Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

«Desamparada y sin rumbo» se siente Dulce María Carrillo (Cuba No. 390, entre Carbó y Dositeo, Holguín) porque, poseyendo un título de propiedad de su vivienda, resulta que la Empresa Eléctrica tiene potestad inconsulta de decidir sobre ciertas instalaciones en ella.

Cuenta la señora que en la pared lateral de su casa, junto a su contador de electricidad, está el de la vivienda situada al fondo. Y los cables que parten de ese metro a aquella casa, pasan haciendo contacto directo con gran parte del techo de Dulce María, la tubería hidráulica y la escalera de metal del patio.

Como los cables se deterioran con el tiempo, la lluvia, el sol y otras inclemencias, la más ligera grieta en ellos puede generar transmisión de corriente, con el consiguiente peligro para ella y sus familiares.

Preocupada por ello, Dulce María solicitó a los vecinos del fondo que se agenciaran aislantes para proteger los cables y separarlos de la estructura de la casa. Pero los vecinos, según ella, no escucharon sus ruegos.

Ante la negativa, la señora acudió a la Empresa Eléctrica a solicitar el traslado del contador de los vecinos hacia la vivienda de estos. Enviaron entonces un inspector, quien concluyó que la solicitud no procedía, por falta de condiciones («Tenía que comprar yo un poste y cables —afirma Dulce María—, pues ellos no tenían esos materiales»).

Cuenta Dulce María que entonces le preguntó al inspector: ¿Qué pasaría si yo quitara el contador de mi pared, por mi cuenta? Y este le respondió: La multaríamos por una suma de 500 pesos, y pondríamos el contador de nuevo en su pared, cuantas veces fuera necesario.

Dulce María considera que la relación está muy desproporcionada y asimétrica entre cliente y Empresa, en cuanto a derechos, prerrogativas y potestades. ¿Quién resuelve el desasosiego, la preocupación y la inquietud de la señora por lo que considera un potencial peligro para ella y su familia?

Más que un carnet

Puede parecer una obsesión o un capricho, pero quien tenga el corazón sensible y los pies puestos en la tierra, comprende por qué Yalis Matos insiste con urgencia en que le den a su hijo Hermis Daniel la O Mata, de apenas dos años de edad, el carné de miembro de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores (ACLIFIM).

Yalis (Calle 2da., Las Flores, segundo puente, El Caney, Santiago de Cuba) cuenta que el niño tiene una parálisis braquial obstétrica en el brazo izquierdo. Y ella le da seguimiento con el fisiatra y el ortopédico, quien le firmó un certificado para que le facilitara solicitar el carné de impedido físico.

La madre se dirigió a la ACLIFIM en su territorio en abril de 2011, y le plantearon entonces que no había carnés. Ella llama y llama y siempre es la misma respuesta. Al fin se decide a ir personalmente, en noviembre de 2011, y le llenan una planilla. Espera y espera, y nada.

Yalis no quiere nada más; solo el carné para su hijo. El asunto es que madre e hijo tienen que viajar cada tres o cuatro meses a otra provincia para que el pequeño reciba tratamiento de corriente en el brazo, y aumente la sensibilidad del mismo, pues los equipos para ello en el municipio no están disponibles.

Quien conoce cuán difícil es el traslado entre territorios en Cuba, por dificultades con el transporte, puede comprender la urgencia de esa madre: los impedidos físicos tienen prioridad y consideraciones en el sistema de transporte estatal del país.

¿Decisiones por cuenta propia?

Parece una historia de cacicazgos, tal como lo cuentan Idoralino Teófilo Palacio, Yordán Roque Álvarez y Luisa Solís Luna, de calle Maceo y Eduardo Chibás, en el poblado avileño de Falla.

Señalan que hace un tiempo, un directivo del policlínico Camilo Cienfuegos comenzó a hacer regulaciones del agua potable, con fines de ahorro. Y meses más tarde decidió dejar a la comunidad de vecinos sin el preciado líquido por decisión propia, alegando roturas y problemas falsos.

Argumentan que el pozo da servicio a la comunidad desde 1970, y los vecinos han contribuido siempre a mantenerlo en forma, tras roturas. Llevan nueve meses sin agua. Y han visto al delegado del Poder Popular, al presidente del Consejo y a otras autoridades del territorio.

Pero los oídos son sordos. De ser preciso tendremos que llevar el asunto a Tribunales, concluyen.