Acuse de recibo
Luis Gutiérrez Urdaneta (Avenida Ciudamar 18503, entre 1ra. Y 3ra., reparto Ciudamar, San Miguel del Padrón, La Habana) refiere que el pasado 24 de enero falleció su mamá. Y en el crematorio de Boyeros le comunicaron que la emisión del certificado de defunción demoraba un mes.
A fines de febrero, pretendió obtener en línea el documento, a través del sitio web del Ministerio de Justicia. Y aunque rellenó todos los datos, incluyendo el año de inscripción de ella, solo aparecían los registros civiles de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa.
«No pude resolver, indica. El 28 de febrero escribí al correo de Atención a la Población de ese ministerio:
«Buenos días. Estoy intentando obtener un certificado de defunción en línea, y en el Registro Civil de Diez de Octubre no aparece. En realidad la lista es ínfima. Y solo incluye Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Saludos, Luis Gutiérrez Urdaneta».
El 12 de marzo Luis recibió de allí la siguiente respuesta:
«Buenas tardes. En las solicitudes que se realizan por la página web, para su llenado es obligatorio insertar el año de inscripción, lo que permite que se introduzca de forma correcta el nombre del Registro Civil donde se encuentra inscrita».
Al siguiente día, Luis respondió: «Así lo hice. No funciona. Saludos, Luis. Pruebe usted». Parece que no funcionó o no probó, refiere. Y ahí se acabaron los intercambios.
Luis intentó a principios de marzo, y como no recibía respuesta, decidió personarse en el Registro Civil de San Miguel del Padrón el 14 de marzo a las 6:00 a.m. Cogió turno y pudo solicitar la certificación de defunción. Le dijeron que volviera a los 15 días.
El martes 1ro. de abril, a las 2:00 p.m., volvió allí para recoger el certificado. Había corriente eléctrica, pero estaba cerrado el Registro Civil. Parece que el apagón se inició a las 10:00 a.m., pues todo el mundo allí estaba para su casa.
El miércoles 2, llegó allí a la 1: 30 p.m. Le dijeron que se recogen los documentos a la 1:00 p.m.; pero que volviera al siguiente día a la 1:00 p.m. El jueves 3 de abril fue y estaba cerrado y sin corriente eléctrica. El viernes 4 fue a la 1 p.m., y todavía no estaba el documento. Que fuera el viernes siguiente.
Cauteloso de tantos intentos fallidos, Luis esperó 15 días. Y fue el jueves 17 de abril: Todavía no estaba. Que volviera. Y el 15 de mayo… ¡al fin estaba el documento! Pero en la descripción del domicilio aparecía solo el municipio, no la dirección particular. La oficina de Boyeros debe rectificarlo; pero en San Miguel no hay tiempo estimado, pues no depende de ellos.
«En resumen, expresa, ¡he ido siete veces y a los casi cuatro meses aún no tengo ese simple documento! Y no sé ni cuándo estará! Y cada vez que uno va, son esperas de dos a tres horas y sin las condiciones adecuadas para ello. Me comentaba un sufriente como yo, como para consolarme, que ya había ido diez veces. ¡Y todavía tengo que obtener el acto de última voluntad, y luego caer en ese otro engendro de demoras e ineficiencia: Vivienda. Va y la vida no me alcanza.
«¿Están las instituciones cubanas a la altura necesaria, en momentos de reforzamiento del bloqueo impuesto por nuestro principal enemigo?», concluye.
Desde junio de 2024 espera
Ohilda María Padrón Rodríguez (Calle 16, Nro. 601-A, entre 33 y 35, municipio camagüeyano de Carlos Manuel de Céspedes) cuenta que el 6 de junio de 2024, firmó mediante contrato con el bufete colectivo de esa localidad, la solicitud del plan de estudios y la certificación de notas de su hija, graduada en la Licenciatura de Sociología en la Universidad de Oriente y que reside fuera del país. Y a casi ya un año, ¡aún no ha recibido esos documentos!
Señala que reclamó al bufete colectivo de Céspedes, donde le mostraron todas las fechas del recorrido de la solicitud, pero solo dice: en tramitación. El bufete dice que ellos llegan hasta ahí, y no son tramitadores. Que el envío es asunto de la Universidad de Oriente. Y la Universidad aduce que no recibe ni un centavo por los documentos que emite.
«Pero yo sí firmé un contrato en el bufete colectivo, manifiesta, y pagué una suma nada pequeña para los tiempos que vivimos: 12 500 pesos. ¿Quién responde por mis intereses, por el servicio que yo solicité y pagué? Como yo, muchas personas están en espera de una respuesta y de unos documentos que nadie acaba de entregárnoslos», concluye.
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