Acuse de recibo
Hay casos extremos, al filo de la desesperanza, que merecen una mirada muy sensible de los decisores públicos, como el que relata Olga María Riquelme Cedeño, residente en calle 3ra. No. 50 A, Gaspar, municipio avileño de Baraguá: su sobrina Claudia, de siete años de edad, presenta un trastorno del espectro autista, asociado a un componente siquiátrico. Padece claustrofobia, bulimia, crisis de ausencia de sueño. Y es adicta a estar siempre dentro del agua.
La madre de Claudia, su hermana, tiene tratamiento siquiátrico. El padre no muestra interés en el cuidado de la niña, y la tía sufre mucho: «Es mi responsabilidad familiar, social y profesional encargarme de su atención, afirma, para elevar su calidad de vida, desde el punto de vista de salud y educativo, para que pueda lograr un mejor desarrollo y satisfactoria inserción social».
El problema es que la niña vive aislada del mundo social, en condiciones extremadamente complejas. No está ubicada en una institución educativa especializada. No ha podido recibir semanalmente el seguimiento del siquiatra infantil, la equinoterapia y los servicios estomatológicos, por vivir muy distante de los mismos. Es el único caso de su tipo en el municipio. Y la única vía de acceso a la cabecera es caminando por la línea del ferrocarril, un verdadero peligro.
En mayo de 2018, Olga María fue al Gobierno municipal y expuso el caso al Presidente de este, aludiendo la gran afectación biosicosocial de la pequeña. Y la respuesta fue pobre.
Se dirigió entonces a la Asamblea Provincial del Poder Popular, donde le respondieron que es el municipio el encargado de la solución. Se encomendó a Atención a la Población del Consejo de Estado, con número de expediente 48292, y a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con número de referencia 1487. Con resumen del diagnóstico, fotos de cómo vive la niña, y la necesidad de mejorar su calidad de vida para su desarrollo escolar y social.
Las quejas entregadas en ambas instancias nacionales fueron respondidas por la Asamblea Provincial del Poder Popular, adonde antes Olga María había acudido, y le comunicaron que es el municipio quien tiene que darle respuesta.
«El tiempo transcurre y el diagnóstico de la niña se agrava más. Hasta la fecha la respuesta del municipio es que no tiene solución para el caso, el cual fue elevado a la provincia para que dé respuesta. ¿Quién realmente ayudará a Claudia a mejorar su calidad de vida y a insertarse en la sociedad?», concluye Olga María.
El pasado 16 de agosto, Juan Antonio González Castro denunció aquí que los vecinos de los edificios 48 y 49 de la calle Rosales en el Reparto Eléctrico, del municipio capitalino de Arroyo Naranjo, estaban gestionando con las autoridades municipales la solución a una tupición del drenaje albañal que presentan. Y hasta entonces nada lograban.
Describía que como resultado, se formó una laguna al fondo de esos dos edificios, donde proliferaban roedores e insectos. Cuando llovía, las aguas pútridas retrocedían y brotaban por las bañaderas y los vertederos de los apartamentos, además del mal olor preponderante. Y lo más grave es que en el 48, ya las aguas albañales rodeaban el motor que bombea el agua potable.
Juan presentó queja escrita a la directora del policlínico, quien envió a un inspector, el cual se sorprendió de lo visto. No obstante, fue al Comité Municipal del Partido, y lo reorientaron a Aguas de La Habana en el municipio. Allí tramitó su queja. Y cuando me escribió, ya había transcurrido más de un mes sin respuesta.
Al respecto, responde Halina Guerra Castro, jefa del departamento de Atención al cliente de la Empresa Aguas de La Habana, que en visita al lugar, el 29 de agosto, por la funcionaria del Centro de Incidencias, se comprobó que el problema se origina en el interior del edificio multifamiliar, por lo cual no es competencia de Aguas de La Habana, sino de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), hacia donde debían dirigirse. Esperemos respuesta de la DMV entonces.
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