Profundos análisis para enriquecer nuestra legislación

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, comenzaron este sábado, de modo presencial, las actividades previas al 8vo. Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su 9na. Legislatura, fijado para los días 21 y 22 de este mes.

¿Están contentos? Hace tiempo que no nos reunimos todos, saludó a los parlamentarios, de manera jocosa, el Jefe de Estado al llegar al salón plenario del Palacio de Convenciones de La Habana, y agregó que «el hecho de que estén aquí demuestra que el país se está reanimando».

Al comenzar la jornada Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, agradeció la presencia física de todos los diputados después de dos años de limitaciones impuestas por la propagación de la COVID-19 y llamó a mantener el esfuerzo que ha hecho el país para enfrentar la pandemia.

Igualmente, adelantó que las jornadas venideras serán muy intensas porque cada uno de los presentes tiene el derecho, y deben aprovecharlo, de expresar sus ideas en el debate colectivo que se propicia sobre los proyectos de leyes que serán sometidos a votación en los próximos días y que, de ser aprobados, enriquecerán nuestra legislación.

Ley de los tribunales militares

En un primer momento del debate, los diputados junto a otros invitados centraron sus análisis en el proyecto de Ley de los Tribunales Militares. En el intercambio, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), presentó esta norma jurídica que busca esencialmente continuar con la tradición unitaria entre las maneras de funcionar tanto en el ámbito civil como en lo militar.

Este, además, guarda total sintonía con las leyes aprobadas en la sesión anterior del Parlamento (Ley de los Tribunales de Justicia y Ley del proceso penal), dijo Remigio Ferro, quien especificó que esta nueva ley propone remplazar a la vigente ley que data de 2002, ya que han existido varios cambios en las estructuras militares en los últimos años.

Para llegar hasta aquí, detalló el Presidente del TSP, hubo un debate previo muy enriquecedor con todos los diputados, el Ministerio de Justicia, las universidades y con las estructuras de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Se recibieron para la elaboración de esta ley 28 criterios de los diputados y se aceptaron de ellos 25, mientras que otros organismos se plantearon 29 propuestas y 22 fueron tomadas en cuenta.

Al proyecto inicial, aclaró Remigio Ferro, se le adicionan cuatro artículos, específicamente el artículo 3, el cual precisa que los tribunales militares se atienen a las disposiciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en las cuestiones de orden militar.

Además, se adicionan el artículo 90 y 91 del proyecto actualizado, el que define la democión definitiva y temporal de los magistrados y jueces profesionales militares. En el caso del artículo 115 relacionado con los requisitos, las funciones de los secretarios y trabajadores de los tribunales militares, también se incorpora en el actual proyecto de Ley.

El Presidente del TSP explicó al plenario que se modifican ahora 23 artículos y dos de ellos contienen cambios sustanciales. Entre los principales cambios en el nuevo proyecto destaca sustituir la expresión «instituciones armadas» por «ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior».

Otro de los aspectos reformados, según dijo Remigio Ferro, es que se consigan expresamente los requisitos para ser juez profesional militar, en lugar de remitir a la Ley de los Tribunales de Justicia.

Los diputados examinaron detalladamente cada capítulo de este nuevo proyecto, sobre el cual no quedaron dudas y donde el Presidente del TSP recalcó que se trata de un solo órgano de justicia. Por lo que en nuestro contexto nacional esto tiene una expresión de unidad, concluyó.

Ley del proceso penal militar

Los cambios a la Ley del Proceso Penal Militar tienen como propósito el establecimiento de normas a la altura del «desarrollo alcanzado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias», que eduquen, prevengan y erradiquen los delitos entre militares, según se dijo este sábado en la Asamblea Nacional.

Sobre esta norma jurídica Remigio Ferro destacó que, del análisis previo, se recibieron 31 criterios de los diputados, de los cuales se aceptaron 28, y todas las opiniones fueron conciliadas con sus proponentes. Al referirse a las principales modificaciones, precisó que varía «la parte expositiva del proyecto para la mejor comprensión, así como la sistemática de la Ley».

De manera general, se modificaron 207 artículos, de ellos cuatro sufrieron cambios sustanciales y se uniforma la redacción de la Ley con las leyes No. 140 y 143, Ley de los Tribunales de Justicia y Ley del proceso penal. En el artículo 92, sobre la competencia de los tribunales militares, se transformó la redacción para abarcar otras categorías de efectivos del Ministerio del Interior (militares y combatientes).

De igual forma, en el artículo 104 ahora «se precisa que las cuestiones de competencias (discrepancias sobre a quién corresponde juzgar) entre los tribunales militares, se resuelven por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular», subrayó el Presidente.

En el 289, se adicionan como causa de incapacidad para actuar como perito: ser subordinado del imputado, acusado, tercero civil responsable de la víctima o perjudicado; así como tener parentesco con algunas de las autoridades actuantes.

El proyecto en estudio prevé la posibilidad de la víctima de establecer recurso contra la decisión de archivar las actuaciones (sobreseimiento, artículo 409).

En el debate sobre el texto presentado, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, atendió las inquietudes de los diputados sobre la «voluminosa y compleja ley».

Entre los principales criterios, trascendieron los señalamientos del diputado artemiseño Miguel Enrique Charbonet Martell, quien repasó aspectos puntuales asociados al uso de términos y expresiones del Libro Tercero. Por su parte, Idaliena Díaz Casamayor, diputada por Guantánamo, reconoció que la ley en análisis protege los derechos de este sector apartado de la sociedad civil.

De acuerdo a sus estatutos, la nueva Ley del Proceso Penal Militar se sustenta en los principios del marxismo-leninismo para ofrecer «las más amplias garantías, tanto a la sociedad como a los acusados, de modo que las resoluciones de los órganos militares de justicia sean siempre legales, justas y educativas».

Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo

Un amplio intercambio, abierto y transparente, permitió recibir 271 criterios y aprobar 137 propuestas de un total de 236 recibidas en relación con el proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, sometido a análisis con los diputados. Lo anterior fue revelado por Diana Rosa Suárez Matías, directora jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

Igualmente, enfatizó en la importancia de este diálogo porque esta ley no tiene antecedentes en el país. «Es la primera vez que nos enfrentamos a esto, pues antes teníamos un Decreto-Ley, que data de 1978, y la nueva Constitución y los cambios en la realidad socioeconómica del país demandaban su actualización y elevación en rango jurídico».

Suárez Matías abundó en las principales modificaciones (formales y de contenido) de 55 artículos de este cuerpo normativo y la adición de un nuevo capítulo, a partir de los planteamientos recibidos por parte de los diputados y la población en general.

Uno de los cambios sustanciales se refiere al derecho que se le otorga a la persona que viva en un municipio sin disponibilidad de suelos destinados a la construcción de viviendas, para realizar solicitud de suelo y adquirirlo en otro territorio, incluso de otra provincia.

En tal sentido, explicó que es vital en ese caso la responsabilidad del gobernador en la coordinación con sus homólogos para compatibilizar programas y proyectos que involucren el manejo compartido del territorio.

El proyecto de ley contempla de manera novedosa que la asignación de suelo urbanizado para la construcción por esfuerzo propio corresponda a un consejo provincial y no solamente al gobernador, para lo cual hay que valorar que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente, agregó.

La Directora Jurídica precisó, además, que el catastro es un registro público que facilita y agiliza los trámites de la población relacionados con la legalización de viviendas y otras propiedades, por lo que los organismos regulatorios exigirán dictámenes técnicos que incluyan la medición de la superficie, límites geográficos y otros elementos.

Resaltó que la nueva normativa define las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, los actores que intervienen en estos procesos, el régimen urbanístico del suelo, entre otros asuntos. «Se debe procurar la efectividad de los derechos constitucionales, relacionados con el disfrute de los bienes de propiedad personal relacionados con el suelo, a un medio ambiente sano y equilibrado, a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada.

«Promovemos, también, con este cuerpo legal, la protección y el uso racional de los recursos naturales del país, la preservación del patrimonio cultural y natural, todo ello en estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, mediante políticas públicas y disposiciones», expresó.

Los diputados hicieron varias sugerencias para que la población gane en claridad en cuanto a las normas jurídicas propuestas.Fotos: Maykel Espinosa Rodríguez

Al intervenir en el debate de esta norma jurídica, el parlamentario Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, afirmó que, a partir de las zonas de desarrollo, se deben consensuar las solicitudes de vivienda que deben ser aprobadas.

Mientras, las diputadas Lourdes Caballero, Saray de la Caridad, Belkis María López, Lizette Martínez y Daicar Saladrigas coincidieron en que esta legislación tiene un impacto significativo en la población y que tomar en cuenta sus planteamientos es fundamental para que tenga el éxito deseado.

Específicamente Belkis María López acotó que justamente la población, que debe verse beneficiada con la nueva legislación, debe contribuir a su cumplimiento, y especificó situaciones relacionadas con el vertimiento de los desechos sólidos de manera arbitraria, que requiere de mayor disciplina.

La diputada Mariela Castro sugirió que se evalúe la existencia de un especialista que dictamine —de forma expedita, no burocrática— si determinada modificación en la vivienda afecta o no la estructura, con el fin de evitar la ocurrencia de derrumbes, que tanto dolor dejan en las familias.

Otros cambios planteados por los diputados para el cuerpo normativo también fueron contemplados durante el debate. En tal sentido, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, propuso realizar una reunión de trabajo para analizar todas estas cuestiones, que incluya, además de los redactores, a otros diputados.

Hacia el final del debate, la vice primera ministra, Inés María Chapman, detalló que esta ley es fundamental para el cumplimiento de las normas urbanísticas de ordenamiento territorial y, en este sentido, pone coto a las ilegalidades. Está relacionada con mejorar las condiciones de vida de la población cubana y los espacios públicos de nuestras ciudades, apuntó.

Nueva página web y una aplicación interesante

A partir del próximo mes, la Asamblea Nacional del Poder Popular contará con un nuevo sitio web, según se dio a conocer este sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana, durante las actividades previas al 8vo. Período Ordinario de sesiones del Parlamento en su 9na. Legislatura.

Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, dijo que este sitio web presenta frescura y dinamismo digital, algo que propicia esa interconexión y cercanía con el pueblo. Recordó que su creación estuvo concebida en alianza entre el máximo órgano legislativo del país y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).

Sobre las potencialidades de la nueva página —la cual se propuso con motivo de la celebración de los 45 años de los órganos del Poder Popular—, los diputados conocieron que dará la oportunidad de que cada persona comente en ella, aliviando así los trámites y criterios que anteriormente solo se podían realizar a través del correo electrónico.

Además, se podrá interactuar y conocer más de cerca las leyes, datos pormenorizados referente a todo lo legislativo en el país, así como los miembros y biografía de cada diputado y miembro del Consejo de Estado.

Por su parte, otra novedosa propuesta llegó de la estrecha relación entre la Asamblea Nacional y la UCI. Se trata de la aplicación para dispositivos móviles iLex Poder Popular, la que según se conoció ya está disponible en el sitio web del Parlamento y en la platafoma Apklis.

El líder del proyecto, José Miguel Fabra, explicó que esta se llevó a cabo en un momento donde el país avanza en la informatización de la sociedad. Agregó que está concebida para los delegados, diputados y el pueblo todo, pues estos se beneficiarán a la hora de consultar las leyes que se han ido aprobando, al tiempo que ganarán en cultura legislativa.

Además, en la APK podrán encontrar marcos legales y un glosario de términos jurídicos, al tiempo que hallarán comentarios y contenidos relacionados con las actividades recientes del Parlamento cubano.

Por último, la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, se refirió a la significativa alianza entre los jóvenes y el órgano legislativo para alcanzar estos dos productos digitales e hizo hincapié en continuar potenciando con mayor fuerza la comunicación desde la Asamblea Nacional y de todos los diputados con la sociedad.

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