Acuse de recibo
«Hay que “luchar”, porque la vida está mala». Esa es la respuesta que suele oír Julián Cardoso Ramos (Crucero de Piedrecita, Los Maguelles No.7, Céspedes, Camagüey) cuando se queja porque los vagones de los trenes No. 501 y 502, del recorrido Morón-Camagüey, van incómodamente llenos de sacos de viandas y animales.
Él, como cualquier cubano, entiende la necesidad de la «lucha», para paliar las carencias económicas; pero también quiere su ración de confort en el transporte. «Cuando llegas adonde vas, lo mismo te impregnaste de olor a puerco que a guayaba», se queja el agramontino.
Refiere que el problema se ha planteado a los trabajadores ferroviarios y ha sido tema de análisis en espacios periodísticos locales, pero nada cambia.
Desde el año 2013 al habanero Lainier Peraza Morejón (calle 1ra., No. 75, Apto. 2, entre Finlay y Cisneros Betancourt, Los Pinos, Arroyo Naranjo) se le derrumbó el techo de su casa. Los técnicos la declararon entonces como «inhabitable, con posible derrumbe total» y se emitió «orden de albergue y orden de apuntalamiento y demolición No.22/1025», evoca el afectado.
«En reiteradas ocasiones reclamé al SECONS (no aclara la sigla), por lo que fui visitado varias veces por estos compañeros», apunta. Los especialistas comprobaron el estado del inmueble y la posible afectación a otras viviendas —en las que incluso viven niños y ancianos— si se acababa de derrumbar. También le expresaron al capitalino que era un peligro que él durmiera en ese lugar.
Llegó marzo de 2016 y se acordó por la mencionada entidad ejecutar la aplazada demolición. Tampoco se hizo. «En diciembre fui al SECONS y me dijeron que no tenían la orden de trabajo. La Vivienda plantea que no tiene presupuesto para emitir esta orden y no saben si entrará para 2017», rememora Lainier.
«Para completar, después de un largo proceso tengo aprobado el subsidio, tengo la licencia de construcción y, de no cumplirse la demolición, aparte de poder ocurrir un accidente, se me pueden vencer los documentos», se duele el lector. ¿Hasta cuándo tendrá que esperar?
La más reciente inundación de su comunidad, en mayo de 2015, le dejó al capitalino Venancio Soroza Royo (calle Santa Marta No. 318, entre Oquendo y Franco, Pueblo Nuevo, Centro Habana) la terrible necesidad de arreglar el mueble de su refrigerador, supimos en Acuse el 24 de mayo de 2016.
En el taller de Lucena y San Rafael, donde primero le destupieron el equipo, se le informó a Venancio que, además de que había más de 200 personas esperando en la misma situación, el costo de esa reposición es de 1 140 pesos.
«Vivo solo de mi pensión (…). Cada vez que se repiten, año tras año, las inundaciones, tengo que desembolsar de mi chequera los arreglos de equipos electrodomésticos», expresaba el afectado entonces.
Al respecto contesta Irene Marité Cárdenas Pérez, directora general de la Empresa Provincial de Servicios de La Habana. Reproduzco la breve respuesta:
«Nuestra empresa se ocupa de la reparación de los equipos del Plan Energético, pero los precios son implementados por el Ministerio de Finanzas y Precios. Por tal razón, entendemos la situación de Venancio, quien debe dirigirse a Seguridad Social de su territorio, con vistas a que le den una solución a su caso.
«En visita realizada por la técnica de Atención a la Población de nuestra empresa el compañero Venancio, plantea que está de acuerdo en pagar el costo del cambio de mueble y para que así conste se anexa copia de conformidad…».
Agradezco la respuesta, que llegó a JR el 22 de septiembre pasado. Hemos demorado en publicarla esperando por alguna otra contestación, más explicativa, de las autoridades capitalinas, a las que, el 24/05/2016 este redactor les preguntaba: «¿Cuáles normativas o disposiciones existen para que las personas damnificadas como él, que no dispongan de altos ingresos económicos, accedan a la reparación de sus daños sin costo o con una considerable rebaja? ¿Qué pueden aclarar al respecto las autoridades de Centro Habana y de la capital?».
Hasta la fecha, no ha habido más respuesta que la publicada hoy.
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