Acuse de recibo
La Oficina de Atención a la Población del Comité Central del Partido envió a Juventud Rebelde la respuesta de Omar Ruiz Martín, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, relacionada con la denuncia de Mario Borrego, del municipio yumurino de Perico, aparecida aquí el pasado 8 de diciembre.
Recordemos primero como antecedente lo que Borrego contaba entonces: El 14 de julio le fueron conferidas a él tierras, en cumplimiento del Decreto Ley 259, que ampara la entrega en usufructo de suelos ociosos a quien desee hacerlos productivos. Y al tratar de ocupar el terreno concedido, observó que un ciudadano realizaba inversiones en el mismo.
Borrego acudió incesantemente a la Delegación Municipal de la Agricultura, y por más gestiones hechas, el pasado 15 de noviembre, cuando escribiera a nuestro diario, el ocupante continuaba plantado allí y haciendo sus inversiones. Borrego, aún con su certificación de tenedor de la tierra, nada podía hacer, sumido en la incertidumbre.
Al respecto, precisa la respuesta de Omar Ruiz Martín que desde el 1ro. de diciembre se realiza, por una comisión provincial presidida por el Partido, un control del proceso de entrega de tierras en usufructo visitando a los propios beneficiados con el decreto Ley 259.
No obstante, precisa, para estudiar la denuncia de Borrego, se creó una comisión, integrada por el propio primer secretario del Partido en la provincia, el miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la esfera agroalimentaria, el Fiscal Jefe y un especialista de la Fiscalía Provincial, el delegado provincial de la Agricultura y el primer secretario del Partido en el municipio de Perico.
Se revisaron los expedientes de las solicitudes de tierra hechas en los campos de la Finca Primavera, con un área de poco más de diez caballerías en la Empresa de Cultivos Varios Máximo Gómez. Se visitó la finca objeto de la queja, con la presencia del propio Borrego, quien fue entrevistado. Y se revisaron las actas de la Comisión Agraria Municipal y del Buró Municipal del Partido.
La comisión comprobó que Borrego tenía toda la razón; y que los funcionarios de la Delegación Municipal de la Agricultura de Perico no brindaron al caso la atención que merecía. Verificó también que existían las inversiones del ocupante, mencionadas en la denuncia: una cerca perimetral, una corraleta para animales y un pozo para agua.
La carta enumera las principales violaciones cometidas en este caso:
La primera es de la Oficina Municipal del Registro de la Tierra de Perico: siete personas habían solicitado una caballería per cápita de la Finca Primavera. Y la Oficina no requirió la medición de esos terrenos, para que Geodesia determinara las dimensiones y linderos de cada una de las siete caballerías.
Con esa violación del decreto 282, al no tener en seis de las solicitudes el certificado de catastro —censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas—, el expediente no se concluyó. Y así no debió ser elevado al Delegado Municipal de la Agricultura por parte del jefe de la Oficina Municipal de Control de la Tierra.
A su vez, el Delegado Municipal de la Agricultura no podía presentar el expediente a la Comisión de Asuntos Agrarios para su análisis y aprobación. Este último órgano auxiliar debió denegar la aprobación hasta tanto no se acompañaran todos los elementos. Y el delegado no debió entregar tierras que no estaban correctamente delimitadas y ubicadas.
Tampoco la Oficina de Geodesia del municipio visitó las tierras de cada solicitante, para definir con exactitud su ubicación y linderos. Se emitieron catastros de gabinete en los que solo constan los linderos. Y ello impidió que los usufructuarios y las autoridades pudieran establecer la proporción de terrenos de cada uno, y se les ubicara en los mismos.
En suma, se violaron las indicaciones del Ministerio de la Agricultura, de 3 de noviembre de 2008, que disponen que cada solicitud se considerará expediente solo si contiene la declaración jurada, el aval y la ubicación exacta de las tierras, emitida por Geodesia.
Se desconoció la indicación de que, en el acto de notificación de la Resolución, se acuerde por la Comisión, integrada por miembros de la Delegación de la Agricultura, la Empresa y la Cooperativa de Créditos y Servicios a la que se afilien o vinculen los usufructuarios, una fecha para visitar la finca, y acordar in situ los diversos aspectos del convenio, uno de los cuales es la dimensión estricta de las tierras y su ubicación física. De haberse hecho, cada usufructuario de la Finca Primavera hubiera conocido los límites de sus tierras, y se hubiera evitado que alguien tomara parte de las que no le pertenecían.
La Comisión Agraria Provincial ya el 10 de diciembre le había dado solución al problema, delimitando el área de cada uno de los usufructuarios, incluyendo a Mario Borrego, quien recibió la que inicialmente solicitara y le fuera otorgada por la Agricultura.
«Como resultado de esta investigación —señala Ruiz Martín— se determinaron las siguientes responsabilidades: El Buró Municipal del Partido, por no ejercer el control debido de la aplicación del Decreto Ley 259; la Delegación Municipal de la Agricultura, por ser responsable de las violaciones señaladas en el informe; la Dirección de Geocuba del municipio, por no cumplir con su obligación principal en este proceso; la Dirección de la Empresa de Cultivos Varios Máximo Gómez, por la responsabilidad que tiene en la ubicación de los usufructuarios de tierras y en el proceso de notificación; el Buró Municipal de la ANAP, al Delegado Provincial de la Agricultura y el miembro del Buró del Comité Provincial del partido que atiende la Esfera Agroalimentaria».
Las medidas propuestas son la separación definitiva del cargo del Subdelegado Municipal de la Agricultura que atiende la tierra; la democión definitiva del cargo del Delegado Municipal de la Agricultura; y la democión del cargo por seis meses de la jefa del Registro Municipal de la Tierra.
También se incluyen la democión por un año al cargo de instructor al miembro del Buró del Partido en el municipio que atiende la Agricultura; y amonestaciones al miembro del Buró Agroalimentario del Buró Municipal de la ANAP, al Delegado Provincial de la Agricultura, al miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la Agricultura; así como un señalamiento crítico al Buró Municipal del Partido en Perico.
Refiere también que la Dirección Provincial de Geocuba fue informada de las irregularidades cometidas en este caso, para que delimite responsabilidades en el mismo. Y precisa que se realizará el análisis político en los núcleos del Partido, en los casos que corresponda.
Señala Ruiz Martín que, más allá del caso, se le indicó a la comisión que está efectuando el control en Perico, continuar profundizando en la revisión de todos los expedientes, para determinar las irregularidades que puedan existir en la documentación, y en la aplicación del decreto Ley 259 y su reglamento en el terreno.
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