El Proyecto de Ley ofrecerá un marco normativo único y claro para fiscalizar desde la entrega de la tierra, hasta las obligaciones de todos los usufructuarios. Autor: Tomada del sitio web de Radio reloj Publicado: 27/07/2026 | 10:02 pm
La revalorización de la ruralidad, la justicia social y la equidad de género son algunos de los principios que atraviesan el Proyecto de Ley «De Tierra Agropecuaria y Forestal», que será debatido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Séptimo Período Ordinario de Sesiones, en su X Legislatura, previsto para el miércoles 29 de julio.
La norma unifica en un solo cuerpo legal más de 25 disposiciones jurídicas dispersas, actualizando así el régimen jurídico de la tierra, en alineación con la Agenda 2030; este instrumento legal preserva los principios históricos de las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, y amplía las garantías jurídicas de quienes producen.
En el escenario actual, el proyecto pretende incorporar como productores agropecuarios y forestales, además de a los campesinos y cooperativas, polos productivos, proyectos de desarrollo local y modalidades de inversión extranjera vinculadas con el sector, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales, privadas y mixtas.
Además, el proyecto de Ley desarrollará preceptos constitucionales vinculados con las formas de propiedad sobre la tierra, el derecho a una alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y las garantías del debido proceso.
Asimismo, reafirmará compromisos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
¿Cambio necesario?
La experiencia acumulada en décadas de gestión agraria ha demostrado que la inseguridad jurídica y la multiplicidad de normas contradictorias constituyen frenos objetivos para el desarrollo del sector.
El proyecto de Ley, que ahora se somete a consulta popular, aspira a cerrar ese ciclo, ofreciendo un marco normativo único y claro para fiscalizar desde la entrega de tierras, hasta las obligaciones de los usufructuarios, pasando por las causales de extinción del usufructo, y los procedimientos para la transmisión de derechos.
Para el campesino que pretende invertir en riego o en tecnología, para la cooperativa que planifica su producción a cinco años, para la familia que sueña con que sus hijos continúen el trabajo en la tierra, la estabilidad de las reglas es tan importante como la tierra misma.
La ampliación de la propiedad de las cooperativas sobre las tierras que les fueron entregadas, la posibilidad de acceder al usufructo por tiempo indeterminado y el reconocimiento de nuevas formas de tenencia se combinarán con la exigencia de que la tierra cumpla su función social: producir, generar empleo y fijar población en el campo.
Dedicarse al fomento y manejo de bosques de producción, en las tierras de uso forestal, o en aquellas cuyas condiciones lo permitan, añadirá una dimensión ambiental obligatoria que pretende proteger los recursos naturales para las generaciones futuras.
La discusión en el Parlamento será el momento de cristalizar los consensos alcanzados, y de convertir esta plataforma jurídica en herramienta coherente con la realidad del campo cubano. Por eso, el proyecto de ley, si finalmente se aprueba, marcará el inicio de un recorrido que se proyectará en más producción, más arraigo y más soberanía alimentaria para todos.
