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Si algo demostró la intensa jornada del 6to. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su 9na. Legislatura es que la nueva Constitución de la República marca el rumbo ascendente de la institucionalidad en el país y el fortalecimiento de nuestro Estado socialista de derecho.
Ello se evidenció al aprobarse las leyes de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular y del Consejo de la Administración Municipal, luego de un amplio proceso de análisis y debate realizado en varios momentos durante los últimos meses y decenas de opiniones obtenidas a través del correo electrónico y la página web del Parlamento.
Minutos antes de la aprobación de estas normas jurídicas Nancy Acosta Hernández y Liliam González Rodríguez, jefa y vicejefa de la Oficina de Atención a las Administraciones Locales del Poder Popular del Consejo de Ministros, respectivamente, expusieron cómo quedaron los documentos y su trascendencia para el nuevo contexto que vive el país.
En la jornada también fueron presentados los dictámenes que avalan ambas legislaciones y como dijo Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, a partir de este momento uno de los mayores retos radica entonces en aplicar, de manera responsable y objetiva, los preceptos recogidos en ambas leyes.
Nuevo conograma legislativo
También este jueves fue analizado el cumplimiento del cronograma legislativo aprobado en 2019, el cual constaba de 39 leyes (25 derivadas de la Constitución, 11 de los lineamientos y tres propuestas por organismos de la Administración Central del Estado) y 31 decretos leyes (tres responden a los preceptos de la Constitución y 28 a Lineamientos).
Según explicó Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia, ese intenso proceso exigía la realización de varias sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional y de espacios de estudios y debates para la definición de las políticas y anteproyectos de normas jurídicas; sin embargo, la COVID-19 provocó la suspensión de actividades e impidió que se realizara la sesión ordinaria de julio último.
Añadió, que no obstante, los grupos de trabajo encargados de la preparación de las políticas y normas jurídicas continuaron su labor. Precisó que ello llevó a que en octubre último se aprobaran cuatro leyes y ahora dos más. De esa forma, de las 14 leyes planificadas para 2020 quedaron pendientes ocho.
De las que responden a las Disposiciones Transitorias de la Constitución, el Ministro informó que se venían trabajando en todas, «pero la imprevista situación sanitaria determinó la necesidad de dar prioridad a aquellas que regulan la organización y el funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno».
Detalló que las restantes presentan un significativo adelanto en la elaboración de las políticas y los proyectos, lo que permitirá concluir el proceso el próximo año, en correspondencia con el nuevo cronograma legislativo. Agregó que de las 33 leyes pendientes se propone la aprobación de 25 en el período 2021-2022, incluyendo normas jurídicas previstas como decretos leyes.
Código de familia ajustado al país
Sobre la política del Código de las familias, el Ministro de Justicia precisó que desde 2019 se ha trabajado intensamente en este tema por un grupo de reconocidos especialistas de diferentes áreas, y actualmente ya está aprobada y se avanza en la elaboración del anteproyecto de la norma jurídica.
Sin embargo, como él dijo, se requiere de mayor tiempo para profundizar en conceptos e instituciones jurídicas que permitan dotarnos de un Código imprescindible en el contexto actual y perspectivo de la sociedad. Con ese fin, la Asamblea Nacional aprobará una Comisión que amplía el proceso de estudio y de consulta, en cumplimiento de la Disposición Transitoria decimoprimera de la Constitución.
En relación a la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, tomando en cuenta la reciente creación de nuevas estructuras del Estado y el Gobierno y la situación demográfica de nuestro país, es necesario profundizar en el análisis y consulta de dicha norma.
Ajustes necesarios
En relación con los decretos-leyes planificados para 2020 resultaron aprobados 11, además de 14 que no estaban en el cronograma. Ello permite afirmar que el Consejo de Estado tuvo también una intensa actividad legislativa.
De los cinco que no fueron aprobados, el Ministro dijo que fue modificado el rango normativo de tres de ellos: Sobre Ordenamiento Territorial, Urbanístico y la Gestión del Suelo, Sobre el Patrimonio Estatal y Sobre Derechos de Manifestación y Reunión.
Silvera Martínez recordó que el 6 de junio de 2020, el Consejo de Estado dispuso la regulación como decreto de la norma jurídica sobre Producción industrial de alimentos y bebidas. Además, informó que el Decreto-ley de Bienestar Animal será sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero de 2021.
A su vez, se propone modificar la ley el rango normativo del decreto-ley Para la protección de datos personales, previsto para aprobación en febrero de 2020. Y, en relación con el decreto-ley Para la comercialización de productos agropecuarios, previsto para septiembre de 2021, se decidió en su fase de elaboración modificar su rango a decreto, actualmente en proceso de circulación por la secretaría del Consejo de Ministros.
Se adiciona para el período 2021-2022 la aprobación de 15 nuevos decretos leyes.
Importantes ejercicios de control
LA ANPP en uso de las atribuciones que le están conferidas y a tono con la nueva Constitución de la República, propuso conocer y evaluar en el 7mo. Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura, el informe de rendición de cuenta del Gobierno provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus.
Homero Acosta Álvarez, secretario del Parlamento, dijo que para ello se evaluarán los resultados económicos de la provincia, con énfasis en el programa alimentario, los servicios a la población y el uso eficiente del presupuesto, y la implementación de la estrategia económica y social a nivel local.
En otro momento, el órgano supremo del Estado también aprobó que se realice la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, y para dirigir este proceso se designa a la comisión permanente de trabajo Industria, Construcciones y Energía del Parlamento. Además, participa la comisión de Asuntos Económicos.
Electo miembro del consejo de estado
Al comenzar la sesión de trabajo, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, informó a los diputados que, en cumplimiento de lo establecido, se efectuó la votación y escrutinio de los votos resultando electo miembro del Consejo de Estado, el diputado Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR.
Al invitar al también Héroe de la República de Cuba a ocupar su escaño —tras su elección con el ciento por ciento de los votos—, Lazo Hernández expresó que «el resultado de esta votación constituye una muestra más del reconocimiento que le tenemos y sabemos que en esta responsabilidad, aportará su experiencia y compromiso revolucionario».
El 2021 se nombrará Año 63 de la Revolución
Agotados los asuntos previstos en el orden del día de la Asamblea Nacional, Lazo Hernández propuso, como es habitual en la última sesión del año del Parlamento, que el nombre del 2021 sea «Año 63 de la Revolución», lo cual fue aprobado por los diputados.
