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La negativa a que se militaricen, estigmaticen y criminalicen las protestas sociales en Colombia y a que, en cambio, se respete el derecho a la subversión, a cuestionar el orden capitalista y a ejercer la oposición contra las políticas del Estado, son algunas de las garantías que exigen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Estas proposiciones conforman un nuevo grupo de propuestas mínimas emitidas este martes sobre la cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional, así como el derecho a la protesta y la movilización, a través de un comunicado leído por el guerrillero Marcos León Calarcá, en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde tienen lugar las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano desde noviembre de 2012.
La insurgencia exige que se «prohíba la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares» y que la actuación en ese sentido de funcionarios públicos de alto nivel y de los medios de comunicación, sea sometida al control social e investigadas por la justicia.
El texto pone énfasis en que se debe impedir de manera exclusiva cualquier tratamiento militar y de guerra a las movilizaciones y protestas populares que tengan lugar en el país.
Especialmente, dicen, se procederá al desmonte del Escuadrón Antimotines y Disturbios (EAMD) y se propiciará el diálogo y la solución negociada de los conflictos.
La insurgencia planea no se vuelvan a reprimir las protestas sociales como sucedió en las más recientes protagonizadas en todo el país por los trabajadores agrarios y otros sectores populares.
Iniciadas el 19 de agosto pasado y luego de más de 20 días de manifestaciones, las fuerzas policiales dejaron alrededor de cuatro muertos así como decenas de heridos y detenidos.
Dos de esos decesos se produjeron el 29 de agosto en Bogotá durante una manifestación en apoyo a los labriegos.
El actual ciclo de conversaciones terminará el jueves próximo y, hasta el momento, no hay expectativas sobre si se habrá acuerdos sobre el tema de participación política, segundo tópico de la agenda que siguen Gobierno de Juan Manuel Márquez y FARC-EP.
