SANTA CLARA, Villa Clara.— El sistema más infalible para el cobro de multas corresponde al establecido para las infracciones de tránsito, pues nadie puede evadir pagarlas. Simplemente cuando se les vence los plazos le retiran la licencia de conducción. En esta provincia se impusieron más de 19 800 en los últimos 11 meses.
Pero también abundan los morosos: desde enero hasta noviembre último fueron detectados en la vía 197 choferes a quienes se les había vencido el término para efectuar el pago. En el acto se les retiró el permiso, cuya restitución implica, después de pagar los haberes por las violaciones cometidas, una sanción adicional de suspensión de la licencia entre uno y tres meses.
Del total de las multas referidas en el primer párrafo, impuestas a choferes, ciclistas, peatones y conductores de vehículos de tracción animal, con carácter de pago fueron 17 646, y 2 218 preventivas, las cuales conllevan la explicación sobre la contravención cometida. Estas últimas, aunque están excluidas de remuneración, si se registran con los puntos que corresponden, de acuerdo a la infracción, en el expediente de cada uno de los choferes.
Según la mayor Basilia García Agüero, oficial de la Dirección de Tránsito en la provincia, las transgresiones más frecuentes resultan no atender el control del vehículo, no respetar la señal de Pare, exceso de velocidad y adelantamiento indebido.
García Agüero precisó que también aplicaron 3 740 veces al Decreto-Ley 193, que pena con sanciones de hasta 500 pesos a responsables de tener animales sueltos o amarrados cerca de las vías y a los que circulan con deficiencias técnicas en los automotores. Igualmente impusieron el Decreto-Ley 141-71 a 2 571 personas que conducían sin contar con la licencia.
A diferencia de otros sectores, este de cobro de las infracciones de tránsito resulta invulnerable, porque, sencillamente, si no pagan se quedan sin licencia.
Puede parecer obvio pero cientos, para no decir miles de multas caducan sin que los infractores suenen la contadora, lo cual desacredita a las instituciones encargadas de proteger y exigir por la legalidad.
La causa de lo anterior es el vencimiento del término de un año para saldarlas a pesar de existir mecanismos legales para evitarlo, en los que están implicadas las empresas y los órganos que imparten justicia.
El enrevesado procedimiento, que debe seguir la Oficina de Control y Cobro de Multas, falla, muchas veces, porque los inspectores no piden el carné de identidad e, incluso, los infractores ofrecen datos falsos y hasta alegan no portar el documento. A ello se suman imprecisiones en las direcciones cuando la multa se impone a la persona fuera de la localidad donde reside.
Los impagos son considerables pese a ciertas facilidades existentes para saldar las cuentas: en el caso de los trabajadores, descuento mensual de acuerdo con el salario, y si no fuera empleado estatal puede acogerse a un convenio para abonar una cuantía cada mes. Pero esta constituye una problemática que persite en el país.