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Cuba se encuentra en medio del proceso mediante el cual se elegirán más de 11 000 jueces legos para los diferentes niveles de impartición de justicia, dieron a conocer este miércoles, autoridades relacionadas con la selección de esas personas con capacidades para representar al pueblo dentro del Sistema de Tribunales.
Según reportó la Agencia Cubana de Noticias, en conferencia de prensa realizada en la sede del Tribunal Supremo Popular (TSP), su vicepresidenta, Farah Saucedo Pérez, definió este proceso como un ejercicio genuinamente popular, en el que participarán las organizaciones de masas y estudiantiles y todos los sectores sociales, para identificar las posibles propuestas y conformar las candidaturas.
Aclaró que esa práctica de designación de jueces legos, sin restar importancia a los profesionales del Derecho, sirve para incorporar un plus de experiencia al desempeño de los tribunales y considerar sus conocimientos a la hora de sopesar la gravedad de los delitos cometidos y su consiguiente respuesta judicial.
Corroboró que estos jueces participan en la impartición de justicia en las mismas condiciones que los profesionales, por lo cual demandan una preparación igual de detallada y minuciosa para garantizar la calidad del juicio.
Leobanys Ávila Góngora, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores, detalló que esto da cumplimiento al Acuerdo 37-X del Consejo de Estado, del 17 de julio de 2023, que aprobó convocar la elección de esas figuras legales. Explicó que el proceso se ha organizado en cuatro etapas que culminarán en febrero del próximo año con la realización de las asambleas municipales del Poder Popular para someter las candidaturas a elección.
Entre otros requisitos se exige ser ciudadano cubano, mantener una buena actitud ante el trabajo y la actividad social, gozar de un buen concepto popular; para el TSP tener cumplidos los 30 años y para los niveles municipales y provinciales, la edad requerida es de 18 años, agregó.
Ávila Góngora aseguró que la correcta elección de las personas encargadas de desempeñar esas funciones supone una garantía fundamental para la participación popular en la impartición de justicia.
