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Un joven cubano deposita su boleta en la urna de la circunscripción 21, del Consejo Popular Latinoamericano, en el municipio del Cerro. Autor: Juan Moreno Publicado: 21/09/2017 | 04:56 pm
Tal como establece la Ley Electoral cubana, a las siete de la mañana de este domingo, 5 900 colegios electorales en todo el país abrirán nuevamente sus puertas para que más de 1 500 000 ciudadanos ejerzan su derecho constitucional de elegir en segunda vuelta a su Delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular.
Estos colegios fueron habilitados por las autoridades electorales correspondientes en un total de 2 121 circunscripciones, toda vez que en dichas demarcaciones ninguno de los candidatos propuestos obtuvo más de la mitad del número de votos válidos emitidos el día de la elección en primera vuelta, requisito indispensable para resultar electo delegado.
Están creadas todas las condiciones que fijan los documentos rectores de las elecciones periódicas en nuestro país para que los cubanos en edad electoral que han sido convocados para este domingo puedan ejercer su derecho de sufragio activo de manera rápida y fluida.
Para votar hoy en las urnas por el candidato que consideren que reúne el mérito, la capacidad, la disposición y el compromiso suficientes para representarlos en los órganos locales del Poder Popular, los electores solamente deben presentar ante la mesa electoral su documento de identidad. Ningún otro trámite es necesario.
Las 2 121 circunscripciones citadas anteriormente viven hoy una nueva jornada electoral porque sus candidatos pudieron quedar empatados, o ninguno de los propuestos obtuvo más de la mitad de los votos el domingo 25 de abril. Por tanto, se impone recordar que esta vez, y como ocurre en un proceso de elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, los electores deben votar por uno solo de los candidatos que aparece en la boleta.
De manera voluntaria, y por medio de un voto secreto y directo, más de 1 500 000 compatriotas deben acudir hoy a las urnas para hacer valer su derecho —y deber— constitucional y cívico de decidir quién mejor lo puede representar en el gobierno local por un período de dos años y medio.
