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Niños, adolescentes y jóvenes Autor: Juventud Rebelde Publicado: 07/06/2025 | 07:37 pm
«HEMOS trabajado durante más de un año. Escuchamos muchas voces para construir de manera colectiva un texto legal que aspira a ser útil, justo y cercano a la realidad cubana, a sus principales destinatarios, a quienes son el porvenir de la nación», afirma Marlen Triana Mederos, viceministra de Educación, quien ha sido una de las caras más visible del futuro Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes.
Hace pocas semanas, el Anteproyecto de esa norma jurídica fue aprobado en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para ser presentado al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, «una decisión que nos emociona y nos compromete aún más», aseguró la funcionaria en diálogo con Juventud Rebelde a propósito de este importante resultado.
Marlen Triana Mederos, viceministra de Educación. Foto: Cortesía de la entrevistada
«Recordemos que en julio de 2023, el Parlamento aprobó la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, en la que se reconocía la necesidad de actualizar el Código vigente desde 1978. A partir de ahí, se incluyó su elaboración en el Cronograma Legislativo 2023-2027.
«Este paso nos alegra. Es el resultado de un trabajo serio, colectivo y prolongado que ahora entra en una etapa clave: que el Código se convierta en ley e impacte realmente en la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Cuba», aseveró Triana Mederos, quien puntualizó que la creación del grupo temporal de trabajo para ocuparse de todo lo relacionado con el Código resultó escencial en la ruta crítica que nos ha traído hasta aquí.
—¿Quiénes integraron este grupo? ¿Cuáles fueron sus principales propósitos y acciones? ¿Durante cuánto tiempo trabajó?
—En octubre de 2023 se constituyó el grupo temporal de trabajo para la elaboración del Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes, liderado por el Ministerio de Educación y con la participación de múltiples órganos, organismos y entidades del Estado, así como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y las organizaciones estudiantiles. Además, en un inicio, se contó con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de centros de investigación que se dedican a los estudios sociales.
«Este grupo tuvo como propósito principal desarrollar un marco normativo robusto que garantizara la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, otros tratados internacionales y las normas nacionales recientes. Asimismo, se buscó incorporar enfoques transversales como la perspectiva de género, la inclusión y la discapacidad.
«El grupo se organizó en subgrupos de trabajo encargados de redactar los diferentes libros y títulos que conforman el proyecto de ley. Estos subgrupos se reunían mensualmente, lo que permitió avanzar de manera coordinada y estructurada en la elaboración del texto legal. Como parte del proceso, se priorizó también garantizar la participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
«Las acciones desarrolladas incluyeron una amplia revisión normativa y documental, que abarcó el análisis de la legislación nacional vigente en materia de infancia y adolescencia, el estudio de tratados internacionales y documentos del Comité de los Derechos del Niño, así como la revisión de normas de otros países y estudios nacionales. Se identificaron brechas normativas y prácticas, y se elaboraron sucesivas versiones del anteproyecto a partir de espacios de análisis y consulta con expertos. La coordinación interinstitucional fue decisiva para integrar perspectivas sectoriales, evitar duplicidades y promover el proyecto ante tomadores de decisiones y los medios de comunicación.
«Después de 14 meses de trabajo continuo, el 5 de diciembre de 2024 se publicó en el sitio web del Ministerio de Educación el Anteproyecto del Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes. Desde entonces se sucedieron otros meses de intensas labores para incorporar los criterios relevantes derivados de los procesos de consulta, incluidos los intercambios con niñas, niños y adolescentes».
—La elaboración de una nueva Ley supone un estudio amplio de la norma vigente, pero también de similares en la región y el mundo, como se hizo, por ejemplo, con el Código de las Familias… En este caso, ¿qué referentes se tuvieron para llegar al Anteproyecto recién aprobado por el Consejo de Ministros?
—Se tomaron como referencia legislaciones de países latinoamericanos, entre ellos las de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Venezuela, Nicaragua, México y Uruguay, recomendaciones de Naciones Unidas y normas cubanas recientes, como el Código de las Familias. La ley vigente databa de 1978, y desde entonces hasta acá han cambiado profundamente la realidad social, los desafíos que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y los marcos legales internacionales. Era urgente contar con una norma moderna, alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño, coherente con la Constitución de 2019 y el Código de las Familias, y capaz de responder a temas actuales como los riesgos en entornos digitales.
—Ya usted lo ha dicho: fueron muchos meses de consulta a todos los niveles… ¿Cuántas consultas se realizaron y, de ellas, en específico, a las nuevas generaciones? ¿Cuáles fueron los resultados de esos intercambios? ¿Encontró aceptación el proyecto de Código?
—En el proceso de elaboración del Anteproyecto se desarrollaron tres tipos de consultas: la consulta especializada, la consulta pública y la consulta con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las consultas especializadas incluyeron 14 encuentros con organismos, en los cuales se emitieron más de 90 criterios que enriquecieron la propuesta normativa. La consulta pública se realizó a través del sitio web del Ministerio de Educación, que registró más de 1 135 visitas y recibió 89 aportes. En este caso, se destaca la recepción de un análisis técnico por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que brindó una mirada experta desde los estándares internacionales.
«Las consultas con niñas, niños y adolescentes se llevó a cabo fundamentalmente durante las celebraciones del 4 de Abril, día de los aniversarios de la Organización de Pioneros José Martí y la UJC. De acuerdo con los reportes recibidos de las provincias, participaron más de 800 000 niñas, niños y adolescentes, 52 000 maestros y 258 000 familias en diálogos y espacios en los que se generaron opiniones y propuestas al texto legal. Esta fue una experiencia valiosa, marcada por la aceptación general del proyecto y sugerencias concretas que contribuyeron a mejorar el contenido del Código.
«Entre la diversidad de opiniones recogidas en estas consultas emergieron con especial fuerza cinco criterios que se repitieron de manera recurrente en diferentes provincias y niveles educativos: participación y derecho a ser escuchados; entorno digital y protección frente a riesgos en línea; derecho a la vida familiar y corresponsabilidad parental; espacios para el desarrollo integral, así como violencia».
—¿Cuáles fueron los temas más polémicos en los debates? ¿Cuánto de modificación y/o inclusión surgió de las consultas? ¿Se mantiene algo de la norma vigente hoy en nuestro país?
—Algunos de los temas que generaron más discusión fueron la regulación de los temas relativos a juventudes, la clasificación de edades previstas en el Código y que fueron establecidas en la Política, las excepcionalidades para el trabajo de adolescentes; la regulación relativa a adolescentes que cometen conductas tipificadas como delitos y algunos términos como Niñez/Infancias o transgresión social. Muchas de esas inquietudes ayudaron a afinar el texto.
«De la ley anterior se mantienen elementos valiosos como el rol fundamental de las familias en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el establecimiento de deberes individuales, el valor del desarrollo educativo, científico y cultural de las personas jóvenes, entre otros. Todo ello se ha fortalecido con una mirada más actual y garantista».
—¿Por qué un Código y no otra figura jurídica? ¿Hay consenso en la necesidad y el valor de este instrumento jurídico para el presente y futuro?
—Un Código permite reunir de forma sistemática todo el marco legal sobre niñez, adolescencias y juventudes. Esta opción fue la más adecuada para dar coherencia a los derechos y responsabilidades de estos grupos en una sola norma. Si bien consideramos coherente la existencia de una única norma para regular lo relativo a la niñez, adolescencia y juventud —dado que existe una política común para estos grupos etarios y el Gobierno realiza un seguimiento y atención unificados a dicha política—, resultó necesario diferenciar dentro del Código las regulaciones específicas para la niñez y las adolescencias, de aquellas dirigidas a la juventud. Esta diferenciación se justifica en que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la atención a las juventudes responden a objetivos distintos.
«La propia Constitución reconoce que los niños, niñas y adolescentes requieren una protección especial. Las cuestiones relativas a la infancia y la adolescencia responden a la condición particular de las personas en desarrollo, que, si bien son sujetos plenos de derechos, se encuentran en situación de vulnerabilidad por su edad. Esta vulnerabilidad se expresa en las limitaciones para acceder a mecanismos de denuncia, exigibilidad y defensa de sus derechos, así como en las restricciones que enfrentan para participar plenamente en los ámbitos familiar y social.
«Por otro lado, regular los derechos de las juventudes y establecer un sistema de atención que potencie su participación social es también fundamental. Esto permite reconocer a los jóvenes como sujetos activos en la construcción del presente y el futuro del país. Un sistema que fomente su participación asegura que puedan expresar sus ideas, proponer soluciones y formar parte de los procesos de toma de decisiones que les afectan».
—La nueva norma tiene ante sí el gran reto de reflejar los derechos y las perspectivas de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes en Cuba… ¿Lo hace? ¿Están representados y protegidos todos como sujetos del derecho?
—Consideramos que sí, el Código refleja adecuadamente los derechos y las perspectivas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Cuba. La consulta realizada con ellos fue sustantiva: nos permitió confirmar que muchas de las necesidades que ellos reconocen ya estaban incluidas, y también identificar aspectos que debían fortalecerse desde su propia mirada. El texto reconoce que cada niña, niño o adolescente es único y puede crecer en contextos muy distintos, por eso intenta dar respuesta a esa diversidad desde el respeto, la inclusión y la no discriminación.
«Y en cuanto a las responsabilidades de los actores implicados en su desarrollo y bienestar, creemos que uno de los mayores logros del Código es justamente haber definido con claridad los roles y competencias de las familias, las instituciones, el Estado y la comunidad, y superar así la dispersión que existía hasta ahora en algunas áreas».
—Algunos piensan que el Código es más dado a las niñas, los niños y los adolescentes por el antecedente de la Convención de los Derechos de los niños… ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Cuáles son los beneficios que los jóvenes encontrarán en la nueva norma?
—Es cierto que el desarrollo legal de niñez y adolescencia es más amplio, ya que existe un marco internacional más consolidado y una protección reforzada por su condición de personas en desarrollo. Sin embargo, el Código también reconoce derechos específicos de las juventudes. Reconoce su papel como actores estratégicos del desarrollo y sus necesidades particulares en cuanto a empleo digno, salud sexual y reproductiva, participación, educación, vivienda en condiciones de equidad e inclusión y proyectos de vida independientes.
«Además, el Código garantiza derechos, como el acceso a las tecnologías de la información con criterios de seguridad y alfabetización digital y la protección de datos personales y la privacidad. El Código también establece un sistema de atención integral que articula políticas de educación, salud y protección social con un enfoque participativo, en el que las personas jóvenes son consideradas sujetos activos».
Los criterios más fuertes
Participación y derecho a ser escuchados: Valoran positivamente haber sido consultados y recalcaron la importancia de que su opinión sea tenida en cuenta en todas las decisiones que les afecten. Propusieron, además, que este tipo de consultas se institucionalice como práctica habitual.
Entorno digital y protección frente a riesgos en línea: Expresaron gran interés por la protección de sus datos personales, el control del contenido que consumen, la prevención del ciberacoso y la sobrexposición en redes sociales, y reconocen la importancia de estos temas en su vida cotidiana.
Derecho a la vida familiar y corresponsabilidad parental: Subrayaron el valor de crecer en entornos familiares seguros y afectivos, y reclamaron una mayor responsabilidad por parte de madres y padres, especialmente en contextos de abandono o migración.
Espacios para el desarrollo integral: Reconocieron los avances logrados en materia de acceso a la educación y la salud, pero solicitaron una ampliación de los espacios recreativos, culturales y deportivos que contribuyan a su desarrollo integral.
Violencia: Fue uno de los temas más mencionados. Los niños, niñas y adolescentes manifestaron su preocupación por el maltrato físico y sicológico en el hogar y en otros entornos, así como por la violencia entre pares y en las escuelas. Celebraron su prohibición en el Código y solicitaron la implementación de medidas eficaces para erradicarla.
