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Aunque le pese a la oligarquía, el 4 de mayo se votará el nuevo texto constitucional
La jornada del jueves pasado en el Congreso de Bolivia ha cerrado las puertas a los separatistas que conspiran contra la refundación, y pone en las manos del pueblo las decisiones más importantes para el futuro del país. Por eso es histórica.
Precisamente, bajo la presión de las masas que rodearon la sede del legislativo para enfrentar, desde la calle, a los diputados derechistas, el Congreso boliviano aprobó finalmente las regulaciones que permiten a los ciudadanos votar el texto de la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente, en diciembre pasado, en Oruro. La población se pronunciará sobre ella el 4 de mayo y, si por mayoría absoluta gana el Sí, será ese el texto de la nueva Constitución de Bolivia.
De forma paralela irá incluida en la misma boleta, la pregunta cuya respuesta definirá la extensión de tierra que se permitirá tener en posesión en lo adelante, y en cuyo preámbulo se estipula la prohibición de mantener grandes hectáreas ociosas. Fue ese el único punto de la Carta donde los constituyentes no lograron consenso en Oruro y, sin duda, será un soporte legal para luchar contra el latifundio.
Los acuerdos no se adoptaron sin puja. Como antes lo hicieron desde la Constituyente en Sucre, los diputados de la derecha trataron de entorpecer la promulgación de ambas leyes para frenar la consulta popular que validará o no la nueva Constitución, indispensable para que la refundación prometida por Evo Morales, avance desde bases legales.
Así, descontaban tiempo y dejaban que el reloj avanzara a favor del ilegal llamado de la prefectura de Santa Cruz a un referendo autonómico, proyectado para mediados de mayo, que apuntaba al destape de otros esfuerzos desintegradores y divisionistas de los departamentos de Pando, Beni y Tarija donde los prefectos también batallan contra las mayorías indígenas y a favor de la derecha y la oligarquía. Permitir que tales exhortos avanzaran y adoptaran falsos visos de legalidad habría dado riendas, adicionalmente, al destape del caos y la violencia, y resultarían filones para que fructificara la labor subversiva que se denuncia, insufla dinero y apoya a la oligarquía boliviana desde el Norte.
Por eso resulta relevante la tercera legislación adoptada en ese contexto por el Congreso, que ha declarado la incompetencia de las prefecturas a convocar consultas populares toda vez que aquellas no constituyen gobiernos, y recalca que tal función solo es dable al ejecutivo nacional.
Tales resoluciones del legislativo despejan el camino a un gobierno sumamente paciente que no ha faltado un ápice a la práctica democrática y que, por eso, pone otra vez las decisiones finales en manos de quienes mandan: los del pueblo.
