Acuse de recibo
El pasado 19 de abril Yusbel Varela Mesa, productor de arroz y socio de la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Horacio Rodríguez, del municipio granmense de Campechuela, denunciaba aquí incumplimientos de la CCSF en el pago de más de 200 quintales del grano entregados en noviembre de 2016 y de 166 quintales más aportados en enero de 2017.
Revelaba el agricultor que la única respuesta dada es que hay que esperar, y agregaba: «Al igual que yo están todos los demás campesinos, que muchos trabajamos con créditos bancarios y los impuestos están subiendo». Aseguraba que lo mismo sucedió en la cosecha anterior, pues demoraron cinco meses en pagarles.
Y este redactor se preguntaba «por qué una cooperativa, que se supone una fórmula solidaria y colectiva entre socios, puede estar dilatando el derecho de los asociados a recibir el fruto de su sudor y su trabajo»; y sentenciaba que «es el arroz del pueblo el que está en juego».
Al respecto, responde Dunerkis González Pérez, vicepresidente del Grupo Empresarial Agrícola del Ministerio de la Agricultura, que para investigar los hechos se creó una comisión, integrada por funcionarios de la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG), Fernando Echenique, el director de la unidad empresarial de base que atiende a los productores de arroz de los municipios de Media Luna y Campechuela, y una funcionaria de la ANAP provincial.
Dicha comisión, precisa, fue a esa base campesina y se entrevistó con Yusbel, en presencia del presidente de la CCSF y del presidente de la ANAP en Campechuela, entre otros funcionarios.
Informa Dunerkis que declararon «con razón» la queja de Yusbel y explica que «el 27 de diciembre de 2017 se transfirieron erróneamente 98 052 pesos con 18 centavos a la cooperativa de créditos y servicios Horacio Rodríguez del municipio de Yara, cuando debió ser a la de igual nombre en Campechuela».
La dirección de la EAIG Fernando Echenique, aclara, realizó los análisis y adoptó las medidas correspondientes con las funcionarias que cometieron el error. Las disposiciones aplicadas, especifica, consisten en amonestación ante el colectivo laboral a Alina García Guerra, especialista en Finanzas, y a Leanis Prado Rosa, técnica en Gestión Económica.
Agrega que en los últimos meses de 2016 el pago de las producciones de arroz a los campesinos se atrasó, «motivado por la llegada tardía del subsidio, lo que limitó cumplir las obligaciones con las bases productivas en el tiempo pactado».
Afirma que al emitirse la respuesta de marras, el 9 de mayo pasado, Yusbel recibió la totalidad del dinero, en correspondencia con la producción vendida.
Para evitar que estos hechos continúen ocurriendo, refiere, la EAIG Fernando Echenique solicitó créditos de capital de trabajo, a fin de disponer de financiamiento y asumir los pagos a los productores en el tiempo previsto en el contrato, aun cuando se produzcan atrasos en la entrada del subsidio a cargo del Presupuesto del Estado.
Agradezco la respuesta y la solución del pago, aun cuando se evidencian vacíos en las explicaciones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos: el retraso en el pago a los cooperativistas productores de arroz.
No se aclara por qué se transfirieron erróneamente los más de 98 000 pesos a otra cooperativa y no a la de Campechuela, ni la responsabilidad de los que debían, desde niveles superiores a las funcionarias apenas amonestadas, controlar algo tan serio dispuesto en el contrato.
Tampoco se esclarece el porqué del atraso en la entrada del subsidio a cargo del Presupuesto del Estado, lo que limitó cumplir con las bases productivas en el tiempo pactado. Algo que opera como un factor desestimulante de la producción que urge el país.
Y no se fundamenta el porqué la EAIG Fernando Echenique no previó solicitar créditos de capital de trabajo para asumir los pagos a los productores, aun cuando se produjeran atrasos en la entrada del subsidio a cargo del Presupuesto Estatal; algo que vino a hacerse luego de que se revelara el lamentable incumplimiento.