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Se atendió una matrícula total de más de un millón de alumnos y se garantizó el respaldo financiero en las diferentes enseñanzas. Foto: Enrique González Díaz Autor: Enrique González Díaz Publicado: 22/07/2022 | 12:07 am
El empleo del presupuesto del Estado es reflejo financiero de la voluntad política de nuestro Estado socialista, que en condiciones extremadamente complejas aseguró el sostenimiento de los servicios y programas sociales de la Revolución, afirmó Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios.
En la presentación de la liquidación del presupuesto del Estado del año 2021 ante los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, significó que en ese término los ingresos corrientes financiaron el 90 por ciento de los gastos de esa naturaleza, superior en cuatro puntos porcentuales a lo planificado.
De ese modo, puntualizó, queda demostrada la importancia de seguir incrementando los ingresos al presupuesto estatal, a partir de minimizar los incumplimientos tributarios y generar mayores volúmenes productivos y servicios con eficiencia, que mejoren las ofertas a la población.
Igualmente, Bolaños Weiss destacó que la actividad presupuestada, la cual respalda los gastos y programas sociales, constituyó el 71,3 por ciento del gasto total del presupuesto, lo que sustenta el marcado carácter social del presupuesto.
Añadió que se priorizaron los servicios básicos a la población, en un escenario de contracción de la economía, con especial atención a la Asistencia y la Seguridad social y en los sectores de Salud pública y Educación, que representan el 66 por ciento del total del gasto de la esfera social, que en valores asciende a 124 564 millones de pesos, sin contemplar las tarifas sociomercantiles.
La Ministra subrayó que el presupuesto del año 2021 se liquida en un escenario complejo, cuando persiste el recrudecido bloqueo, la crisis económica mundial producida por la COVID-19 y caracterizado en el país por una elevada inflación. Además, recordó que 2021 fue el primer año de implementación del ordenamiento monetario, cambiario y financiero,
por lo que se reconvirtió el presupuesto en función del impacto de la unificación monetaria y la devaluación de la moneda.
Hay incumplimientos
De acuerdo con el informe presentado a los diputados, en los aportes empresariales (responsables del 85 por ciento de los ingresos del presupuesto estatal) se reportan incumplimientos, fundamentalmente en los impuestos sobre las ventas y las utilidades, y el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, «los pagos más importantes de las empresas y sociedades mercantiles».
En cuanto al impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, el informe precisa que los incumplimientos tienen que ver con las interrupciones laborales a causa de la COVID-19, las más de 217 000 suspensiones de licencias a cuentapropistas y los aplazamientos de pago de las obligaciones tributarias por la situación epidemiológica.
Bolaños Weiss precisó que el año cerró con un déficit fiscal ascendente a 63 696 700 000 pesos, inferior al que fuera aprobado, pero muy alto. Al respecto recalcó que persisten irregularidades en los procesos de ejecución del presupuesto que impactan desfavorablemente en su administración.
Añadió que ello ratifica la necesidad de reforzar las medidas de control y supervisión para la gestión de los ingresos y el uso correcto de los gastos presupuestarios en todos los niveles, para lo que resulta imprescindible fortalecer la actividad de inspección.
La titular refirió también que en 2021 se alcanzaron ingresos brutos por 259 011 millones de pesos, en lo cual inciden los ingresos no tributarios, que incluyen los de carácter extraordinario como efecto de la aplicación del ordenamiento monetario y el sobrecumplimiento imputado por concepto de tarifas sociomercantiles.
En otro momento de su intervención, la Ministra exhortó a transformar las actuaciones de las oficinas tributarias en los municipios en materia de control fiscal, y los convocó a aplicar medidas innovadoras que eleven el rigor en el enfrenamiento a estas nocivas conductas. Además, aseguró que persisten irregularidades en la administración de los recursos presupuestarios, desvíos y hechos de corrupción, así como incumplimientos y evasión en el pago de impuestos por un grupo de contribuyentes.
Efectividad en el control popular
Luego de la presentación del informe varios diputados reflexionaron sobre cuestiones importantes del documento. Néstor Bárbaro Hernández expuso
algunos ejemplos de empresas agrícolas que no pudieron cumplir sus ingresos ni repartir ganancias entre los trabajadores por falta de financiamiento para importar insumos, a lo cual la Ministra de Finanzas y Precios respondió que se siguen valorando esas empresas, pero llamó a analizar la ineficiencia de muchas empresas en la Agricultura.
En tal sentido, el diputado José Ramón Machado Ventura pidió que se analicen bien las acciones que se realizan con esas empresas que no son rentables, pues hay trabajadores que se perjudican en sus ingresos y no son culpables de lo que ocurre, que está determinado por otros factores que debemos terminar de solucionar.
Precisó que hay una comisión que está revisando esa situación y debe depurar bien lo que está pasando, pues es lógico que una empresa no esté diseñada para ser subsidiada. Al respecto, Ana María Mari Machado vicepresidenta del Parlamento, propuso añadir como acuerdo en el dictamen de la Liquidación, que esa comisión presente en la asamblea Nacional el resultado de su trabajo.
Margarita Soroa Valdés, diputada por el municipio artemiseño de San Cristóbal, defendió pasar del discurso a la acción en cuanto al control popular. Destacó la responsabilidad que tienen las asambleas municipales en la labor, pero recomendó hacerla junto al pueblo, que es el más afectado en temas, por ejemplo, de precios.
Ademas, se refirió a los revendedores (cigarros, pollos, picadillos, aceite…), que también están en las redes sociales, a lo cual hay que encontrarle una solución inmediata porque hay servicios a los que el Estado no ha subido el precio. «Nos corresponde a los municipios, a las autoridades, a los delegados, con los factores, enfrentar este tema».
Por su parte, Ana María Mari Machado explicó que hay que buscar un cierre al control. «El combate es popular, pero tenemos que hacer un análisis que evite distorsiones. No se trata del número de las acciones de control, sino de la efectividad de estas y de ese control popular», expresó.
