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A continuación transmitimos la siguiente información, que con el título «Concluso para sentencia el juicio por los hechos ocurridos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana», publica este lunes el periódico Granma:
Entre los días 17 y 22 del presente mes, los principales implicados en los hechos ocurridos en enero del pasado año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, fueron juzgados por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de esta capital por los delitos de Abandono de Menores, Incapacitados y Desvalidos, y Malversación.
El Fiscal en su acusación, en el acto del juicio oral y público solicitó para el director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, los vicedirectores de las áreas de Psiquiatría, Clínico-Quirúrgica, Enfermería y Administrativa, y la especialista principal de dietética, sanciones de privación de libertad que discurren entre 6 y 14 años.
A los restantes acusados que laboraban en el área administrativa se les solicitaron por el delito de Malversación sanciones de privación de libertad en un rango de 10 a 12 años.
El Tribunal examinó 70 testigos y peritos del Instituto de Medicina Legal y el Laboratorio Central de Criminalística, además de numerosas pruebas documentales. Durante más de 12 horas diarias se debatieron y contrastaron estas pruebas en las sesiones del juicio.
En una de las sesiones fue presentado un informe especial sobre resultados de la investigación realizada por la Comisión Nacional creada por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para investigar y dictaminar las causas y condiciones que generaron las muertes ocurridas.
La Comisión estuvo integrada por 35 investigadores de un alto nivel científico que, en su conjunto, representaron a un grupo importante de profesionales de 14 especialidades, incluidos clínicos, intensivistas, médicos generales integrales, patólogos, administradores de salud, epidemiólogos dedicados a la infectología, nutricionistas, antropólogos, bioquímicos, geriatras, psiquiatras, farmacéuticos, logísticos y otros.
El Fiscal sostuvo en su acusación que la dirección del hospital, a pesar de contar con experiencia, conocimientos y la existencia de recursos en sus almacenes, no adoptó todas las medidas adecuadas de protección individual y colectiva de los pacientes para disminuir el impacto que podía ocasionar la entrada del frente frío el día 9 de Enero de 2010, acompañado de muy bajas temperaturas, tales como incrementar la asignación de ropas, sábanas y colchas a los pacientes; amortiguar la entrada de aire frío a las salas con problemas estructurales tapando las ventanas y puertas de las áreas desprotegidas, o reagrupar a los pacientes en salas con mejores condiciones.
De igual manera el Fiscal insistió ante los jueces en que los principales responsables de la desprotección, tampoco reorganizaron ni reforzaron los recursos humanos del propio hospital, a fin de darles la necesaria protección a los pacientes de mayor riesgo con servicios especializados, tanto médicos como de enfermería.
La Fiscalía alegó que los implicados conocían que en el período invernal se produce un incremento de fallecidos por enfermedades respiratorias, se evidenció la falta de compromiso de la Dirección ante esta situación, lo que provocó insuficiencias en el cuidado de los pacientes.
El representante de la acusación puso de manifiesto que en los días de los sucesos se comprobaron incumplimientos de los directivos del Hospital relacionados con aspectos establecidos en el Reglamento General de Hospitales, en lo concerniente a la organización, cumplimiento, control e integración del trabajo asistencial, entre los que se destacan la no realización de entrega de guardias los fines de semana; la designación como Jefe de Guardia Superior del Hospital a compañeros que no forman parte del Consejo de Dirección, ni disponen de la capacidad para la toma de decisiones; y no garantizar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los cuadros y dirigentes.
La acusación explicó que los mencionados incumplimientos permitidos, tolerados y cometidos por la Dirección del Hospital, contribuyeron a los sucesos ocurridos.
Sostuvo que el Hospital recibía una asignación total de alimentos por 2 458 camas, estando ocupadas sólo como promedio 1 484, que garantizaba los componentes nutricionales básicos para sus pacientes, por lo que no se justificaba el cuadro encontrado en la evaluación clínica realizada, que revela signos positivos de desnutrición y un elevado número de diagnósticos de anemia y niveles deficientes de vitaminas.
El Fiscal le expresó al tribunal que el incumplimiento de las normas y procedimientos del control interno y de las regulaciones del MINSAP por una parte de los acusados, favoreció la malversación de recursos destinados fundamentalmente a la alimentación de los pacientes, así como otros productos de vestuario y lencería asignados para su protección.
Por los hechos expuestos la Fiscalía concluyó que la Dirección del Hospital no actuó en correspondencia con la situación creada, ni se tomaron las decisiones pertinentes para las que están facultados. Dejaron de cumplir ante sus pacientes con la responsabilidad que el Estado puso en sus manos.
Desde que se conocieron estos sucesos, y sin escatimar esfuerzos técnicos ni humanos, se inició una difícil y dolorosa búsqueda de la verdad, que toca en lo más hondo la sensibilidad de cada cubano, al producirse en el seno de un sector que es orgullo y baluarte de Cuba y de muchos países del mundo, donde cada día los trabajadores de la salud dan muestras inequívocas de su humanismo, entrega y solidaridad con los más desposeídos.
Fue el Presidente de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, el Doctor en Ciencias Médicas Miguel Ángel Valdés Mier, quien al concurrir como perito a una de las sesiones del juicio, expresó que a raíz de estos penosos sucesos había sentido "un intenso dolor " por las muertes ocurridas y porque habían sido tomadas de pretexto para intentar desprestigiar "una de las conquistas más hermosas de la Revolución ".
Los integrantes del equipo de abogados que asumieron la defensa de los inculpados, manifestaron públicamente en el juicio que en su desempeño contaron con las garantías para el ejercicio de sus funciones y en sus descargos expresaron los argumentos en favor de sus defendidos, así como consideraciones de carácter técnico referidas a los cargos imputados en contra de sus representados.
El Presidente del Tribunal declaró el juicio oral y público, concluso para sentencia.
