Acuse de recibo
Marisela Rodríguez (Avenida 57 No. 7405, entre 74 y 76, Marianao, La Habana) se entusiasmó con la creación de la plataforma digital Ticket para la adquisición de combustible en la capital, y hoy está muy preocupada por las dificultades tempranas que está confrontando.
Refiere que al habilitar esa APK, ella pagó la suscripción a lo que debe ser un mecanismo confiable de acceso, y solo lo pudo disfrutar un mes.
«De pronto, señala, los servicentros en La Habana no dan turnos por esta vía. Es una falta de respeto a los ciudadanos. Nos sentimos desprotegidos y estafados. Por todas partes la gente pregunta por qué, y nadie responde.
«He mandado correos a Atención a la Población de Cimex, del Gobierno de La Habana y del Consejo de Ministros. Y no he recibido respuesta. En las redes sociales hay miles de personas preguntando y otras miles de conjeturas de lo que pasa, pero respuesta oficial ninguna», concluye.
Maximiliano García Rodríguez (calle F No. 27, La Purísima, Trinidad, Sancti Spíritus) relata lo que considera una «arbitraria» interpretación de la medida que adoptó el Gobierno cubano para vender pollo a las personas con 65 años y más.
Cuenta que cuando se hizo en Trinidad
la primera distribución del pollo para ancianos, en junio pasado, se sorprendió cuando la dependienta de la casilla le indicó que a su esposa, quien había cumplido 65 años el 23 de febrero de 2023, no le correspondía, pues ellos despachaban por el censo de la libreta del año anterior.
«No entendí nada, afirma, pues el censo de la libreta de abastecimiento se hace en noviembre o diciembre del año anterior; por lo que mi esposa, que ya tiene 65 años y casi cinco meses, estaba censada con 64 años, y no saldría beneficiada hasta el próximo año, ya casi con 66 años.
«¿La medida no es para beneficiar a los ancianos de más de 65 años? En la libreta aparecen los datos de cada consumidor y su fecha de nacimiento. Fui con la preocupación a Comercio municipal y a la Oficoda; y la respuesta es que la distribución se hace por el censo del año anterior, medida que considero arbitraria».
Él llamó a Atención a la Población del Mincin, y una compañera muy amable atendió su inquietud y quedó en llamarle, pues iban a averiguar el procedimiento realizado en esa provincia. Él espera por el esclarecimiento.
El pasado 22 de mayo, desde la calle 30 No.1712, entre 17 y 19, en la localidad mayabequense de Jaruco, Frank Infante Pérez contó que el 4 de ese mes, Acueducto y Alcantarillado, arreglando un circuito del agua en el barrio de Santa Úrsula, dejó a 30 viviendas sin acceso a ese servicio.
Aseguraba que se le había comunicado al Gobierno municipal el problema y el malestar de los vecinos de esa circunscripción, buena parte de ellos de la tercera edad.
«El problema continúa sin resolverse, cuando es de conocimiento de los dirigentes, decía. ¿Cuáles son los derechos que tenemos de ser atendidos sin que se dilaten tanto las soluciones de los problemas? Hay que estar llamando para que manden pipas de agua, y los que tienen que visitar y preguntar por esta situación no lo hacen», concluía.
Ahora vuelve a escribir Frank, y cuenta que después de publicada su queja, se personaron allí el director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Yoan Ramón González Batista, y la funcionaria de Atención a la Población, Edita Díaz, junto al Director municipal.
Como resultado, dice, se planteó que había que resolver ese problema, y además enviar la pipa de agua a darles servicio a los vecinos afectados. Pero —según Frank—, todo permanece en las mismas. La pipa de agua no la mandan y hay que estar llamando. Y manifiestan que no hay recursos para resolver el problema de las viviendas afectadas. Frank pregunta: «¿Cuándo aparecerán los recursos para solucionar el problema que ellos mismos provocaron?»
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