Acuse de recibo
La protección del medio ambiente acaba de ganar una batalla con la interrupción de los procesos productivos en la fábrica de ladrillos de La Pedrera, Bayamo, Granma; luego de la denuncia de Margarita Reyes en nombre de los vecinos de la comunidad, reflejada aquí el pasado 8 de febrero.
Lo anterior trascendió en la carta de respuesta de la doctora Iris Betancourt, delegada del CITMA en ese territorio, suscrita también por la doctora Kenia González, directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, y Reynaldo Núñez, director en Granma de GECA, entidad del Ministerio del Azúcar a la cual pertenece la fábrica.
La misiva señala que, si los resultados del proceso de evaluación del impacto ambiental que se lleva a cabo, indicaran la imposibilidad de continuar ejecutando la actividad productiva de esa industria, sería necesaria la reubicación de la misma.
La respuesta da la razón a la demanda de Margarita, quien entonces denunciaba aquí la contaminación que ha traído la industria para los vecinos, en cuanto al hollín, la quema de neumáticos y el petróleo en los hornos de cocción. Ni múltiples gestiones en el territorio, ni denuncias del ecocidio en el periódico local La Demajagua un año atrás, habían logrado neutralizar el impacto medioambiental.
La respuesta detalla que, luego del proceso investigativo en el terreno, se concluyó que «considerables partículas de hollín procedentes del horno de GECA se depositan sobre las personas, los animales, las plantas y el agua, causando molestias a algunos habitantes del lugar y posibles afectaciones a la salud humana».
Y reconoce el carácter recurrente de la queja de los vecinos. Al propio tiempo acepta que las medidas tomadas anteriormente, como elevar la altura de la chimenea y mejorar los quemadores, no fueron efectivas. El horno, a 30 metros de las primeras viviendas, provoca serias afectaciones y se encontraron evidencias de contaminación con restos de fuel oil de patios, árboles, techos de viviendas, con el potencial peligro de afecciones respiratorias para los vecinos.
También la circulación, por una vía sin pavimentar, de vehículos pesados que transportan áridos y otros materiales de centros cercanos, provoca contaminación atmosférica. Dada la importancia de esas producciones, se le dará seguimiento al problema con un conjunto de medidas, indica la respuesta, pero no precisa cuáles.
Agradezco la respuesta y la ágil resolución —esta vez— para preservar a los vecinos y el entorno por encima de la rutina productiva de la fábrica.
La segunda carta es la respuesta de Belinda Marcia, jefa de la Oficina de Atención a la Población del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a la queja de Ernesto Martín, reflejada aquí el 8 de enero pasado.
Entonces, Ernesto, jardinero del Parque Lenin, en la capital, denunciaba irregularidades y pérdidas en cuanto a la tarjeta SNC-225, que atestigua los años laborados de un trabajador, en su caso y el de otros empleados de esa entidad. Precisaba que la administración se había comprometido a resolver el asunto, pero hasta entonces nada se había logrado. Y como él intentaba cambiar de trabajo, necesitaba tener en forma ese documento.
Señala la funcionaria del MTSS que, a raíz de lo publicado, se le orientó a la Dirección Provincial de Trabajo de Ciudad de La Habana que se personara en dicha empresa y corroborara lo denunciado. Como resultado, «se comprobó no solo que la situación de Ernesto era real, sino además las mismas irregularidades en otro número de tarjetas, que carecían de actualización. La Dirección Provincial indicó a la Dirección Municipal de Trabajo de Arroyo Naranjo realizar una revisión integral del cumplimiento de la Resolución 8 del 2005 sobre Política de Empleo a esa instalación, cuyos resultados le comunicaremos una vez finalizada la misma».
A Ernesto se le actualizó su tarjeta SNC-225, y así, por solicitud propia, pudo tramitar su baja de esa entidad. Al final, esta historia alerta a cualquier administración: no se puede descuidar «ni un tantito así» —como decía el Che—, algo tan sagrado como el registro de los años laborados por un trabajador. ¿Quién habrá perdido lo que tanto costó? ¿A quién pedirle cuentas?
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