Acuse de recibo
Un buen día, usted puede amanecer con la noticia de que alguien, en nombre de cierta institución, organismo estatal o estructura de gobierno, y tratando de resolver un problema, le cree uno mayor a su vivienda, «sin comerla ni beberla», como reza el dicho.
Bien lo sabe María de los Ángeles Jiménez O’ Farrill, allá en Gonzalo de Quesada 105, entre Calixto García y Carmen Ribalta, en la ciudad villaclareña de Sagua la Grande. Ella lleva cinco años de gestiones infructuosas de aquí para allá por un daño ajeno a su casa.
Cuenta la lectora sagüera que el 21 de junio de 2002 se desplomó el techo de la vivienda colindante a la suya. Y la delegada de la circunscripción, previendo el peligro que según ella existía, ordenó amarrar un cable tirado de un camión a la ventana del inmueble afectado. Pero cuando el camión haló, destruyó el frente de la casa de María de los Ángeles, y ocasionó el desplome de una parte del techo.
La demandante, quien no tenía problema alguno con su vivienda, ha caído durante cinco años en el laberinto de las complicaciones por una decisión ajena, que quizá requería del fundamento y la aprobación de técnicos en demolición.
María de los Ángeles ha visitado en innumerables ocasiones la Dirección Municipal de Vivienda y la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda, y se ha quejado ante el Gobierno en el municipio y la provincia. Y nada ha resuelto. «Ahora estamos en temporada ciclónica, y mi estado constructivo provocará una tragedia si siguen cerrados los oídos receptivos», sentencia la afectada.
No menos disgustado está Jorge Luis Pérez, allá en Pasaje Abelló 25307, entre A y Final, reparto Tejas, en el Diezmero, municipio capitalino de San Miguel del Padrón.
Relata Jorge Luis que por el fondo de su casa fluye el río Diezmero. Y en 2006, una brigada de saneamiento de ríos, perteneciente a la Dirección Provincial de Servicios Comunales, utilizó un buldózer para realizar allí labores de limpieza.
Todo se complicó cuando ensancharon la zanja y redujeron el límite entre el río y la casa, labor que, según el denunciante, debió tener un asesoramiento técnico. Con el tiempo, se han producido deslaves, porque el río se está llevando su patio. Lo que queda de franja apenas son escasos 50 centímetros. Y Jorge Luis teme que se provoque un derrumbe en la parte trasera de la vivienda. ¿Quién responde por este daño?
Una denuncia similar hace Mayra Hernández Cid, vecina de Castillo 62, entre Estévez y Santa Rosa, en el barrio El Pilar, del municipio capitalino del Cerro.
Refiere la lectora que desde el año 2000, en la esquina de su casa se depositaba la basura de la cuadra en los correspondientes tanques. Y por indisciplinas crónicas de la comunidad, los tan conocidos robos de las ruedas de los contenedores y la escasa capacidad de estos para el volumen de desechos generados, la gente comenzó a verter la basura en el piso. Ya es un lamentable hábito.
Entonces, la recogida la hace Comunales con las conocidas «palitas». Un mal día, una de estas rompió la puerta del garaje de su casa. Gestiones en el Poder Popular y Comunales en el municipio, sin resultado alguno.
Esa familia tuvo que costear la puerta dañada, sin más ni más. Y como si fuera poco, el pasado 5 de julio una palita en evoluciones de recogida se proyectó contra el muro de la casa y lo rompió en parte. Ya era suficiente como para no permanecer impasibles. Fueron a la estación de Policía a hacer una acusación, y está pendiente el juicio correspondiente.
Pero el colmo fue que el pasado 17 de julio, cuando Mayra llegó a su casa, se encontró con otra parte del muro roto. «Se podrá imaginar cómo me siento. ¿Es que voy a tener que dejar mi trabajo para vigilar que no me rompan más el muro?».
Con razón, Mayra tiene que rebelarse contra tanto irrespeto, sin atención y respuesta efectiva para con quien ha sido perjudicado. ¿Es que las obligaciones de la entidad para con los afectados se lanzaron al imperdonable basurero de los vecinos, y se las llevó la palita destructora?
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