Acuse de recibo
Maikel Cruz Sánchez (Calle 40, Edificio B-9, entre Julio Diéguez y Calle S/N, Reparto Santos, Las Tunas) relata que su tío, Roberto Tomás Cruz Pérez, es, al igual que él, asociado de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Carlos Sosa Ballester. Y, como posee un poder especial de Roberto para encargarse de todos sus trámites y gestiones, viene a vindicar los derechos que considera vulnerados de este último.
Refiere que Roberto es productor de leche, se dedica a la ceba de ganado menor y garantiza carne de cerdo mediante contrato. El 26 de julio de 2016 el tío le entregó a la Empresa Porcina de las Tunas 120 cabezas de cerdo, repartidas en tres facturas de 40 248, 163 266.70 y 10 080 pesos, respectivamente.
En septiembre de 2016, dice, al dirigirse al Presidente de la CCS para exigir el pago de las ventas, este les informó que no podía hacerlo: se les estaba realizando una verificación fiscal y se había ocupado toda la documentación, incluidas las facturas originales de las ventas. La económica, encargada de efectuar dicho pago, estaba detenida.
Pasaba el tiempo, y todos los días 17 se analizaba el impago en las asambleas de la CCS, sin que se diera una respuesta o solución concretas. Por ello, Maikel y Roberto decidieron establecer reclamación ante la Fiscalía Municipal. Esta les respondió el 18 de mayo de 2018 que les asistía la razón, toda vez que se comprobó en las investigaciones hechas.
La Fiscalía Municipal notificó que el conflicto debía resolverse ante la Asamblea General de la CCS, órgano superior de dirección de esta, encargado de solucionar los conflictos entre los cooperativistas y la Junta Directiva. O contratar los servicios de un abogado, y establecer demanda, amparada en el Artículo 739 del Decreto Ley 241, que dispone que corresponde a las Salas de lo Económico de los Tribunales el conocimiento y solución de los litigios que se susciten entre personas naturales o jurídicas.
Precisa Maikel que al presentarse ante el Tribunal con ese fin, este no aceptó la demanda, alegando que ese conflicto debía resolverse en la Asamblea General de la CCS, la facultada para ello.
«Al encontrarnos indefensos, plantea Maikel, presentamos reclamación en la Fiscalía Provincial, la cual les respondió el 3 de enero de 2019 que la Asamblea, aunque conoce el conflicto, no ha podido resolverlo». Y les asesoró jurídicamente, de manera que debían acudir a la vía judicial, como establece la Ley 95 de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Crédito y Servicios. Y les informó, además, que se dio cuenta a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la cual comunicó que debía ser resuelto por la Asamblea.
«Aunque hemos reclamado a la Asamblea, Gobierno, Partido y otras instancias, nuestro conflicto persiste, razón por la cual nos encontramos indefensos, pues si los facultados no solucionan el problema, ¿ante quién dirigirnos? Contamos con suficientes pruebas, tanto documentales como testificales, de que no se ha liquidado la referida deuda», concluye Maikel.
Neyda Hernández Pereda (Calle 142, no. 4124, entre 41 y 43, Cocosolo, Marianao, La Habana) cuenta que su mamá de 90 años, Luisa Pereda Sánchez, no puede dejar de tomar la Espironolactona, pues presenta una insuficiencia cardiaca congestiva severa, y con un marcapaso puesto.
En la farmacia correspondiente le dijeron que ese medicamento está en falta total a nivel nacional. La anciana casi no puede caminar por la dificultad pulmonar que está presentando.
Ante tal situación, Neyda solicita la solidaridad de alguien que disponga de ese medicamento, y quizá no lo necesite, para que pueda contribuir al restablecimiento de la salud de su viejita. Y lo agradece de antemano, sabedora de que en esta columna, ante las adversidades, se fomenta y estimula la proverbial generosidad del cubano.
Lo otro, viéndolo a gran escala, sería recibir información oficial por esta vía de la situación de tal medicamento en el país, y las posibilidades de solución del mismo.
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