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El embajador de la Unión Europea en Cuba Alberto Navarro. Foto: Tomada de la página web de la Embajada de la UE Autor: Tomado de Internet Publicado: 12/02/2020 | 12:20 am
Que el bloqueo integral de Estados Unidos afecta no solo a los cubanos es una certeza tan compartida como la indignación que sus medidas provocan en terceros que cada vez se ven más involucrados en el cerco irracional dictado desde la Casa Blanca. La reciente aplicación del Título IV de la Ley Helms-Burton, que cierra las fronteras del «sueño americano» a responsables de compañías —y a los miembros de su entorno familiar— que «trafiquen» con bienes expropiados por la Revolución Cubana, va poniendo, a sus blancos, nombres y apellidos.
Uno de estos «objetivos colaterales» es Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente y primer ejecutivo de Meliá, la compañía española que administra en Cuba 35 hoteles y 14 000 habitaciones. El informe del periodista Mauricio Vicent, publicado el lunes en el sitio web del periódico El País, refiere la causa de esta sanción del Departamento de Estado norteamericano a este ciudadano, y esta familia, de otra nación: su participación en la gestión de dos hoteles cubanos del norte de Holguín, ubicados en terrenos que la Revolución expropió a los terratenientes Sánchez Hill.
A la sazón, El País entrevista a Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba, quien afirma que eso «es una barbaridad. Si la ley Helms-Burton es de por sí ilegal por su carácter extraterritorial, el Título IV es además inmoral e inhumano, una aberración, ya que afecta a los familiares inmediatos de los sancionados, algo inaudito, pues ni siquiera las penas por los peores delitos, como el asesinato, se transmiten a los hijos. En el caso de Meliá, además, se viola el principio de la presunción de inocencia, ya que ningún tribunal estadounidense ha fallado en su contra».
El real eje del mal de este mundo —que asegura los giros en la veleidosa silla del Salón Oval— desencadenó el cuarto título de la Helms-Burton junto con un tercero igual de tenebroso: ese que permite demandar en tribunales estadounidenses a las empresas extranjeras que operen, en suelo cubano, con nuestras «frutas prohibidas».
Meliá es apenas una en la lista de Trump. En la entrevista a El País, Alberto Navarro apunta que, entre la veintena de empresas demandadas, seis son europeas: «…afectadas en distinto grado: las cadenas hoteleras españolas Meliá y NH, los bancos BBVA y Société Générale, y los turoperadores Booking.com, Holanda y Trivago».
La malignidad de esta Ley del garrote está fuera de toda duda. Su pretensión supranacional es justamente la muestra de la metástasis del régimen de la Casa Blanca. Según refiere Vicent en su entrevista, el embajador de la UE en Cuba tiene pruebas de 14 notificaciones similares a la de Escarrer y le ha dicho al periodista que recibió informes de que otras 70 u 80 cartas están listas para ser enviadas por el Departamento de Estado. ¿A quiénes? No hace falta que se diga: a alguien que decidió libremente invertir o comerciar, sin permiso de Washington, en un territorio libre de América.
El periodista vio en el despacho de Navarro una de estas notificaciones y leyó en ella «amenazas que recuerdan al Chicago de los años 30 y no parecen corresponder a la primera potencia mundial». Resumiendo: Washington da 45 días al empresario amenazado para que dimita de su puesto directivo, venda sus acciones en la empresa demandada o ceda a las exigencias de indemnización de los demandantes, bajo «advertencia» de que de no hacerlo en ese plazo le cerraría su entrada a Estados Unidos.
El Embajador, como la Unión Europea, tiene sangre en las venas: «No podemos —afirma en la entrevista— aceptar imposiciones unilaterales que son contrarias a los principios básicos del Derecho internacional y que nos conducirían de vuelta a la ley de la selva. La UE defenderá hasta las últimas consecuencias los derechos de sus ciudadanos».
Dado su cargo, Alberto Navarro es en La Habana, sin ser cubano, un testigo excepcional del bloqueo. Constantemente, empresarios y hombres de negocio le plantean que cada vez el cerco es mayor. «Hay compañías —declara el diplomático a El País— que han creado departamentos específicos para defenderse jurídicamente de la Helms-Burton y también para eludir la persecución financiera».
Alberto Navarro no tiene reparos en decir lo que otros callan: la Helms-Burton «busca crear confusión e incertidumbre sobre Cuba. Disuadir a los empresarios para que no inviertan en la Isla. Que tengan miedo de las posibles sanciones y prefieran irse a otros países». Al cabo, esta ley «solo produce daño a personas inocentes o a quienes de buena fe quieren tener un comercio legítimo con Cuba».
El bloque de naciones que representa en Cuba no está de brazos cruzados: «La UE es hoy, afortunadamente, nuestra mejor defensa. En 1996 llevamos a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por este tema y adoptamos nuestra propia legislación antibloqueo, y si hay que tomar otras medidas se tomarán. Me consta el interés de Bruselas y la dedicación que se le presta al asunto, empezando por el Alto Representante, Josep Borrell, quien conoce muy bien Cuba y este problema. La UE va a utilizar todos los medios a su alcance para defender sus intereses y proteger a sus ciudadanos y a sus empresarios», comentó el diplomático.
