Leonardo Soto Romero, vicepresidente del Consejo de Administración Provincial. Autor: Yahily Hernández Porto Publicado: 21/09/2017 | 05:24 pm
CAMAGÜEY.— Que el país no tiene dinero a manos llenas, se sabe. Lo que parece no asimilarse adecuadamente es que aquel con el cual se cuenta debe invertirse eficientemente, en función de vigorizar la vida económica, política y social en el más breve plazo posible.
Como en una familia con dificultades financieras, la nación debe pensar muy bien dónde y por qué poner su dinero, y en qué tiempo ello se revertirá en beneficio. Eso que a simple vista parecería una verdad incuestionable, no parece estar muy claro en el entramado institucional, dentro del cual no pocas veces los montos inversionistas parecen despeñarse por una cascada de improvisación, pese a las críticas que sobre este tema se han realizado en los últimos años.
La fórmula es demasiado sencilla como para no entenderla. Si falla la ejecución del plan inversionista, lo hace también el plan de la economía nacional, y en consecuencia lo que se está hipotecando es la más rápida recuperación de esta.
Solo en el año 2011 dejaron de ejecutarse 48,1 millones de pesos en la provincia de Camagüey, como resultado de improcedentes estudios de factibilidad o escasa planificación en la etapa de preinversión que debió desarrollarse desde el 2010, reconoció Jesús Rouco Abreu, subdirector de Inversiones en la Dirección Provincial de Economía y Planificación.
Lo lamentable es que pese a todas las advertencias, de un año a otro se heredan parecidas deficiencias, pues hasta el pasado mes de julio se acumulaban más de 56 millones de pesos del plan de inversiones sin ejecutarse y por ello, sin cumplir el propósito que el país les asignó en la recuperación de la economía agramontina, según análisis económico inversionista de esta provincia, reflejado en el informe del Cumplimiento de su plan de inversiones en igual fecha.
Ambas pérdidas financieras tienen su origen en la no realización con calidad y en tiempo de la etapa preparatoria de cada obra, que implica tres momentos importantes: los minuciosos estudios y proyectos que fundamentarán la futura inversión y su implementación, construcción y montaje, y el equipamiento que demandará para salir adelante.
Seguir la línea de los lineamientos
El congelamiento de esos montos inversionistas niegan el espíritu del Lineamiento 287 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en el cual se precisa que hay que continuar perfeccionando la elaboración del balance de la capacidad constructiva del país, por su importancia como instrumento en la planificación eficiente de las inversiones y de los recursos asociados a ellas.
«Si el país decidió hacer una inversión, ese territorio debe responder con la ejecución de ese dinero, porque para eso se priorizó por encima, muchas veces, del resto de las necesidades económicas similares existentes», sostiene el Subdirector de Inversiones camagüeyano.
Este especialista sustenta que la economía cubana no puede admitir retrasos en la ejecución de sus inversiones y, por lo tanto, donde no se lleven a término, no podrán invertirse más recursos.
Dicho así, parecería una buena solución práctica, pero lo que quedaría en el fondo es que si el territorio no ejecuta las inversiones de manera eficiente se pierden futuras oportunidades que repercuten en el desarrollo y crecimiento económico y social, porque ni se generan nuevos valores materiales, ni fuentes de empleo, ni servicios.
Para ejemplificarlo el directivo mencionó el dilema de la Fábrica de cemento 26 de Julio, en el municipio de Nuevitas, pues se mantienen en el congelador 388 600 pesos sin ejecutarse. La interrogante es obvia: en vez de ganar la economía ¿cuánto perdió?
Esa entidad de subordinación nacional, perteneciente al Ministerio de la Construcción, tiene un lamentable arrastre de ineficiencia en la ejecución de sus inversiones desde 2011, y en el corriente los síntomas parecen repetirse, pues hasta el mes de julio, de los montos aquí señalados, no había ejecutado ni un solo peso, según el documento del Cumplimiento del plan de inversiones hasta julio 2012.
Rudy García, director de esta entidad, expresó que la causa principal de esa situación es la demora en el proceso de importación de un filtro de manga de un molino de cemento por parte de la comercializadora Imeco.
El directivo subrayó que se ha chequeado todo este proceso, pero que aún no hay una respuesta, y consideró que los mecanismos de la comercialización dilatan demasiado el proceso de importación del equipamiento, que además es muy costoso para el país.
Con la misma piedra
Parece que nuevamente millones de pesos que el país hubiera podido usar en importantes propósitos, no alcanzarán el fin para el que fueron destinados en Camagüey.
Según se refleja en el informe del Cumplimiento del plan de inversiones de la provincia, hasta el mes de julio se cumplía únicamente el 39 por ciento de lo aprobado para el año. De un plan de 292,2 millones de pesos se ejecutaban hasta ese momento 113,9 millones.
Incluso, para ese momento, revelaba el mencionado texto, existían organismos que no habían invertido un solo peso de los que recibieron en su presupuesto de inversiones. Entre estos se contaban la Fábrica de cemento de Nuevitas, las empresas de Locomotoras y de Bebidas y refrescos (Ember), el Molino de piedra de Palo Seco y la empresa Pesca Camagüey (PescaCam). Otros mostraban muy baja ejecución como Azúcar Cuba (AzCuba), Vagones, Fundición, Productos lácteos y el Grupo empresarial de la construcción (Gecons).
Un peso esencial en el desfasaje entre el plan de inversiones y su marcha lo tienen las demoras en la compra de equipos, consideradas como el elemento más comprometido de la provincia. El texto mencionado evidencia que de los 92 838,7 millones de pesos destinados para equipos en la provincia de Camagüey, hasta el pasado mes de julio se había ejecutado solo el 20 por ciento.
Tal desajuste inversionista, así como sus causas, fueron reflejadas a este diario por los directivos de algunas de las entidades subrayadas como muy rezagadas.
«Realmente nuestro programa inversionista no ha marchado con agilidad y la mayor complicación ha estado en la inversión de la máquina de picadillo, para el consumo de la población y para la elaboración de productos de la pesca», informó Jesús García Collazo, director de PescaCam.
El funcionario comentó que la inversión que correspondía al año 2011, al no concluirse en tiempo, fue transferida a 2012, pero aún al cierre de julio continuaba sin ejecutarse. «La empresa hizo sus trámites como responsable principal de su inversión, pero cuando el Grupo inversionista del Ministerio de la Industria Alimentaria fue a hacer la compra de la tecnología hubo dificultades con la tramitación en el banco extranjero y esta no pudo realizarse».
Collazo agregó que «no se aceptaron los instrumentos de pago que presentó Cuba para esta compra-venta de tecnología, lo que originó el retorno de todo el proceso inversionista, así como la búsqueda de instrumentos financieros que permitieran el pago de la máquina. Las acciones para solucionar esto —afirmó— se dilataron tanto que el proveedor, ante la demora, desistió de vendérsela a Cuba.
«Finalmente, el pasado 1ro. de agosto se informó a través del Ministerio que el problema financiero y de tramitación se destrabó y se dispuso adquirir la tecnología, la que está en proceso de compra», explicó.
El funcionario sugirió que «es evidente que desde la empresa base en los territorios, hasta la máxima estructura en el Ministerio, deben estudiarse con minuciosidad los diferentes mercados, para no perjudicar las negociaciones».
Sumó que «actualmente son muy lentos los trámites para las negociaciones y eso hay que superarlo si queremos inversiones en tiempo y de calidad».
Más de los mismo
Una mirada reflexiva del asunto inversionista revela que en este territorio no es solo PescaCam quien posee dificultades que traspasan la geografía agramontina, sino que al escenario desfasado en la no ejecución de su montos financieros para inversiones se suman las unidades empresarial de base (UEB) Taller de locomotoras, Vagones y Fundición.
Los máximos representantes de este trío de entidades pertenecientes al Ministerio de Transporte (Mitrans) en Camagüey refirieron contar con el financiamiento oportuno, pero…
Por ejemplo, para Manuel Matos Barreiro, director de la UEB Taller de locomotoras, el principal freno se limitaba «a la insuficiencia de recursos para acometer la inversión, porque la empresa no había encontrado aún los proveedores».
Para Roberto Gómez Lamorú, director de la UEB de Fundición, algo similar ocurría en su entidad, solo que en esta prevalecía la falta de fuerza de trabajo.
«La fuerza de trabajo se ha movido hacia otras obras en fase también de inversión, además del transporte para la extracción de materiales, y se suma la afectación que se originó en un campo de vías al que hubo que levantarle la nave de mantenimiento industrial, lugar donde se desarrolla la inversión fundamental de esta institución».
Gómez Lamorú agregó que existen problemas con los proveedores. «No todos los materiales que la constructora necesita para asumir la inversión los tiene en existencia y estos son fundamentales, porque a pesar de concluir el primer semestre del año, la inversión se recuperaría si se contara con los recursos», consideró.
En la UEB Vagones la cuenta inversionista no varía. Abelardo Martínez Cuesta, director de esta entidad, dijo que los laminados tan necesarios para llevar a término el proceso inversionista aún se encuentran en el exterior del país, y hasta fin de año no estarán a disposición de la entidad, y que igual dosis de atraso existe con la carpintería de la ejecución.
Por suerte no todos los escenarios inversionistas agramontinos son iguales. Uno que en Camagüey marcha junto al dios Cronos es el del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Su delegado, Irvim de la Victoria Gómez, insistió en que para lograr inversiones en tiempo y con calidad hay que vigilar muy de cerca la etapa de la preinversión, elemento no siempre seguido «al pie de la letra» por los responsables.
«El tema de los proyectos y preparación de las futuras inversiones es determinante, porque no solo asegura los recursos que exigirá la inversión, sino cómo demandar en caso de atrasos a los responsables; por eso es muy importante conocer al detalle los contratos de una inversión», aseguró.
El dirigente hizo énfasis en la importancia de la unidad de los factores para lograr este objetivo. «Se trabaja integrando esfuerzos en función de la inversión, del objetivo común de todo el sector».
Y la fórmula del INRH bien pudiera servir de espejo para muchos ejecutores, directivos e inversores, pues durante los últimos tres años su proceso inversionista supera los 40 millones de pesos.
Efecto dominó
En las inversiones puede ocurrir como en el dominó. Si cae la primera ficha lo que sigue es una caída en cadena. Los expertos dicen que la inversión precisa de una secuencia de acciones, en la que hay que respetar cada una de las etapas, pues si falla una se perjudica el buen desempeño de todo el engranaje.
Para que el mecanismo esté rigurosamente ajustado, Camagüey estableció un sistema de capacitación de ejecutores e inversionistas de organismos y empresas con el objetivo de prepararlos en todo lo dispuesto en la Resolución 91, que incluye la etapa preinversionista y de preparación técnica, informó Leonardo Soto Romero, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial. Sin embargo, no todo se resuelve dentro del territorio.
«Se requiere de una gran planificación y reordenamiento, para lo que muchas empresas de subordinación local y nacional del territorio aún no están preparadas», reconoce.
Para ejemplificar explica que muchas de las inversiones tecnológicas, que no dependen precisamente de esta provincia, se pronostican y calculan desde los ministerios responsables para el último semestre del año, pero por lo general dichas inversiones no se cumplen o no se ejecutan, aunque estén inscriptas en el plan de la economía.
«Es vital que cada ministerio planifique sus inversiones en equipamiento desde que comienza el año, y no en el segundo semestre de este, como ocurre actualmente», enfatizó.
Si se actuara de esa manera —apuntó el directivo—, los responsables contarían con más tiempo para la ejecución de su presupuesto y búsqueda de soluciones.
El funcionario explicó que el país se transforma y sustenta su actual proceso inversionista sobre fundamentos que implican un elevado rigor jurídico y económico, y que determinan las responsabilidades individuales de suministradores, proyectistas, constructores e inversionistas, y jerarquizan el papel del contrato en el desarrollo del proceso.
Contra los lastres
Aún existe un largo trecho por recorrer en Camagüey si se aspira a inversiones ejecutadas en tiempo y con calidad. Eso opina Willian Sarduy Funes, director adjunto en la Delegación Provincial del Ministerio de la Construcción (Micons).
«El atraso es marcado en los estudios de factibilidad en varias instituciones. El Micons en la provincia ha identificado esta problemática como una de las principales causas de los aplazamientos e inejecución de obras», reveló el también ingeniero civil con cerca de 20 años de experiencia en este sector.
«Hay que exigir el cumplimiento estricto del cronograma que implica estos estudios, el cual se conforma con un año de antelación, porque en este se confeccionan los estudios de factibilidad, se tramitan la microlocalización de la obra civil, los permisos o licencias de construcción y ambiental, y se contratan y ejecutan los proyectos por entidades proyectistas.
«Quien viole este paso fundamental origina atrasos en la ejecución. Se crea un desbalance en la capacidad constructiva —en equipos y fuerza de trabajo— de las empresas que en una época del año no tendrán obras para ejecutar y en otra se acumularán.
«Surge entonces un cuello de botella, porque la empresa constructora con sus medios y fuerzas no cubre esa demanda acumulada y el territorio también comienza a incumplir.
«En 2011 el Micons dejó de ejecutar en Camagüey cerca de tres millones de pesos, que correspondieron a 11 inversiones del territorio. Y en este 2012 enfrentamos problemas similares, porque se aprobaron obras que no tuvieron el ciento por ciento de su documentación, lo que implica, incluso, que algunas no tengan garantizados los suministros que respaldarán su ejecución, como la Reparación y mantenimiento de los caminos arroceros, y la Ampliación de los depósitos de alcohol del Ministerio de la Industria Básica.
«Para 2013 se repite igual dosis de contratiempos, porque hay inversionistas que no han logrado incorporarse al proceso que lleva el país, y se han presentado tardíamente a la firma de las conciliaciones, lo que pone en riesgo la ejecución de su inversión, porque podrían quedarse fuera del balance de la capacidad constructiva de la entidad ejecutora».
Y con todos estos desajustes se incumple el Lineamiento 116 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que establece que «las inversiones fundamentales a ejecutarse en el territorio nacional responderán a la estrategia de desarrollo de la nación cubana a corto, mediano y largo plazos, erradicando por completo la espontaneidad, la improvisación, la superficialidad, el incumplimiento de los planes, la falta de profundidad en los estudios de factibilidad y la carencia de integridad al emprender una inversión».