La decencia no lleva toga

Producción de materiales de la construcción

«Las manifestaciones de corrupción detectadas en 2014 dan la medida de que este es un problema pendiente que el país se esfuerza en disminuir a niveles tolerables, pues no podemos esperar a que el delito y la corrupción como fenómenos sociales serán eliminados, pero estamos en la obligación de reducirlos para que los casos no impacten el desarrollo económico del país, el bienestar de la población y la institucionalidad».

Estas consideraciones de Reynaldo Cruz Rivera, fiscal jefe del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), dan la medida de la lucha que enfrenta el país contra la corrupción y el delito, un propósito, como muchos, en el que no está ausente la juventud.

Reynaldo Cruz Rivera

Según el jurista, la mayoría de los fiscales del país que se desenvuelven en esta actividad son jóvenes, con experiencia de cinco años en el trabajo y una preparación exhaustiva para poder cumplir con las exigencias de las verificaciones.

Para acercarnos al tema de la corrupción desde una mirada especializada y lozana a la vez, nuestro diario conversó con fiscales que se dedican a la verificación, pues ven en esta práctica un modo preventivo de hallar las causas y condiciones de las violaciones a la legalidad y determinar cómo restablecerla, así como controlar el uso de los recursos económicos y materiales del Estado.

Ninguna de las muchachas con las que dialogamos sobrepasa los 30 años de edad; sin embargo, ya tienen una vasta experiencia en la actividad fiscal. Coinciden en que lo que más les ha cautivado —además de que las verificaciones están encaminadas a velar por los objetivos económicos del país— es la integralidad que les exige su faena, pues pueden transitar desde el estudio de los contratos de una empresa hasta investigar sobre la desaparición de ganado mayor.

Relatan que en muchos sitios verificados terminan agradeciéndoles por su trabajo preventivo aunque, por supuesto, haya personas más receptivas que otras, casi siempre en dependencia del grado de responsabilidad que les implique.

Aclaran que pese a ello la percepción en muchas entidades es que la Fiscalía va a ejercer su acción coercitiva, ignorando el carácter preventivo que caracteriza a las verificaciones y su concepción de ayudar a resolver las dificultades que entorpecen el avance del país.

Junto a la afectación económica

«Estas tendencias perturban desde el punto de vista político e ideológico, pues que no seamos capaces de impedir que estas cosas sucedan genera desconfianza en la población. Generalmente el mayor problema no es el dinero que se perdió, sino el debilitamiento de la credibilidad del pueblo en nuestro sistema y sus dirigentes», subraya Cruz Rivera.

«No existe una adecuada percepción de riesgo de las consecuencias que puede generar este fenómeno, pues no ha tenido la misma repulsa que con la droga, por ejemplo; en la Operación Coraza, en 2003, la participación popular fue masiva.

«Apuesto a que estamos en mejores condiciones para hacer frente al fenómeno de la corrupción, pero debemos aprovechar los espacios adecuados, con intransigencia y sin tolerancia. Tenemos que perfeccionar los métodos de enfrentamiento, porque estamos frente a un mundo donde los destinatarios de nuestras acciones muchas veces tienen más preparación que los fiscales en lo que hacen. La palabra de orden es preparación», resalta el Fiscal Jefe.

Apuntes para conocer

Elaine Barcelar Soler es fiscal jefa en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, y de sus 29 años de edad, seis los ha dedicado a su trabajo. Aunque es penalista de formación, llegó a las verificaciones tiempo después y confiesa que se enamoró de esta especialidad por el rigor y conocimientos que implica.

Elaine Barcelar Soler.

«Nuestra preparación tiene un papel definitorio en el logro de una verificación eficiente, porque definimos las líneas por las que transitará la investigación y conocemos el territorio, con la integración entre la Fiscalía y órganos como el Banco, el Ministerio de Finanzas y Precios, y el Minint, que nos aportan información. Conciliamos nuestros planes con la Contraloría General para no reiterar las acciones», describe.

La interrelación entre las esferas de trabajo de la Fiscalía es otro apoyo importante. De los procesos penales o las quejas de la población se obtiene información constante relacionada con la corrupción. La recién creada línea única facilita la oportunidad de tener a la persona denunciando directamente los hechos por vía telefónica, a veces hasta con las direcciones y datos, relata Barcelar.

La joven fiscal argumenta que lo más importante de la verificación es eliminar las causas que ocasionan las violaciones de la legalidad, para así romper con el carácter cíclico de la corrupción, que se reitera en el tiempo si no se eliminan las condiciones que la favorecen.

Reynaldo Cruz ilustra que desde que comenzó la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución se realizan las verificaciones sectorializadas, comprobaciones dirigidas simultáneamente a una misma actividad (de carácter priorizado) en varios sitios del país. Con esta práctica también han llegado las indicaciones metodológicas para establecer los propósitos de cada investigación.

«Se practican a la vez en todo el país para obtener información uniforme. El objetivo es hacer una fotografía del comportamiento del cumplimiento de la legalidad en un sector y actividad. Aunque los fiscales pueden comprobar cualquier norma en una institución, en las verificaciones sectorializadas identificamos objetivos específicos para que todas se centren en un mismo proceso», puntualiza.

Yenisleidy Pichardo Pomares.

Yenisleidy Pichardo Pomares, fiscal jefa del Departamento General de Control de la Fiscalía Provincial de Mayabeque, tiene 28 años y cinco de experiencia en la práctica. Sostiene que la calidad de las verificaciones fiscales está sujeta a la efectividad del combate a las causas de los fenómenos, pues una de sus principales funciones es el carácter preventivo y educativo, sin que esto excluya la actuación enérgica ante las irregularidades.

Los fiscales han comprobado la venta de productos agropecuarios a la población.

Radiografía del culpable

Reynaldo Cruz potencia como causa coincidente en las violaciones detectadas en 2014 la falta de un ambiente de control en las instituciones económicas, incluso en el caso de las formas de gestión no estatales, en las que ya se han comprobado ciertos desórdenes.

«Cuando hablo de control me refiero al interno, contable y administrativo, que comprende las acciones ejecutadas para mantener la claridad de los hechos económicos de una administración. Pero ocurre que algunos administrativos no conocen lo que sucede porque carecen de mecanismos de control eficientes», apunta el Fiscal Jefe.

«Muchas veces se interpreta el control interno con haber implementado la Resolución 60 de la Contraloría General de la República en papeles y tener el Comité de Control, pero esto tiene que estar instrumentado en la práctica.

«El ambiente de control va más allá de los mecanismos de implementación del control interno, va a la psiquis y al modo de actuar de los trabajadores, e implica que todo el mundo sepa en la entidad que para mover un activo necesita un documento de traslado», ilustra Cruz Rivera.

Otra cuestión común en los lugares es la falta de apego a lo establecido, significa el jurista. Las personas saben que muchas actividades no pueden hacerse, pero confían en que no tendrá trascendencia el incumplimiento. Ocurre igualmente que las acciones de control a veces se practican mucho en un sitio y nunca en otros. Una situación que se repite es que la entidad ha realizado varias acciones de control, y cuando llega la Fiscalía se detectan irregularidades e ilegalidades graves, incluso al extremo de procesos penales, señala el Fiscal Jefe. Entonces las acciones anteriores no fueron efectivas.

Verificaciones en plural y a lo profundo

Annia Hernández Miranda, fiscal del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía Provincial de La Habana, con 29 años de edad y siete de experiencia en la actividad, abunda en que en el proceso de la comprobación se comunica a los involucrados los principales aspectos detectados, y con ello se fija su responsabilidad y se da la posibilidad de que procuren sus descargos.

Annia Hernández Miranda

Luego se pasa a una etapa de reunión de los fiscales y los especialistas que apoyan, junto al Consejo de Dirección y los responsables con los que se tuvo contacto, para exponer las causas y condiciones determinadas durante la acción de control. De ahí se va al cierre de la verificación en la reunión de conclusiones con el Consejo de Dirección para dejar claros los resultados.

Aunque la decisión de las medidas es responsabilidad de la entidad o su nivel superior, la Fiscalía da una recomendación de cómo proceder y se encauza el camino para educarlos en su quehacer.

No menos importante, por su carácter preventivo, tiene la reunión con todos los trabajadores, para que sean informados quienes no estuvieron relacionados con la verificación.

Explica Annia Hernández que luego de la reunión de conclusiones existe un término de hasta 20 días para que la entidad presente su plan de medidas y en un tiempo establecido de hasta 60 días erradiquen la violación de la legalidad. Dicho plan debe contener las acciones que se acometerán a partir de cada violación y el término que tienen los responsables para cumplirlas. La Fiscalía puede tomar cartas en el asunto si no se logran los propósitos.

Meylín García Granado, fiscal del municipio de San Miguel del Padrón, de la provincia de La Habana, fundamenta que en el término de los 60 días el fiscal debe realizar la acción de control nombrada reinspección, destinada al restablecimiento de la legalidad, para comprobar si se practicaron las acciones del plan, y si las medidas disciplinarias impuestas a los responsables tienen correspondencia con la gravedad de los hechos.

Meylín García Granado

Reynaldo Cruz argumenta que el restablecimiento debe organizarse con la seriedad de una investigación, para garantizar que se restauró la legalidad. Sustenta además que persisten debilidades en las medidas disciplinarias.

«En un alto porcentaje de los casos no hay correspondencia entre la violación imputada y la medida impuesta. Las administraciones no las aprecian como necesidad correctiva para quien se equivocó. Deben aplicarse antes que el error aumente y el mecanismo de corrección sea mediante un proceso penal.

«Otra debilidad del restablecimiento es la calidad en los planes, pues no se señala quién hará el trabajo, en qué tiempo, y alguien que controle. El plan no puede confeccionarse por deberes funcionales de los responsables, sino que por encima de estos tienen que ponerse tareas que permitan asegurar que la actividad sea cumplida», ahonda.

Microscopio a 2014

En el informe presentado días atrás por el Fiscal Jefe del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República a la Asamblea Nacional del Poder Popular se hace referencia a las causas y condiciones que fueron factor común de los hechos delictivos y la corrupción en los sectores verificados en 2014, cuando se realizaron 396 verificaciones y se detectaron 2 726 violaciones de la legalidad.

Entre los factores se encuentran la pérdida de principios éticos y valores morales de los responsables, fisuras en el sistema de control interno y deficiencias en la contratación, por solo citar ejemplos colectivos.

Teniendo en cuenta que las principales actividades verificadas en el período fueron el abastecimiento de productos de primera necesidad para la población, los sistemas de inspección estatal, las oficinas de control y cobro de multas, la entrega de tierras ociosas en usufructo y el experimento sobre la comercialización de productos agropecuarios, aparecen otras causas más particulares.

Estas son la falta de sistematicidad y morosidad en la gestión de cobro de multas; la inexistencia de mecanismos efectivos que contribuyan al cumplimiento de los términos en la entrega de tierras en usufructo y de un sistema integrado de inspección para verificar el uso de las mismas; problemas en la comercialización de productos agropecuarios que provocan el alza de los precios; y la carencia de control y supervisión al cumplimiento de las actividades aprobadas para el trabajo por cuenta propia.

Señala Annia Hernández que las principales manifestaciones de corrupción identificadas se distribuyen en grupos de actividades: vinculadas al salario están la falsificación de nóminas y la obtención del dinero a partir de reportes de trabajo falsos. Relacionadas con el comercio y la gastronomía se halló la apropiación de productos alimenticios utilizando subterfugios con las mermas y los faltantes o con la falsificación de las normas de elaboración o inventarios a precio de venta, para los alimentos liberados.

Igualmente se dejaron de ofertar a la población piezas de equipos del programa energético y se verificaron faltantes y mala manipulación de materiales de la construcción. Fueron identificados pagos de altas sumas de dinero a personas naturales o trabajadores por cuenta propia por la realización de trabajos no ejecutados, o contratos con estos particulares concertados, que se ofertan estatalmente a precios inferiores.

Respecto al control del sistema de inspección estatal, en el cobro de multas se detectaron simulaciones de imposición de multas para adquirir pagos por estimulación, cancelación de estas en beneficio de amistades, cobro por personas no autorizadas y la apropiación reiterada del efectivo utilizando comprobantes de pago de otros infractores. Además se omitió la reevaluación de condiciones éticas y morales de los inspectores, y depósitos de dinero ocupado por contravención fueron a unidades no autorizadas.

Relacionado con las formas de gestión no estatal, se detectaron medios adquiridos injustificadamente, pues no estaban relacionados con el objeto social de las entidades, sino que se trataba de beneficios personales. Se practicaron actividades no autorizadas y fueron comercializados productos no permitidos ni declarados.

Además se descubrió la sustracción y venta a precios superiores de combustible, con la manipulación de las tarjetas magnéticas habilitadas y las hojas de ruta de los vehículos; el hurto de ganado por los encargados estatales de controlarlo, que posteriormente legalizan a nombre de un familiar; la exigencia o recibo de dádivas para legalizar trámites en las direcciones municipales de Vivienda o de Planificación Física, y ventas de terrenos estatales simulando la concesión del derecho perpetuo de superficie para beneficiar a terceras personas.

«En los procesos de contratación vimos que no se cumplen los procedimientos de licitación y selección dentro de la cartera de proveedores, con el propósito de obtener ganancias beneficiando a un proveedor que generalmente se mantiene en las negociaciones», agrega Hernández.

Cruz Rivera resalta que estas manifestaciones son las relacionadas con la economía interna, pues la externa presenta fenómenos de índole más compleja. Con la implementación de la Ley de Inversión Extranjera, en diciembre de 2013, la Fiscalía General creó la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, para la investigación y procesamiento de personas que incurren en faltas graves, fundamentalmente en estos ámbitos.

El Fiscal Jefe ubica como violaciones en el plano exterior la concesión de contratos para favorecer a los socios extranjeros en perjuicio de la economía cubana, errores en la licitación de los contratos para favorecer a un socio extranjero a cambio de conseguir algún beneficio, y la falta de contrapartida entre el que negocia y el que dirige la actividad.

Catalejo hacia 2015

Cada año se realizan alrededor de 600 acciones de control, que incluyen verificaciones e investigaciones fiscales; el 90 por ciento se dirige a los sectores priorizados por el país y la otra parte va a los intereses locales. Sin embargo, precisa el Fiscal Jefe que a partir de 2015 alrededor del 20 por ciento se dejará a los territorios por la importancia de solucionar instantáneamente problemas de la ciudadanía individual, y de que las fiscalías provinciales decidan sus prioridades.

«En octubre de 2014 se publicó en Juventud Rebelde un texto sobre el faltante de ganado mayor en Villa Clara, con información de un inventario. A partir de ahí la Fiscalía Provincial se ocupó de profundizar para establecer causas, condiciones y responsables. Casi se está terminando el trabajo; existe un número importante de personas detenidas y se han recuperado animales perdidos. Todo esto fue a partir de una urgencia del territorio», puntualiza.

Los derroteros nacionales de este año ya se han fijado en ocho temas, que abarcan el proceso inversionista y las entidades productoras de materiales de la construcción, los convenios porcinos y los combinados cárnicos del Ministerio de la Industria Alimenticia.

Explica Cruz Rivera que aunque llevan cuatro años verificando la entrega de tierras en usufructo, este año se continuará en ello, pues se han detectado funcionarios vendiendo el derecho de tierras en usufructo, continúa un número importante de usufructuarios sin sembrar lo que el país necesita y hay procesos del otorgamiento demasiado retrasados. Estas irregularidades no pueden permitirse en una actividad que garantiza alimento a la población.

Igualmente se seguirá trabajando en el sacrificio ilegal de ganado mayor, porque el país se encuentra en una meseta estable de pérdida de masa ganadera que no se ha podido bajar. Apunta el Fiscal que este es un hecho muy corruptor, asociado a la situación económica y a las deficiencias en la oferta a la población. Se continuará verificando a las cooperativas no agropecuarias, dado el hecho de que varias se han desviado de sus principios.

Se incorporará entonces para 2015 la verificación de la concesión y utilización de créditos bancarios a personas jurídicas, pues existen ejemplos en los que se ha utilizado para el anticipo de los trabajadores y no para las reparaciones por las que se solicitó.

Con estas comprobaciones y las que surjan de acuerdo con las urgencias de cada territorio, el país y la Fiscalía General de la República apuestan a que no sigan escapando esfuerzos y recursos por los resquicios que abren a la legalidad del país los hechos delictivos y la corrupción.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana