Lecturas
Niceto Pérez había encontrado al fin un espacio para los suyos. Después de una búsqueda afanosa pudo asentarse en aquel pedazo de tierra realenga perteneciente a la hacienda Vínculo, situada entre las propiedades de la Guantánamo Sugar Company y las del terrateniente Lino Mancebo. Aunque no era suya, bautizó la finquita con el nombre de María Luisa, construyó su bohío y empezó a trabajar. Lo hizo durante años, hasta que Mancebo, un geófago insaciable al que apodaban «El tiburón de La Maya», se empeñó en apoderarse del predio de Niceto y de todo el realengo, distribuido entre 128 campesinos precaristas. Con amenazas de muerte, el terrateniente y sus secuaces, apoyados o tolerados siempre por elementos de la Guardia Rural, intentaron en dos ocasiones arrebatarle la finca. Lejos de acobardarse, Niceto respondió que para quitársela había que matarlo. Y eso fue lo que hicieron. El 17 de mayo de 1946, lo balearon mientras guataqueaba en el platanal en compañía de su hijo de 7 años. Tendría vida suficiente para revelar a su esposa la identidad de sus victimarios.
«¡Los Mancebo y la Rural me han matado…!», —le dijo antes de expirar.
Con esa información, la mujer recurrió a los tribunales a fin de acusar a Lino Mancebo y a su hijo Puchy, a varios de sus capataces y a efectivos de la Guardia Rural que también saquearon sus siembras y su casa. La noticia recorrió el país de extremo a extremo y una ola de indignación se hizo sentir de inmediato. La Confederación Campesina de Cuba levantó una campaña nacional para el esclarecimiento del crimen y llevó ante el Presidente de la República a la viuda y a los huérfanos del campesino victimado, huéspedes de honor de la Federación Estudiantil Universitaria durante su estancia en La Habana. Se erigió un monumento en el lugar del asesinato y se proclamó la fecha de la muerte de Niceto como Día del Campesino.
Marina Trujillo, durante aquel encuentro, entregó al presidente Grau un documento escrito con la relación pormenorizada de los hechos y sus causas, y el mandatario, que economizaba el uso de su mano derecha por tenerla, afirmaba, «infartada de popularidad», acarició con la izquierda —«la mano de la emoción», decía— a los huérfanos y obsequió a la viuda con un billete de cien pesos, flamante, nuevecito, como recién salido de la imprenta.
«Se hará justicia a plenitud» —aseveró.
Pero nada se hizo a la larga.
Fue entonces que en diferentes lugares de la capital, donde el terrateniente y su hijo buscaron refugio, empezaron a aparecer carteles con el texto siguiente:
«Se ofrecen cien pesos de recompensa por la captura de Lino Mancebo, ‘El tiburón de La Maya’, asesino del campesino Niceto Pérez».
Alguien había puesto precio a su cabeza.
VENTAS DE CASANOVA
La Constitución de 1940 proscribió el latifundio, pero dejó para una legislación complementaria la forma en que se erradicaría. Una disposición transitoria del mismo texto constitucional logró paralizar los desalojos campesinos por espacio de dos años y solo en aquellos casos sujetos a proceso judicial. No por ello los terratenientes desistieron en sus propósitos, y como transcurrido ese tiempo el Congreso no había votado legislación alguna al respecto, los desalojos se incrementaron. En 1944 se estimaba que más de 40 000 familias campesinas estaban amenazadas con la expulsión de las tierras donde vivían y trabajaban.
Papel mojado fueron asimismo los proyectos de reparto de tierra entre los campesinos que carecían de ella. Batista, en su primer gobierno (1940-1944) dispuso la colonización de la hacienda Uvita, propiedad del Estado, en la Sierra Maestra. Se trataba de instalar en sus mil caballerías a unas 700 familias que serían dotadas de casas de vivienda y recursos suficientes. Vana ilusión. Muy pocos lograron ser emplazados en dicho predio y a la hora de la verdad cada uno de los elegidos tuvo que conformarse con cinco gallinas, un gallo, un arado, un machete y unos pocos pesos. De los caminos prometidos, nada. Los «favorecidos», para hacer producir la tierra, tendrían primero que desmontarla. Tal fue el desengaño que muy pocos quedaron en Uvita.
Con Grau (1944-1948) sucedió más o menos lo mismo. Ese mandatario insistió en comprar en más de medio millón de pesos la finca Ventas de Casanova, en Contramaestre, Oriente, y crear allí el Centro Agrario Modelo. Esas 480 caballerías eran propiedad de la familia del ex dictador Gerardo Machado, que durante su gobierno, para apoderarse de ellas, había desalojado mediante la persecución y el terror a los campesinos que las trabajaban. A la caída de la dictadura, en 1933, los campesinos expulsados volvieron a las Ventas y lucharon a partir de ahí en defensa de lo suyo.
Curiosa esa «reforma agraria» de Grau. Pagaba a la familia del ladrón las tierras robadas, y entonces los campesinos, que las ocupaban desde 1933 sin pagar nada por ellas, debían pagarlas al gobierno. Grau no llegó a concretar el trámite. Lo terminaría el presidente Prío, en 1951. La gente decía que con la reforma agraria de los gobiernos auténticos la tierra se repartió… en cartuchos.
AMENAZAS
El 24 de abril de 1944, la Federación Campesina de Oriente, en un escrito dirigido al ministro de Agricultura, denunciaba que «128 familias campesinas que llevaban más de 20 años en el Vínculo de Guantánamo, están amenazadas de desalojo de sus tierras en las que viven y trabajan como precaristas». El día anterior al de la denuncia, precisaba el documento, la Compañía Agrícola e Industrial Maca S. A., establecida en La Maya, Oriente, «envió a sus hombres y agrimensores a mensurar y cercar las tierras que trabajan los campesinos, con el propósito de robarles todo su trabajo, fruto de años de constante labor».
En defensa de lo que les pertenecía, los campesinos hicieron resistencia y lograron detener la mensura y el cercado de sus cultivos, pero Lino Mancebo, administrador de la Maca S.A., propietario de la finca Casimba, colindante con Vínculo, ex director del Instituto Cubano de Estabilización del Café y compadre de Batista, por añadidura, no se dio por vencido. En mayo del 45 volvió a la carga con una demanda de desalojo contra los precaristas allí establecidos. Ante la nueva amenaza, los campesinos resistieron una vez más y denunciaron ante la opinión pública los planes del terrateniente, que pronto identificó a Niceto Pérez como a uno de los que con más valentía se enfrentaba a sus propósitos.
FUE ENTONCES QUE COMENZÓ EL ACOSO
En abril del año siguiente, Puchy Mancebo, en compañía de una pareja de guardias rurales y de varios mayorales de su finca, irrumpió, revólver en mano, en el predio de Niceto, asegurando que tarde o temprano lo mataría. Días después, y en esa ocasión junto a su padre y como siempre con protección militar, repitió sus intimidaciones con la advertencia de que no sería la primera vez que eliminaría a un hombre, lo que antes le había costado muy barato. No pasó nada porque los soldados esa vez se interpusieron entre Puchy y Niceto.
Amenazado de muerte, el campesino presentó una denuncia en el cuartel de Limones. En respuesta a ese acto, el 1ro. de mayo, Alexander Cooke, un secuaz de los Mancebo, buscó a Niceto en su finca. No lo encontró y con la ayuda de los que lo acompañaban destruyó sembrados y robó cuantos frutos quiso. Así llegó el 17 de mayo.
La denuncia de la viuda hizo que se procesara, con exclusión de fianzas, a los Mancebo, a varios de sus empleados y a dos guardias rurales del escuadrón 39. Pero pronto quedó claro a favor de quién se inclinaría la «justicia». Un soldado de apellido Charón se declaró culpable; dijo haber ultimado a Niceto en defensa propia, pero la confesión fue desechada ya que el proyectil que ocasionó su muerte correspondía a un revólver calibre 38, que no era arma reglamentaria de la Guardia Rural. Importantes piezas de convicción desaparecieron tras la visita a Guantánamo del general Abelardo Gómez Gómez, jefe de la Policía Nacional, y se trasladó a los dos aforados que inculpaban a los Mancebo en sus declaraciones. El juez de instrucción que llevaba la causa fue recusado, y su sustituto, de manera inesperada, dispuso la libertad de todos los encartados. Mancebo y su hijo nunca estuvieron detenidos.
«Los Mancebo pretenden asesinar a los principales testigos del crimen, que somos el soldado Molina y yo. Si el gobierno no actúa con la suficiente energía en el esclarecimiento de este hecho, los hijos de Niceto Pérez, tarde o temprano, vengarán su muerte…» —declaró la viuda a la prensa.
FINAL
No era la primera vez que Lino Mancebo tenía que vérselas con la justicia. Cuando, en el gobierno de Batista, fue director del Instituto Cubano de Estabilización del Café estuvo procesado por contrabando del grano. A medida que avanzaron las investigaciones, se le fueron achacando otros muchos delitos y el fiscal pidió para él una larga condena. Sin embargo, la causa fue archivada.
Quizá pensara que con la muerte de Niceto terminaría sucediendo lo mismo. Pero en la mañana del 26 de febrero de 1947, cuando salía de la Lonja del Comercio en La Habana Vieja, tras haber participado en una reunión de cafetaleros, cinco balas de pistola calibre 45 se cebaron en su cuerpo. Llegó cadáver a la Casa de Socorros. Era el atentado personal número 53 del gobierno de Ramón Grau San Martín y, como en todos los anteriores, pese a lo concurrido del lugar, nadie vio quién o quiénes lo perpetraron.
Casi 60 años después, la muerte de Lino Mancebo, asesino de Niceto Pérez, sigue en el misterio.
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