municipales y después ejecutarlos e incinerarlos.
El grupo especial que lo capturó está integrado por elementos de la Policía Federal, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional.
Otro despacho de PL desde la capital mexicana da cuenta de que los padres de los normalistas desaparecidos piden investigar al Ejército.
El representante de los familiares de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, afirma que hay elementos en la indagatoria que señalan la participación del Ejército y ha solicitado abrir esa línea de investigación, reportan este viernes diarios locales.
Los padres de las víctimas de desaparición forzada y su representante se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para reafirmar la petición.
«Está en los expedientes, incluso hay una relación (de los soldados) con los del grupo criminal Guerreros Unidos, también hay videos de que estuvieron patrullando, que detuvieron estudiantes, sí tuvieron una participación», afirmó Rosales refiriéndose al Ejército.
Sin embargo, agrega PL, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, rechazó en conferencia de prensa que elementos de las fuerzas armadas estén involucrados en la desaparición, en septiembre pasado, de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, estado de Guerrero. Ante esa postura, Rosales replicó que «no corresponde a las autoridades políticas exonerar, sino al juez y al Ministerio Público establecer si hay o no elementos para una consignación o a fin de delimitar responsabilidades».
Sobre la entrada de los familiares de los desaparecidos a los cuarteles, el abogado precisó que proyectan ingresar a las instalaciones militares de la entidad federal de todo Guerrero, no solo del municipio de Iguala.
