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El 1ro. de diciembre de 2013, desde Sagua la Grande, Villa Clara, María del Carmen Boullosa denunció que, siendo propietaria de 0,74 hectáreas heredadas legalmente de su padre, no las podía ocupar. Y contaba que llevaba siete años luchando infructuosamente porque le restituyeran su derecho, pues la finca fue ocupada ilegalmente por el entonces director de la Empresa de Cultivos Varios a nivel municipal, quien permitió que dos ciudadanos trabajaran en su propiedad y fabricaran una vivienda en el lugar donde estaba la de ella.

María del Carmen reclamó. Y el Delegado de la Agricultura en la provincia dictó la Resolución 984, que declaró ilegales a los ocupantes. Cuatro años después, el Ministro de la Agricultura dictó la Resolución 109, ratificando la decisión del Delegado provincial.

Hacía más de un año y ocho meses —cuando se reveló la queja— que esas resoluciones esperaban por ser ejecutadas. La hija de la señora acudió a las instancias de la Agricultura y a las autoridades del territorio. Todos alegaban que había que devolverle la tierra. Se entrevistaron con el Subdelegado de la Agricultura a nivel provincial y con quien atiende     Control de la Tierra, quienes dijeron que se resolvería en 30 días. Tampoco se cumplió.

La hija de María del Carmen fue en septiembre de 2013 al Departamento de Atención a la Población del Ministerio de la Agricultura (Minag). De allí se comunicaron con las oficinas de Control de Tierra en Villa Clara, donde aseguraron que el caso se resolvería el 15 de octubre. Pero no fue así.

El 16 de octubre María del Carmen visitó el Departamento de Atención a la Población del Minag, y desde allí se comunicaron con la Delegación de la Agricultura en Villa Clara, donde afirmaron que en dos o tres días se resolvería el caso.

Entre esas gestiones, la Asesora jurídica del Minag dijo que la Delegación Municipal de la Agricultura buscaba la forma de arreglar un local, para que los ocupantes ilegales fueran a vivir al mismo y desocuparan las tierras, pero que ese paso tenía que autorizarse por instancias del Ministerio. María del Carmen se preguntaba si podían burlarse las leyes, incluida la firma del Ministro de la Agricultura.

Al respecto, responde Héctor L. Torna, delegado de la Agricultura en Villa Clara: Es cierto que en los archivos de Control de la Tierra de Sagua la Grande obra expediente registral a nombre de María del Carmen Boullosa Pérez, propietaria de 0,74 hectáreas adjudicadas por Resolución 5875 el 24 de septiembre de 2001.

«Es cierto —señala— que su finca fue ocupada ilegalmente por la Dirección de la Empresa Agropecuaria del municipio sin contar con los documentos legales que acreditan esa acción, y propiciando que se establecieran en la misma como moradores permanentes dos trabajadores de la entidad».

Añade que la propietaria no se preocupó por reclamar la finca hasta 2008, cuando fue convocada por la Oficina del Registro de la Tierra, para actualizar su certifico. Y fue cuando realizó su reclamación. Se reconoció por Resolución 984 la ocupación ilegal de las tierras. Luego se sucedió la reclamación de los ocupantes ilegales, que el Ministro de la Agricultura declaró SIN LUGAR el 14 de febrero de 2012.

Reconoce Torna que le asiste razón a la promovente, «y que ha existido morosidad con la solución efectiva del caso». Por ello, apunta, no fue posible aplicar medidas disciplinarias a los máximos responsables, pues se encuentran hoy residiendo fuera del país. Y el Director de la Oficina de Control de la Tierra en ese período se acogió a la jubilación.

Apunta que se amonestó ante su colectivo al Delegado de la Agricultura y a la Directora de Control de la Tierra en Sagua la Grande, por no prestar atención a los términos establecidos.

Concluye que se reubicó a los ocupantes ilegales en un local de la Agricultura, teniendo en cuenta que son personas de avanzada edad que no son responsables de que funcionarios de la Agricultura actuaran arbitrariamente. Según la respuesta, la propietaria tomaría posesión de su predio el 15 de marzo, con toda la facultad que le asiste.

Lo nefasto de esta historia es que los responsables directos estén residiendo fuera del país. Eso hace pensar en cuántas personas hacen y deshacen desde responsabilidades y luego se marchan tranquilamente. Lo otro es que la propia Delegación de la Agricultura, y el Ministerio al cual acudió María del Carmen, evidentemente tienen responsabilidad en el asunto, al no chequear el curso de los acontecimientos.

Y lo más preocupante: ¿qué hubiera sucedido o no si María del Carmen no escribe?