Acuse de recibo
Allá en la calle 10 número 4-A, entre 27 y 31, en el Central España Republicana, del municipio matancero de Perico, Mario Borrego se entusiasmó con hacer parir la tierra, a raíz de la aprobación del Decreto-Ley 259, que ampara la entrega en usufructo de suelos ociosos a quien quiera sudar por el alimento de la nación.
En mayo de 2009 hizo su solicitud, y ya en julio recibió la Resolución 126, por la cual se le concede una caballería, cuyos linderos están bien delimitados. Se le emitió certificación de tenedor, inscripto con el número 1897692, de fecha 14 de julio de 2009.
Pero al tratar de ocupar el terreno concedido, observó que un ciudadano había comenzado a realizar inversiones en el mismo. Entonces Mario recurrió al delegado municipal de la Agricultura en Perico, para que interviniera en el asunto.
«De ahí en lo adelante —afirma—, he concurrido al mismo cada vez que observaba que se continuaban los trabajos sin que se determinara paralizarlos. En total han sido nueve visitas hasta la fecha».
Acuciado ya por la incertidumbre, Mario presentó sus inconformidades a la Presidencia de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Y de inmediato se personaron en su hogar funcionarios de la Delegación municipal. Prometieron que volverían para dar solución al caso y medir la tierra concedida a él. Pero eso no había sucedido hasta el pasado 26 de noviembre, cuando me escribió.
El 24 de noviembre, representantes de Acopio y de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) visitaron a Mario para confeccionar su plan de entrega de producción. El mismo quedó conformado, aun cuando él aclaró que tiene la tierra en documento legal, pero no en sus manos.
Mario está sumido en la incertidumbre, y agotado por las gestiones. Solo le queda la esperanza de que, al revelarse su caso, alguien ponga las cosas, más bien la tierra, en su sitio.
Es inaudito que suceda tal irregularidad en un programa tan estratégico del país, y que demore tanto en repararse el error. Pensando lo mejor, si la causa es que se adjudicó mecánicamente el mismo terreno a dos optantes, ya era tiempo suficiente para que se hubiera enmendado la ambigüedad.
Mario tiene en su poder los documentos que lo acreditan como usufructuario de esa tierra. Solo le falta que la pongan en sus manos para labrarla y contribuir a la economía del país. Al condumio de todos.
Es más difícil un trámite de división de una vivienda que un matrimonio mal llevado; le consta a Pedro Castañeira Arcia, vecino de Real 75-A, entre San Pedro y Toscazo, en la ciudad de Santa Clara.
Cuenta él que en 2006 contrató a un abogado para realizar los trámites de división de la casa, por divorcio, según Resolución 620. En 2007 estuvieron los resultados del abogado, y se presentó todo en la Dirección Municipal de la Vivienda, con la Resolución 1771 de 2007, a nombre de Pedro y de Emilia L. Planas, su ex cónyuge.
Pero todo ha sido «peloteos» de aquí para allá. La Resolución tenía errores. «Abrió un trillo» entre Vivienda y Notaría para las subsanaciones, y continuaban los errores. Vuelve para atrás, y así sucesivamente… Hasta la última subsanación el 9 de diciembre de 2008. Y aún Pedro no tiene respuesta.
En septiembre pasado retorna y le dicen, para colmo, que demoran los trámites (¡…!).
«Tengo necesidad urgente de terminar mi división para obtener la libreta de abastecimiento —sostiene Pedro—. Para ejercer mis derechos como propietario de lo que me corresponde. Todo esto lo entiendo como una falta de respeto, un maltrato».
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