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Multitudinarias marchas apoyan al gobierno de Evo Morales. Foto: ABI LA PAZ. —Un extendido rechazo generó en Bolivia la salida temporal de los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija del diálogo conciliador con el gobierno, luego que fuera detenido un dirigente cívico tarijeño, acusado del ataque terrorista a un gasoducto de esa región.
Varios sectores sociales repudiaron la postura asumida por esas autoridades y expresaron su decisión de iniciar manifestaciones para reclamar el éxito en las conversaciones, que se desarrollan en la central ciudad de Cochabamba, dijo PL.
Representantes de los productores cocaleros cochabambinos apoyaron el arresto de José Vaca, quien tras ser apresado confesó ser participe del sabotaje en Tarija.
A su vez, el senador de la alianza opositora Poder Democrático Social, Carlos Borth, pidió a los cuatro dirigentes regionales retomar las negociaciones y responder al pedido de la mayor parte de los bolivianos.
De acuerdo con el legislador, no existe relación alguna entre la captura de Vaca y el abandono de las pláticas, por lo que no debería entorpecer el proceso de acercamiento en busca de encontrar una salida a la actual crisis política.
Mario Cossío, prefecto de Tarija, a nombre de sus homólogos, anunció el miércoles la determinación de salir del diálogo mientras el presidente Evo Morales no se pronuncie sobre el caso de Vaca.
El Ejecutivo deploró la medida y ratificó que son innegociables las investigaciones y procesos penales contra personas involucradas en la toma de instituciones públicas y sabotajes en plantas petroleras, hace algunos días.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó además que la aprehensión de Vaca ocurrió después de una orden legal emitida por la Fiscalía, y ratificó que el hecho de terrorismo cometido nada tiene que ver con el diálogo abierto el pasado 15 de septiembre.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Rada, aclaró que el apresamiento se realizó de la forma correcta, y no se trató de un secuestro como aseguran varios medios nacionales de prensa.
Fidel Surco, máxima autoridad en la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), integrada por las organizaciones sociales que apoyan al presidente Evo Morales, catalogó de chantaje político la postura de los gobernadores regionales y adelantó nuevas movilizaciones en contra de estos.
Los movimientos sociales planean marchar el próximo 13 de octubre hacia la ciudad de La Paz, sede del gobierno y el poder legislativo, señaló, para rodear el Congreso y demandar una ley que convoque a referendo constitucional.
Para el próximo domingo se esperaba el reinicio de las conversaciones entre el Ejecutivo y los prefectos, a las que asisten organismos internacionales en calidad de observadores.
La inesperada reacción de los prefectos pone en peligro la continuidad de la negociación y la labor de comisiones técnicas que analizan los ejes del conflicto: las aspiraciones autonómicas de los opositores y la redistribución de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ahora dedicados a la Renta Dignidad para los ancianos.
