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SANTA CLARA, Villa Clara.— Todavía hay quienes esgrimen que no sabían esto o lo otro cuando incurren en transgresiones de lo establecido para el control de los recursos materiales y financieros, y no se puede seguir pasando la mano o aceptar la excusa del desconocimiento cuando hay quienes han tomado todos los cursos del mundo y no acaban de aprender, enfatizó aquí la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, al resumir la reunión de análisis del trabajo de la contraloría de Villa Clara.
Bejerano Portela enfatizó que resulta imprescindible crear una cultura del control, que es una cuestión de todos los días, y con más rigor y sin extremismo, porque esta manera de actuar resulta clave para la prevención del delito.
Luego de significar que se han constatado progresos en ese frente, precisó que el máximo responsable del control es el dirigente administrativo que está al frente en cada lugar.
Este, agregó, debe tener al auditor subordinado directamente a él, porque hay veces que lo ponen a realizar cualquier función menos aquella para la que está concebido.
Bejerano Portela reconoció el progreso experimentado en la cooperación entre las entidades encargadas de fiscalizar el buen uso de los recursos estatales y ponderó la calidad y experiencia de los auditores.
Recordó que ahora se cuenta con la Norma Cubana de Auditoría, confeccionada con un alto nivel de consulta y teniendo en cuenta la experiencia en ese campo del país.
Dijo que cuentan con un plan anual para auditar distintas entidades, pero si en determinado lugar cometen un delito, jamás se podrá esgrimir que esa empresa no estaba contemplada. Lo que tenemos que dar es una respuesta rápida, independientemente de que la revisión de dicho lugar esté o no en el programa inicial.
Por ultimó, reconoció el trabajo estable y eficaz de Villa Clara en el enfrentamiento al delito y la corrupción, que conlleva hacerlo con honestidad y transparencia.
Durante el pasado año la Contraloría Provincial realizó 30 auditorías donde detectaron 14 probables hechos de delitos y de corrupción con daños económicos de consideración.
