Acuse de recibo
Tras 54 años de vivir en un terreno, se aparecía un joven de apenas 30 años afirmando que el terreno era suyo. Tal era el drama que planteó aquí el 24 de junio pasado el artemiseño Vicente Llanes Gonzales (Avenida 53, s/n, entre 78 y 80, en San Antonio de los Baños)
Narraba Vicente que le habían destruido «todo lo que habíamos construido y disfrutado durante años» sin que se indemnizara por nada. Especificaba, además, que su vivienda obraba como propiedad de ellos y que en el documento que así lo legitimaba estaban reconocidas las dimensiones del terreno. Se trataba, nada más y nada menos, de 2 000 metros cuadrados, no de una pequeña extensión.
Al respecto hoy publicamos una segunda carta, remitida por Ulises Ortega Reyes (Hospital, entre Avenida Jesús Peregrino y Avenida Carlos III, Edif. 713, Apto. 5, Centro Habana, La Habana), quien ofrece la visión desde el otro lado de la cerca; pues precisamente es él quien supuestamente invadió el terreno de Vicente.
En voluminoso file con documentos probatorios, aclara el capitalino que la parcela objeto de litigio se encontraba inscrita en el Registro de la Propiedad de San Antonio de los Baños al folio 67, tomo 147, a nombre de Juan Martínez Borrego (Certifico de Dominio emitido por el Registro de la propiedad en fecha 24/7/2013), de quien la adquirió Ulises.
Anexa igualmente la Escritura Pública de Donación de Parcela de terreno No. 393, de fecha 19/5/2014 «ante Notario Público de San Antonio de los Baños, donde se hace alusión al tracto legal del proceso y la Resolución aprobatoria de la Dirección Provincial de la Vivienda».
Argumenta asimismo el propietario, que ante el reclamo de la familia de Llanes la Dirección de Inspección Estatal (DIE) del Consejo de la Administración Provincial (CAP) creó una comisión que investigó el caso y, entre otras cosas concluyó: «La vivienda de Norma y Vicente está enclavada dentro de dicha parcela y fue construida ilegalmente, sin la autorización de su dueño, quien, contrario a lo que se expresa en la queja formulada por Norma, no ha abandonado el país. (…) En declaración jurada tomada al señor Martínez Borrego, este nos expresa que en varias ocasiones los señores Norma y Vicente fueron a visitarlo en Alquízar con el objetivo de comprarle la parcela de terreno, lo que nunca aceptó. No obstante, en el año 1991 la Dirección Municipal de la Vivienda de San Antonio de los Baños le otorgó la propiedad de la vivienda construida allí mediante la Resolución No. 631, donde se alega que esta se construyó en terreno de propietario desconocido, lo cual es totalmente falso»… Firma este informe, que anexa Ulises a su misiva, Lupe Jorge Barrios Martínez, máxima autoridad de la DIE del CAP.
El conflicto llegó a los tribunales, y tanto los tribunales Provincial Popular de Artemisa (TPP) como el Supremo Popular fallaron a favor de Ulises Ortega y declararon sin lugar las apelaciones y recursos presentados por Llanes. De todos estos procesos, igualmente se anexa evidencia documental en la carta.
Apunta el habanero que desde que comenzó la discordia en la que lo acusaron de usurpador, aun cuando él es dueño legítimo del terreno, él intentó mantener buenas relaciones de vecindad «dejándoles 204 metros cuadrados a su favor», de los cuales aún disfrutan, al igual que de los 292 metros cuadrados en los que está enclavado su hogar, el cual, como es obvio, no resultó dañado. En cuanto a lo demolido, precisa el remitente que se trataba del local donde tenían una mesa de billar, la cochiquera y tres pequeñas matas de guayaba y una de almendra, pues la familia había secado con anterioridad otros cinco árboles frutales.
En la sentencia del TPP, se sostiene que «el terreno sobre el cual edificaron los accionantes siempre conocieron que era de una persona natural, es decir, aunque de ajena pertenencia no resultaba desconocido su titular». Y se especifica que «el solo hecho de usar cierta porción de terreno no es suficiente para ir contra la titularidad del bien».
Si al publicar el caso remitido por Vicente nos preguntábamos por los recursos legales que podrían asistir a quien tantos años después recibió como donación el espacio, con los documentos y la narración que aporta Ulises Ortega, queda bastante claro cuánta fuerza jurídica lo ampara. Se evidencian, también, imprecisiones y omisiones lamentables en lo contado con anterioridad. De todas formas, en este como en cualquier litigio lo más sano y humanamente loable es tratar de entenderse con justicia y generosidad. Ojalá así sea.
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