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Tribunal de los Pueblos juzga las ilegalidades de transnacionales europeas. Foto: Miguel Guzmán Ruiz/PL LIMA.— El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) continuó escuchando los alegatos de los denunciantes de diversas ilegalidades cometidas por transnacionales europeas que operan en América Latina.
La corte, de carácter moral, funciona en el marco de la Cumbre Social, paralela a la V Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE).
El TPP se instaló el martes y de inmediato atendió la denuncia presentada por representantes de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), contra la empresa Monterrico Metals, originaria de Gran Bretaña, reportó PL.
La firma fue acusada por insistir en la ejecución del proyecto Majaz, en la norteña región de Piura, que provocaría la destrucción de la agricultura en esa zona peruana.
Según indicó el dirigente campesino Magdiel Ugaz ante los jueces encabezados por el sacerdote belga Francois Houtard, pondrían en serio riesgo la diversidad biológica de la zona donde habitan el tapir andino y el oso anteojos, y florecen los árboles de cedro, la uña de gato (antiinflamatorio natural) y diversas hierbas medicinales.
Ugaz señaló que las comunidades campesinas del área nunca fueron consultadas, como lo ordena la legislación vigente y que las protestas han sido reprimidas con un saldo de dos muertos y centenares de labriegos enjuiciados, algunos de ellos por terrorismo.
En la denuncia también intervinieron Mario Palacios, dirigente de CONACAMI, y el representante del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, César Padilla, quien explicó que en los últimos 20 años, al amparo del modelo neoliberal, los gobiernos provocaron cambios en los marcos regulatorios, jurídicos y tributarios para propiciar las inversiones mineras, con graves consecuencias para el medio ambiente y la salud.
El tribunal atendió además la denuncia contra la actuación ilegal de la transnacional española Repsol YPF en Argentina, Bolivia y Ecuador, formulada por Diego Mansilla (Argentina), Gustavo Rodríguez y Fabián Cayo (Bolivia) y Alejandra Almeida (Ecuador). En Bolivia, por ejemplo, la empresa controla un 1 300 000, y en Ecuador opera en 200 000 hectáreas de bosque húmedo tropical e impide el ingreso de representantes del Estado para examinar las denuncias de contaminación que presentan los dirigentes indígenas.
La Cumbre de los Pueblos se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Foto: Miguel Guzmán Ruiz/PL En la Cumbre de los Pueblos, los más de 3 000 delegados de unos 40 países de Europa y Latinoamérica debaten un modelo alternativo de desarrollo, que surja como «una alternativa incluyente, que reconozca la diversidad de los pueblos y la pluriculturalidad».
Entretanto, la crisis alimentaria que amenaza al planeta irrumpió con fuerza en los debates preliminares de la VV Cumbre euro-latinoamericana y medios periodísticos y fuentes cercanas a la reunión destacaron la posibilidad de que el foro incluya propuestas para enfrentar el mencionado flagelo, apuntó PL.
El ministro peruano de Agricultura, Ismael Benavides, reconoció que el desmesurado aumento en los precios internacionales de los alimentos preocupa a su gobierno, anfitrión de la cita cimera de 60 países, y admitió que esa situación afecta particularmente a los sectores pobres de la población, por lo que no descartó que el tema se incorpore a la agenda de la magna reunión, que examina la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente.
La agricultura mundial está frente a una encrucijada dramática, subrayó el ministro, tras revelar —entre otros datos pavorosos— que Perú importa el 95 por ciento del trigo que consume.
Por su parte, el vicecanciller de Cuba, Abelardo Moreno, reveló que el asunto está flotando en el ambiente, aunque por el momento está excluido de la agenda oficial de la reunión.
La nación antillana sostiene que no es posible hablar de lucha contra la pobreza —tema clave del encuentro— sin mencionar el desmesurado aumento en los precios internacionales de los alimentos.
Ello supondría un cambio de última hora a la llamada Declaración de Lima, documento que hasta este miércoles sería afinado por expertos de los países miembros del mecanismo birregional y que este jueves pasará al análisis de los cancilleres para terminar el viernes en manos de los presidentes.
