Nuevas leyes que desarrollan derechos y garantías en el acceso a la justicia

Cuba cuenta con cuatro nuevas leyes que dan paso «a una profunda reforma judicial y procesal en el ámbito de la justicia cubana», tras su aprobación este jueves en el 7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Se trata de las leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Código de Procesos y del Proceso Penal, las cuales fueron presentadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), en consonancia con la disposición transitoria décima de la Constitución de la República y que entrarán en vigor el 1ro. de enero del próximo año.

Al referirse a este trascendental suceso, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, ratificó que las normas —las cuales serán revisadas por una comisión de corrección y estilo antes de su firma y refrendación por el Presidente de la República, para su posterior publicación en Gaceta Oficial— introducen novedades y desarrollan derechos y garantías que estableció la Carta Magna, entre ellos, el acceso a la justicia.

De este modo, expresó, Cuba sigue dando cumplimiento a su cronograma legislativo, fortalece su sistema judicial y su condición de Estado de Derecho, refrendado en el artículo 1 de la Carta Magna. «Todos estos cambios suponen un reto para el conjunto de los operadores del Derecho y los tribunales de justicia. El cumplimiento de estas leyes será objeto de control por la Asamblea Nacional y por los órganos encargados».

Al presentar los proyectos para su aprobación, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, recordó que los textos recibieron una amplia y enriquecedora consulta que contó con la participación de organismos del sector jurídico, universidades, diputados y de la población, quienes emitieron 3 295 criterios. De ellos fueron incorporados a los textos más de 1 200 propuestas, lo cual demuestra el carácter democrático del proceso.

Por su parte, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, significó que «mediante estas leyes, y como desarrollo de los preceptos constitucionales, se precisan y consolidan las garantías al ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos, expresados hoy en leyes vigentes, y se alcanza un notable avance en el perfeccionamiento de la protección de los derechos humanos en nuestra sociedad».

Tribunales imparciales y más cercanos a la población

La Ley de los Tribunales de Justicia sustituirá la Ley 82 del mismo tema, que databa de 1997, y como dijo Remigio Ferro, entre los aspectos más significativos incorporados ahora, «está la ratificación de que los tribunales de justicia tienen entre sus objetivos salvaguardar el orden económico, social y político establecido en la Carta Magna».

Señaló que en ella se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales; se actualizan los principios y garantías de la función judicial, entre ellos el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso; se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan en primera instancia por los tribunales municipales y, además, posibilita la creación de órganos territoriales, cuya competencia se extiende a varios municipios colindantes, detalló.

Al presentar ante los diputados el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la norma de los Tribunales de Justicia, Toledo Santander afirmó que es digno destacar los importantes cambios que esta realiza a la organización de los tribunales en el país.

Además, destacó que la norma precisa la competencia de los tribunales en todas las cuestiones de índole judicial y su autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que la ley le atribuye.

«Es de significar que las formas de elección de los jueces y magistrados que establece su inamovilidad y procedimientos para ser corregidos disciplinariamente, suspendidos o revocados en sus cargos se dotan de las garantías exigibles para ello.

«La nueva estructura que se propone para los tribunales de justicia facilitará un adecuado acceso de las personas a estos, un uso más racional de sus recursos humanos y materiales y una mayor calidad y celeridad en la tramitación de los casos», detalló.

Luego de esta presentación, varios diputados pidieron la palabra para expresar sus opiniones sobre esta ley. La guantanamera Dalia Expósito aseguró que esta ha sido el resultado de un gran ejercicio de pensamiento y de creación colectiva.

Es válido que incorpora aspectos como la política de calidad de los procesos judiciales, la transparencia judicial apegada al debido proceso y los valores institucionales del sistema judicial cubano, dijo, y añadió que «el personal que labora en los tribunales se encuentra en condiciones de enfrentar su trabajo con estos nuevos aspectos».

La diputada Julia Dolores Cabrera, de La Habana, expresó su duda acerca de la elección, desde los municipios, de los jueces legos. En ese sentido, el Presidente del TSP, recordó que estos constituyen una forma de participación directa del pueblo en la impartición de justicia, lo cual caracteriza a nuestro sistema y por ese motivo son electos desde los territorios.

El secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta Álvarez, explicó que en Cuba el hecho de que participe el juez lego es una garantía de nuestro sistema porque significa la participación popular, junto al juez profesional. «Esa es la trascendencia de lo que estamos aprobando aquí, por eso Cuba se pone a la vanguardia de la administración popular de justicia, con respecto al mundo».

En tanto, el diputado Joaquín Miguel Bernal Rodríguez apuntó que «el juez revolucionario cubano hace todo lo que deba en busca de la justicia; no es un juez pasivo, y ahora la ley lo refleja con mayor fuerza», expresó, a la vez que aseveró que nuestros tribunales tienen oficinas de atención a la población, donde se escuchan opiniones, denuncias, inquietudes….

Ante la duda de la diputada granmense Caridad Molina Rondón acerca de si una ama de casa puede ser juez lego, Remigio Ferro respondió que hay una presencia tremenda de amas de casa y jubilados que son jueces legos. «Lo que hace falta es que tenga prestigio social para que pueda participar con transparencia», manifestó.

Juicio oral como un acto público y contradictorio

Al presentar el proyecto de Ley de proceso penal, el Presidente del TSP, comunicó que a partir de su entrada en vigor se introducirán importantes modificaciones en la tramitación y solución de los procesos penales, haciéndolos más dinámicos y transparentes en total sincronía con nuestra Constitución y con los instrumentos internacionales.

Mencionó entre las novedades que propone la norma jurídica el fortalecimiento del respeto de los derechos y garantías de los acusados y víctimas, la existencia de procesos judiciales más garantistas e inclusivos y la ratificación de la robustez de Cuba como Estado socialista de derecho y de justicia social.

Toledo Santander, al dar lectura al dictamen, alertó que lo más trascendente resulta el establecimiento del juicio oral como un acto público y contradictorio que se desarrolla de manera concentrada e ininterrumpida, para, luego de una libre apreciación de las pruebas, arribar a la sentencia.

Igualmente, agregó que estas leyes van a estar informadas por tres principios cardinales: ofrecer las garantías necesarias tanto a los inculpados como a la sociedad, de modo que las sentencias resulten justas, eficaces y educativas; concretar las actuaciones y el juicio oral para el logro de una justicia pronta, sin merma de ninguna garantía; y simplificar los recursos de modo que sus sustanciación y resolución no sean obstaculizadas por requisitos puramente formales.

«La Ley de proceso penal que se nos presenta regula elementos relacionados con la legalidad de la privación de libertad, la asistencia letrada desde el inicio del proceso, la pretensión de inocencia, el trato digno y la prohibición de la violencia o coacción en el desarrollo del proceso.

«Además, establece el derecho a la no autoincriminación, la información sobre la imputación en su contra, el juzgamiento por tribunal prestablecido legalmente y mediante leyes penales previas, la garantía a la no incomunicación, la protección a las víctimas», acotó.

Al intervenir en el plenario, varios diputados expresaron sus criterios en los cuales se reconoció que la nueva norma está a la altura de la ética que requieren estos tiempos. También destacaron que se trata de una norma jurídica que coloca al ser humano en el centro, sobre todo en la protección de la víctima y la exigencia por la realización del debido proceso.

María Armenia Yi Reina, diputada por Holguín, expuso que la nueva norma da continuidad al espíritu de la Carta Magna, en la que se destaca el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad y la paz. Mientras, la diputada por Santiago de Cuba Marta del Carmen Mesa significó que es un paso más hacia ese Estado de derecho y de justicia social al que se aspira.

Por su parte, Jorge González Pérez, diputado por La Habana, ponderó la extraordinaria labor científica aplicada para la elaboración de esta ley, con la cual se actualiza el sistema judicial, pero con la característica cubana. También opinó sobre esta norma el diputado Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, quien resaltó que es mucho lo que deberá explicarse al pueblo para que se conozcan los postulados de esta norma y puedan exigir que se aplique adecuadamente.

Nuevamente los diputados tuvieron la oportunidad de emitir sus opiniones acerca de los cuatro textos que recogen lo más moderno y novedoso en la práctica judicial. Foto: Tony Mena Hernández/Asamblea Nacional

Frente a la actuación administrativa

Al abordar el tema de la Ley del Proceso Administrativo, Remigio Ferro precisó que por su alcance se decidió sacarla como una norma independiente. Además, detalló el propósito de esta de regular los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones que se presenten ante los tribunales en relación con los actos, actuaciones materiales y omisiones inapropiadas de la administración pública, así como la responsabilidad de esta por los presuntos daños o perjuicios.

«La norma propuesta introducirá importantes modificaciones en esta materia, al hacer los procesos más accesibles e inclusivos; a la vez, su alusión propiciará un fortalecimiento de la calidad y responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas», expresó.

Por su parte, Toledo Santander destacó que nunca antes en Cuba un proyecto de legislación procesal administrativa había contemplado las garantías judiciales frente a la actuación administrativa de la forma que lo hace esta regulación para los derechos de las personas, el interés público y la propia gestión administrativa del Estado.

Apuntó que con esta norma jurídica se instaura un proceso que se ajusta a las exigencias actuales de la justicia a tenor de nuestro texto constitucional vigente, resultando una disposición normativa pertinente, novedosa y ajustada a los reclamos de nuestra sociedad.

Igualmente, señaló cómo en ella se regula el proceso administrativo de forma autóctona, en una norma independiente, lo cual corresponde a las peculiaridades procesales que lo distinguen y a los derechos e intereses legítimos que, a través de él, se protegen.

El diputado señaló que la norma que se propone posiciona el proceso administrativo como un instrumento jurídico para conocer con mayor amplitud y diversidad las controversias en relación con el funcionamiento administrativo público y se amplía la competencia de los tribunales en materia administrativa.

En tal sentido, el diputado por La Habana Ariel Mantecón Ramos considera que esta «es la ley más retadora que vamos a poner en práctica, porque implica a todas las personas, pues de alguna manera todos interactuamos con la administración. La Ley tiene un impacto sustancial en la manera en que interactuamos con las administraciones, y constituye un reto saldar esa deuda en los servicios públicos en atención a la ciudadanía».

Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, agregó que esta es una ley que fortalece nuestro Estado socialista de derecho y de justicia social, fomentando un ambiente de legalidad y control. «Consideramos que es imprescindible cumplir bien las normas jurídicas establecidas y no admitir nunca lo mal hecho. Por ello, nuestros abogados deben lograr mayor disciplina ante los tribunales».

Dinamizar los procesos judiciales

Al presentar el proyecto de Código de Procesos ante los diputados, el Presidente del TSP destacó que la nueva norma se basa en el capítulo referido a los derechos y deberes de las personas que están presentes en la Constitución de la República y fueron también referentes las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular al Tribunal Supremo Popular durante su rendición de cuentas al máximo órgano de Gobierno del país.

Detalló que la norma propone tipos estandarizados de procedimientos para el Derecho civil, de las familias, mercantil y del trabajo y seguridad social, lo cual permite hacer más fácil el trabajo, pues aunque se operan en diversos procesos pueden tener una dinámica operacional común.

Otra novedad es que se incrementan las posibilidades de acceder a procesos legales
situaciones que no tenían antes esa posibilidad. De esta manera temas vinculados con la disciplina laboral, en materia mercantil y otros referidos a la convivencia, pueden llevarse a los tribunales por parte de las personas naturales y jurídicas para buscar una salida a sus problemas.

Por su parte, Toledo Santander, al presentar el dictamen del proyecto del Código de Procesos significó que se trata de una norma jurídica que desarrolla las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y debido proceso contenidas en la Carta Magna.

«El proyecto propone unificar la forma de proceder para los asuntos civiles, familiares, mercantiles y del trabajo y la seguridad social, al establecer dos modalidades básicas similares para la tramitación de todos los asuntos de estas materias, el proceso ordinario y el proceso sumario, al eliminar así la diversidad de tipos procesales que prevalecía con anterioridad y facilitando el trabajo de las partes y del tribunal en el manejo de los asuntos, con lo cual se agiliza la impartición de justicia», destacó.

Igualmente, destaca el dictamen que entre los cambios sustanciales de la ley se favorece que una cantidad considerable de asuntos sean resueltos por los tribunales municipales, con derecho a un recurso de apelación ante el tribunal provincial, y si bien con ello se logra una mayor aproximación al pueblo en la tramitación de los asuntos, impone a los directivos de los tribunales una especial atención a la actividad que se desarrolla en esa instancia.

Toledo Santander resaltó el nuevo tratamiento que se propone para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, el cual amplía las razones por las cuales una sentencia puede ser impugnada ante el máximo órgano de justicia, favoreciendo el control ante violaciones de las garantías esenciales consagradas en la Constitución.

Al intervenir en el debate, José Alexis Guinarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas, manifestó que en los contenidos de este Código se ofrece una respuesta adecuada para la resolución de los conflictos en la vía legal, a la vez que refuerza la seguridad jurídica y la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Mientras, Juan Mendoza, profesor de la Universidad de La Habana, resaltó el papel de la ciencia en este proceso y cómo las investigaciones realizadas han sido aspecto clave en la formulación de los proyectos.

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