Acuse de recibo
El pasado 26 de marzo, desde el municipio capitalino de La Lisa, Ramón Arteaga contó una historia de irresponsabilidad y arbitrariedades, que asombraría a cualquiera: El 22 de marzo llegaron a su hogar dos jóvenes. Dijeron que eran de la Empresa Eléctrica y advertieron que iban a cortar el servicio eléctrico porque no se había pagado. Ramón preguntó por el recibo requerido, y uno de ellos dijo que no tenía. El asunto era que el cobrador asignado a esa zona se había marchado para el extranjero y «dejó embarcado todo».
Uno de los jóvenes le indicó que debía pagar 15 pesos por la electricidad y tres más por recargo. Ramón se incomodó por el recargo, no por los tres tristes pesos, sino por la ligereza de tratar así, intespestivamente a un cliente. «No puedo callarme, decía, después me enteré que habían hecho lo mismo a todo el vecindario».
Al respecto responde el ingeniero Mario Castillo Salas, director general de la Empresa Eléctrica de La Habana: «Se evidenció, afirma, que al cliente nunca le llegó el aviso de consumo, incumpliéndose con las funciones del puesto de trabajo que desempeñaba el lector-cobrador asignado a la ruta del consumidor».
Y el Manual de Procedimiento, añade, establece que «a través de un trato cortés y respetuoso, el cobrador realiza una gestión de cobro efectiva, entrevistándose con el cliente, familiar o una persona responsable; se debe evitar la práctica de aviso en buzones, por debajo de la puerta o similar, lo que se hará solo en casos excepcionales».
Refiere que una vez revisada la información y entrevistados los implicados, «se pudo concluir que existió maltrato por parte del lector-cobrador de la UEB municipal hacia el cliente, pues violó los procedimientos establecidos en el Manual de Consumidores de la Actividad Comercial para el proceso de cobro».
E informa que después de hechos los análisis correspondientes, se decidió aplicar la separación definitiva de la entidad al lector-cobrador de marras.
Castillo reconoce la razón del cliente y le ofrece disculpas por las molestias ocasionadas, al tiempo que afirma que «la Empresa Eléctrica de La Habana trabaja incesantemente en brindar un servicio de excelencia a los clientes, en aras de elevar la satisfacción de estos de manera continua».
Agradezco la respuesta. Pero de todo se trasluce que los manuales por sí solos no garantizan la excelencia si quienes deben cumplirlos no son excelentes trabajadores, y pueden estar dañando a los clientes sin el control y supervisión de sus superiores, lacerando así la imagen de la entidad. Prever es mejor que sancionar.
Alicia Cuevas León (Lubián No. 1, entre Marta Abreu y Padre Chao, Santa Clara) cuenta que tiene tres hijos, el mayor discapacitado, con parálisis cerebral; un hermano, también discapacitado, y su mamá, invalidada por enfermedad. Por ello, en 2003 fue permutada su vivienda, en un cuarto piso, para la casa donde hoy vive, que colinda con una sala teatro que estaba en derrumbe y que hoy reconstruyen.
Según ella, los constructores de la obra ejecutan acciones improcedentes, violando el proyecto autorizado y dañando su vivienda hasta el punto de provocar un derrumbe, pues el techo que están colocando tiene la pendiente casi en su totalidad en dirección a su casa. Pusieron una canal que no soluciona, pues el agua cae toda hacia la pared lateral de Alicia.
La afectada apunta que, en las regulaciones urbanísticas, se establece que las personas naturales o jurídicas que ejecuten una edificación están obligadas a construir sus cubiertas de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo y no causen perjuicio al vecino.
Afirma que la pared medianera de su casa con dicho edificio está húmeda y en muy mal estado. «Ahora, en vez de repararla, la dañaron más quitándole la mitad de su espesor, por donde pasa el agua con mayor facilidad provocando filtraciones constantes», enfatiza.
Alicia fue a las direcciones municipal y provincial de Planificación Física, a Fiscalía municipal y provincial, y presentó demanda ante el Tribunal Popular Municipal. Todas las respuestas han sido desfavorables a ella. Al final, Planificación Física municipal «autorizó la adaptación de la obra a la ilegalidad cometida».
Añade que en cada institución apeló a que se haga cumplir la ley, dándole seguimiento incansablemente, haciendo los recorridos con su hijo en silla de ruedas. «Comencé las reclamaciones en octubre de 2018, y aún no hay respuesta aceptable para que esa obra no provoque la destrucción total de mi vivienda», concluye.
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