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Tarjeta roja. Autor: Falco Publicado: 21/09/2017 | 06:41 pm
SANTA CLARA, Villa Clara.— La imposición de 33 111 multas por un valor de más de cinco millones de pesos logró frenar transgresiones en los sectores estatales, de los trabajadores por cuenta propia y el residencial.
Algunos suelen argumentar que las sanciones monetarias aplicadas resultan fáciles de pagar por parte de determinados infractores. El criterio, sin embargo, obvia que hay otras medidas más rigurosas para los reincidentes y que, en definitiva, los controles referidos resultan vitales a fin de evitar la impunidad.
Las más de 55 000 inspecciones realizadas en el territorio hasta septiembre último por la Dirección Integral de Supervisión (DIS) confirman un trabajo sostenido, que abarcó desde la prestación de disímiles servicios a la población, hasta el enfrentamiento a las violaciones de normas higiénico-sanitarias.
Gracias a ese desempeño lograron atajarse indisciplinas que favorecen la proliferación del Aedes Aegypti y el Albopictus —transmisores de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika—, según comentó Niurka Delgado Suárez, jefa de Enfrentamiento de la referida entidad.
Como resultado de las violaciones sanitarias se impusieron en el sector residencial 7 764 multas, con un importe superior a los 479 000 pesos, mientras en el estatal se aplicaron cerca de 2 000 por un valor de 95 880 pesos. Este último sector, que debería ser ejemplo en el acatamiento de las regulaciones, sigue chocando con la misma piedra por falta de un riguroso control de las administraciones.
Entre las infracciones más generalizadas están los tanques destapados, la descarga a ríos y cañadas de basura de todo tipo, salideros de fosas, vertimiento de desechos sólidos y escombros en la vía o lugares inapropiados, y el derrame de aguas limpias o residuales desde viviendas o centros de trabajo.
Del total de las multas referidas en el primer párrafo se aplicaron cerca de 9 000 a los trabajadores por cuenta propia por ejercer una actividad para la cual no estaban autorizados, no contar con la licencia sanitaria o utilizar materias primas de procedencia ilícita para la elaboración de productos, entre otras irregularidades.
En lo que corresponde a comercio interior se comprobaron infracciones en bodegas, casillas, restaurantes, cafeterías, ferias agropecuarias, establecimientos encargados de la elaboración y venta de pan y dulces, comedores destinados a personas de bajos ingresos y mercados agropecuarios.
En la lista de los desaguisados no ha faltado el engaño al consumidor, al cobrarle de más o entregarle menos de lo establecido, o incumplir normas técnicas en la elaboración de productos, falta de listado de precios visible, o comercializar productos con calidad diferente a la establecida.
