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La Unión Europea ya ha advertido a Cataluña que, de llegar a separarse de España, quedaría automáticamente excluida del bloque comunitario. Autor: Telesur Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
BARCELONA, noviembre 5.— El presidente de Cataluña, Artur Mas, defendió este miércoles el derecho de los pueblos a decidir, desoyendo la suspensión judicial de la consulta independentista del domingo 9 de noviembre, que agrava su pulso con Madrid, en lo que algunos ven desobediencia civil.
AFP señala que, a cuatro días de la votación que mantiene en vilo a la sociedad catalana, el presidente nacionalista confirmó su determinación, si bien ello conllevaría desobedecer la suspensión decretada el martes por el Tribunal Constitucional y desencadenaría una crisis sin precedentes desde la transición democrática en 1975.
«Estamos defendiendo un derecho natural, que es el derecho de cualquier pueblo a decidir. Todos los pueblos tienen el derecho de decidir su futuro», declaró Mas, líder de la CiU (Convergencia y Unión).
Comprometido desde 2012 a celebrar el escrutinio, Mas impulsó esta votación sin valor jurídico después de que el Gobierno español bloqueara jurídicamente una consulta convocada hace un mes utilizando un mecanismo de impugnación al Tribunal Constitucional, que implica la suspensión inmediata de la votación incluso antes de que los magistrados diriman su legalidad.
«Con el objetivo de proteger estos derechos y de que la ciudadanía se pueda expresar y dar su opinión el 9 de noviembre, el Gobierno catalán ha de mantener este proceso de participación», insistió Mas.
Bautizada como «proceso de participación ciudadana», la votación estará organizada por 41 000 voluntarios coordinados por el Gobierno catalán, no se ampara en ninguna ley, no tendrá censo previo y no será supervisada por ninguna junta electoral.
Dados estos factores, el resultado difícilmente tendrá un valor definitivo, reconoció, aunque subrayó que «no es un referéndum», pero «tiene mucho valor político».
Su ejecutivo habilitará 6 695 mesas electorales en 942 de los 947 municipios regionales para que los 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años respondan una doble pregunta: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?» y, en caso afirmativo, «¿Quiere que este Estado sea independiente?».
Según los especialistas consultados por la AFP, esto llevaría a la administración catalana a cometer desobediencia civil, delito penal que podría implicar inhabilitación para la función pública, señala Eduardo Virgala, profesor de Derecho constitucional en la Universidad del País Vasco.
No obstante, el reto del Gobierno de Mariano Rajoy es complejo porque enfrenta un «problema político de primer orden» con una región de 7,5 millones de habitantes.
DPA refiere que el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, garantizó que la policía de Cataluña «cumplirá y hará cumplir la ley» si el domingo se celebra la consulta. «Cuando alguien inicia un camino que está fuera de la ley, ya sabe a lo que se arriesga», señaló en alusión a Mas, quien ha llamado a los ciudadanos a votar sin miedo.
