Acuse de recibo
El pasado 17 de abril reflejé la denuncia de los hermanos Adalberto y Esmaldo Martén, de 80 y 78 años, respectivamente, acerca del dilatado incumplimiento de un fallo de tribunales, que implicaba la extracción de ocupantes ilegales en la vivienda de los dos ancianos.
Los remitentes, residentes en la ciudad de Santiago de Cuba, contaban que la ex esposa de un hermano, que se había mudado de esa casa en 1981, cuando a este último le otorgaran un apartamento por su centro de trabajo, retornó ya divorciada el 18 de julio de 2004, y penetró ilegalmente en la morada, apoderándose de una habitación de la misma.
Durante tres años de litigio, Adalberto y Esmaldo probaron en todas las instancias la legitimidad de su derecho como propietarios, hasta llegar al Tribunal Supremo de la República. En 2010, Vivienda les entregó la resolución con el dictamen del Tribunal Supremo, que falló a favor de ellos y en detrimento de la señora y de su hija, como ilegales.
Pero los hermanos cuestionaban en su carta el hecho de que, a pesar de ello, nada se había hecho por hacer cumplir la extracción de las ilegales. En 2011, referían, en dos ocasiones les avisaron, y la primera la suspendieron supuestamente por el camión que se requería. La segunda, les argumentaron que a causa de la Policía. Pero el oficial encargado de hacer acto de presencia les dijo que a él no le habían avisado. Eso ocurrió en septiembre de 2011, y nunca más Vivienda había vuelto a programar la ejecución. ¿Cómo podían sentirse los dos ancianos? ¿Propietarios?
A propósito, responde Alfredo Torres Díaz, director de Vivienda en la provincia de Santiago de Cuba, quien precisa un elemento más grave: las ocupantes penetraron en la vivienda mucho antes, el 9 de abril del 2000.
Precisa Torres que pudo comprobarse que ambos titulares del inmueble promovieron proceso a fin de declarar como ocupantes ilegales a las mencionadas ciudadanas. Y ello originó que la Dirección Municipal de la Vivienda radicara un expediente al respecto, y emitiera posteriormente la resolución 794 de 2010, que declara con lugar la pretensión formulada.
Añade el directivo que la Dirección Municipal de la Vivienda incluyó este caso dentro del Plan de Ejecución del año en curso, con el propósito de extraer de ese domicilio a las ocupantes. Y que, «por diversas causas, tanto de índole material como por su relevancia social, debió ser aplazado en varias oportunidades, lo que conllevara al consiguiente descontento de los mencionados hermanos».
Informa Torres que el pasado 19 de abril se procedió a la efectiva realización de la acción ejecutoria pendiente, con lo cual se restableció la legalidad quebrantada, y se solucionó la demanda de Adalberto y Esmaldo Martén Abad.
Agradezco que al fin se haya hecho justicia, y solo añado que el problema en este y en muchos otros casos que llegan a nuestra columna, es la manera en que se dilatan esas acciones de restablecer la legalidad en un tema tan sensible como lo es la vivienda, al punto de que van dejando una sensación de impunidad tanto en las víctimas como en los autores de las transgresiones. Y en este último caso, esa percepción puede ser muy peligrosa.
Desde el 2000 las ocupantes ilegales permanecían impunemente en la vivienda. Desde 2010 los hermanos estaban amparados por la Resolución, desgastándose porque el fallo se cumpliera. Y, sin embargo, la extracción no se hacía, por una razón u otra. Se publicó en esta columna la carta de los afectados, y se reveló públicamente la historia. A los dos días se hizo justicia. De no haber clasificado en esta columna el petitorio de Adalberto y Esmaldo, ¿para cuándo se ejecutaría la acción?
El país tiene que marchar por sí mismo, las leyes hay que hacerlas cumplir día a día, no a remolque de las denuncias en los medios de prensa. Cuando no haga falta la compulsión de este y otros espacios, entonces se hará verdaderamente la justicia.
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