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La cancillería informó que sus servidores fueron atacados desde 34 IP las que generaron 10 000 accesos simultáneos cada una de ellas Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:33 pm
Los días 9 y 11 de julio fueron deportados hacia nuestro país dos grupos de ciudadanos cubanos, integrados por 29 y 46 personas respectivamente, quienes se encontraban de manera ilegal en el territorio de Ecuador. El traslado se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, respetándose las garantías procesales establecidas para estos casos.
A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, las autoridades cubanas competentes procedieron a realizar el pesquisaje de control sanitario internacional establecido, y acto seguido se efectuó el traslado de la totalidad de estas personas hacia sus provincias de origen en el territorio nacional.
La deportación de estos ciudadanos cubanos se realizó con total apego a lo establecido en la legislación de ambos países y en las normas internacionales vigentes para este tipo de situación, con el objetivo fundamental de garantizar un flujo migratorio ordenado, regular y seguro, al tiempo que responde al compromiso de evitar que seres humanos indefensos se conviertan en víctimas de traficantes de personas, reportó Cubadebate.
Es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos y la política migratoria, conformada en las últimas décadas, la situación creada con los migrantes irregulares cubanos en la región, quienes inicialmente viajaron al exterior de manera legal, cumpliendo todos los requisitos establecidos por nuestras regulaciones migratorias, para posteriormente iniciar un periplo irregular alentados por la Política de «Pies Secos-Pies Mojados», el «Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos» y la Ley de Ajuste Cubano, las cuales confieren a nuestros ciudadanos un tratamiento selectivo y único en todo el mundo, al tiempo que constituyen una violación a los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países.
Dicha política resulta incongruente con el actual contexto bilateral, impide la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos y crea problemas a otros países, al mismo tiempo que discrimina al resto de los migrantes, incluidos menores, quienes en la frontera de los Estados Unidos sufren maltratos y represión antes de ser deportados masivamente.
La Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior ratifica que los ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a Cuba, al tiempo que reafirma el compromiso de su gobierno con una emigración legal, segura y ordenada.
