Acuse de recibo
El pasado 7 de marzo, desde Santa Cruz del Sur, en Camagüey, Omar Miranda Hernández, contó aquí que, al jubilarse a los 60 años, él y sus hermanos compraron un órgano de la llamada «música molida», tan popular en esa zona limítrofe con Manzanillo, tradicional reino de ese instrumento.
Decía que comenzaron a presentarse en el municipio, pero se planteó que tenían que radicar un proyecto en el Centro Provincial de la Música, para ser evaluados por este y posteriormente enviarlo al Instituto Cubano de la Música, de manera que diera su visto bueno y los oficializara. Presentaron el proyecto y se aprobó.
Pero antes, narraba, en los carnavales de Santa Cruz en octubre de 2013, y aún ellos sin la resolución que los autorizaba, el entonces presidente del Gobierno municipal, junto a otros funcionarios, los instó a que amenizaran los festejos. Y Omar Miranda le explicó que no podían, pues aún no tenían la Resolución del Instituto Cubano de la Música. Y el presidente le dijo que en eso no había problema, cuando llegara la Resolución del Instituto él autorizaría a pagarles, señalaba el organista.
Cinco meses después llegó la Resolución, añadía; mandaron a facturar solo cuatro de las ocho presentaciones que hicieron. «Hasta el sol de hoy no nos las han pagado, afirmaba. Así, me pasé cuatro años y medio detrás del Presidente del Gobierno. Y me decía que era un problema de Cultura, y la directora municipal de Cultura me decía que el Presidente tenía que dar la autorización».
«Somos un colectivo de seis músicos, apuntaba, y tenemos que pagar las contribuciones a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), la seguridad social. Nos descuentan un porciento por estar insertados en el Centro de la Música. Tenemos otros gastos, como los accesorios que nos mandamos a hacer, las piezas de cartón donde se pica la música. Y hoy por hoy todo eso es caro. Nos han engañado», concluía.
Así, responde Amaury Basulto Requejo, subdirector general de Cultura en la provincia, que el 7 de marzo de 2016 se recibió en Atención a la Población de la Dirección Provincial de Cultura un documento con la queja de Omar Miranda Hernández, por lo que se radicó expediente para las investigaciones pertinentes al siguiente día.
Una comisión investigó entonces el caso, en entrevista con Omar, el Centro Provincial de la Música (CPM) y el municipio de Santa Cruz del Sur. Y concluyó que los carnavales en que amenizó con su órgano en Santa Cruz del Sur fueron en octubre de 2013. Ciertamente, autoridades del Gobierno municipal y el entonces director de Cultura en el territorio les solicitaron verbalmente que amenizaran los festejos con ocho presentaciones, y posteriormente se procedería a confeccionar la documentación oficial.
La Comisión investigó en el CPM, añade, y comprobó que en octubre de 2013, cuando le solicitaron participar en los carnavales, esa unidad artística no estaba incorporada al catálogo de la música. La incorporación fue a partir del 26 de marzo de 2014, por la Resolución No. 120/14 marzo del 2014 en el CPM. Así, se demostró que en octubre de 2013 no estaban avalados profesionalmente, y no había documentación alguna en el Departamento Comercial ni en el de Economía del CPM.
En entrevista con Omar Miranda, acota, le solicitaron que, si tenía copia de prefactura o del contrato para actuar en los carnavales, la presentara; lo que le fue imposible, porque todo había sido verbalmente. «Evidentemente, expresa Basulto, tanto las autoridades del municipio como el promovente violaron lo establecido para el sistema de contratación, pues su estatus legal no estaba aprobado por ninguna instancia en ese momento». Y resalta que ninguna de dichas autoridades están en esos cargos actualmente.
Finalmente, destaca que los directivos del CPM no reconocieron la deuda a la hora de la reclamación, pues queda demostrado que no existió contratación oficial ni prefactura de las actividades realizadas, y mucho menos la orden de trabajo emitida por la entidad. Y atendiendo a ello, se consideró por la comisión «sin razón» la queja presentada por Omar Miranda Hernández. Y el expediente concluido con fecha 12 de mayo de 2016, afirma, está archivado en la Oficina de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Cultura de Camagüey.
Agradezco la respuesta, que se adscribe a lo puramente legal, ya demostrado. Esta historia revela que «papelitos hablan», pues sin contrato ni ninguna prueba documental es imposible reclamar. Pero hubo una palabra que no se cumplió por las autoridades de entonces, las que violaron las normas y, posiblemente, dondequiera que estén, no pagaron por ello. Una deuda moral, que aún resuena en los acordes del viejo órgano.
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