La Convención sobre los Derechos del Niño exige que todas las medidas adoptadas por un Estado en relación con los niños debieran tener como consideración fundamental favorecer los intereses del menor.
Proporciona a los niños los mismos derechos fundamentales y libertades públicas que tienen los adultos en la mayoría de los países desarrollados, exige una protección para los niños contra toda clase de maltratos y pide para estos un nivel de vida adecuado, una buena formación, asistencia sanitaria e incluso diversión.
No es directamente vinculante, pero los Gobiernos que la firman y ratifican deben presentar informes sobre el progreso efectuado en el cumplimiento de tales objetivos.