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Un alto el fuego «permanente, general e internacionalmente verificable» es lo que ha propuesto días atrás el grupo armado vasco ETA a la sociedad española. La inutilidad de 52 años de conflicto, que no han derivado en la deseada escisión del País Vasco y Navarra del resto de España, y sí en más de 800 muertos en atentados, parecen «convencer» —¡una vez más!— a la organización separatista de que, por las armas, no conseguirá modificar ni un centímetro la geografía política ibérica
Esta ha sido la duodécima ocasión en medio siglo en que ETA habla de un «alto el fuego», para privilegiar una salida dialogada al conflicto. En 2006, la tregua decretada en marzo terminó con la explosión de una bomba, el 30 de diciembre de ese año, en el aeropuerto de Madrid, y la muerte de dos ecuatorianos. Por tanto, nadie se asombre si el escepticismo es la nota predominante.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que «el comunicado no sirve» y advierte que «no se bajará la guardia», mientras que las diversas fuerzas políticas, de una mano a otra del arco parlamentario español —Izquierda Unida, por ejemplo, pide que el alto el fuego sea «irreversible»—, exigen que ETA vaya a más y que, de una vez, haga lo que la sociedad española quiere: que abandone definitivamente las armas.
Los analistas prefieren detenerse esta vez en los adjetivos. El alto el fuego es «general», de lo que se infiere que cesarán no solo los disparos y explosiones, sino también los actos de «kale borroka» (disturbios) y los mensajes a empresarios para exigirles una «contribución». Esto es absolutamente nuevo, pues ambos tipos de acciones permanecieron durante anteriores treguas.
Asimismo, dizque el cese el fuego es «internacionalmente verificable». También en Irlanda del Norte hubo un alto el fuego del Ejército Republicano Irlandés (IRA), y para garantizar que, en efecto, no sonaría un tiro más, se optó por el diálogo entre los políticos independentistas y los defensores del statu quo, y la entrega de las armas del IRA, lo cual fue supervisado por una Comisión Internacional de Desarme. ETA no habla de deponer las suyas, pero sí está pidiendo verificación internacional esta vez, quizá porque apuesta a una tregua más sólida, que daría aire a quienes intentan hacer valer sus aspiraciones independentistas por vías pacíficas.
El Gobierno español, que sufrió un desgaste como gestor de la paz debido a la explosión de 2006, no quiere un segundo traspiés con la misma piedra, por lo que deja claro que cualquier eventual verificación quedará a cargo de las fuerzas de seguridad interna; nada de internacionales. Confía, a su vez, en que la debilidad actual de ETA es la que la ha llevado a hacer este anuncio de alto el fuego, el segundo desde septiembre. No obstante, si bien los operativos policiales —muchos de ellos en cooperación con Francia— llevan a arrestar de vez en cuando a importantes miembros de la organización, ello no supone su final. Podar ramas no implica acabar con las raíces.
El ilegalizado partido Batasuna (la izquierda independentista, a la que Madrid cataloga de brazo político de ETA), ha pedido a la organización vasca el «abandono definitivo de las armas», y también los firmantes de la Declaración de Bruselas, de marzo de 2010: un grupo de 21 personalidades e instituciones expertas en la resolución de conflictos, entre ellas, la Fundación Mandela y varios premios Nobel de la Paz, como el ex presidente sudafricano Frederik de Klerk, el arzobispo Desmond Tutu, y Betty Williams, ex miembro del IRA, que se decantó por la vía de la negociación para alcanzar la paz en Irlanda del Norte.
Este grupo de notables pidió a ETA «un alto el fuego permanente y completamente verificable», y al gobierno de Zapatero una respuesta adecuada, lo que «permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera».
Si los días y meses venideros demuestran que era serio el compromiso de ETA con esta nueva tregua, se hará más fácil para Madrid mover ficha.
