26
Como ya se conoce, la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer este lunes, la desestimación del caso de los Cinco. Al hacerlo no se tomó ningún esfuerzo, sino que simplemente lo incluyó en el informe público que emite habitualmente todos los lunes por la mañana (de octubre a junio) en el cual da a conocer los casos que acepta para ser revisados o los que desestima sin explicar razones. Así de sencillo, en ese trámite de rutina, se fue de «golpe y porrazo» la poca dignidad que podía quedar al más alto tribunal de justicia del país más poderoso del mundo.
«Justicia igualitaria al amparo de la ley», reza la frase esculpida en bronce sobre la entrada principal del edificio de la Corte Suprema en la fachada oeste, frente al Capitolio, que enuncia, según los profesores norteamericanos, la responsabilidad de esa institución en asegurar al pueblo estadounidense la promesa de una justicia igual para todos.
Cuánta hipocresía en la parafernalia fantasiosa que rodea el mito de la justicia norteamericana. Y es que, a pesar de lo complicado que resulta el sistema judicial norteamericano, en especial el llamado Recurso de Certiorari (o de revisar) para decidir cuáles casos examinar por la Corte Suprema, no había que ser un estudioso del Common Law para darse cuenta que estaban presentes en el caso de los Cinco todas las razones por las cuales la Corte Suprema debía admitir el caso y pasar así a la próxima etapa de revisión para ser considerado y luego pronunciarse sobre el fondo de los aspectos planteados.
Dicen los manuales, libros y tratados del Derecho norteamericano, y hasta las publicaciones de la Corte Suprema que esta suele admitir muy pocos casos y que se detiene solo a examinar aquellos en los cuales hay cuestiones importantes de Derecho, o división de opiniones de la autoridad legal (votación dividida entre los jueces de una misma corte o voto particular de alguno de ellos), interpretaciones contradictorias de las cortes inferiores y una importancia legal que trascienda el interés de los litigantes. Todas esas razones legales y políticas están presentes en el caso de los Cinco.
Entre las cuestiones más importantes de Derecho que pueden plantearse ante un tribunal en Estados Unidos, en especial ante la Corte Suprema, está precisamente la falta de un jurado imparcial, la necesidad del cambio de sede del proceso de forma que se pueda ejercer el derecho establecido en la quinta y sexta enmienda de la Constitución que pretende garantizar a todo acusado un juicio justo, todo lo que fue violado y pisoteado en Miami.
Si de división de opiniones de la autoridad legal se trata hay que recordarles a los jueces de la Corte Suprema los votos particulares de los jueces del Onceno Circuito en Atlanta: para Birch, no hubo jurado imparcial en Miami y la solicitud de cambio de sede para un nuevo juicio debió ser concedida. Para Kravitch, el gobierno no presentó evidencias que sustentaran la condena a Gerardo por el cargo 3 (conspiración para cometer asesinato).
Si se quiere hablar de interpretaciones contradictorias de las cortes inferiores, no hay más que recordar la rotunda sentencia unánime del 9 de agosto de 2005, del panel de tres jueces que conoció de la primera apelación en Atlanta. Es lapidario aquel análisis de la «tormenta perfecta», al vincular el profundo prejuicio de la comunidad contra Cuba y los acusados, la excesiva y perniciosa publicidad en contra de ellos y la actuación impropia de la Fiscalía, en aquel amañado proceso viciado de nulidad, concluyendo en la necesidad de anular las sentencias dictadas en Miami y disponer un nuevo juicio.
Si de importancia legal que trascienda el interés de los sancionados y de preocupación para la opinión pública se trata, no hay más que leer el Dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que proclamó arbitraria la detención de los Cinco y reclamó al Gobierno de Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para remediar dicha situación.
Este último aspecto ha sido señalado por la doctrina como uno de los más influyentes para inclinar favorablemente la opinión de los magistrados de la Corte Suprema, y suele hacerse presentar a través de los llamados amicus curiae que ponen de manifiesto a la Corte que se encuentra ante un caso de relevancia nacional o internacional.
Y ahí están los amicus con una lista récord en la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde Nuevo México vs. Reed, en 1998, no había una lluvia de amicus como esta en un proceso judicial. El caso de los Cinco lo supera con creces en cuanto al número de organizaciones y personas de todo el mundo, entre los que se incluyen nada menos que diez Premios Nóbel, parlamentarios, congresistas, intelectuales y distintas personalidades de todas las latitudes del planeta.
¿Cuál fue entonces la razón para la negativa de la Corte Suprema? Sencillamente que la solicitud del gobierno de Estados Unidos tuvo más fuerza. La política del imperio venció una vez más a la justicia. Y este ha sido desde el principio un juicio político. Al juzgar y sancionar a los Cinco por un delito que no han cometido, se juzga y sanciona al pueblo de Cuba por su inclaudicable rebeldía en defensa de su libertad. Como nos dice René en su reciente mensaje: «Para el pueblo de Cuba es que va dirigido este nuevo acto de venganza».
Cuentan los historiadores que en 1795 John Jay, primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, renunció para ser gobernador del estado de Nueva York, y que cinco años después, cuando el presidente John Adams le pidió que regresara a la Corte Suprema, Jay declinó diciéndole que la Corte «carecía de energía, peso y dignidad».
Han pasado 209 años, entre los cuales la Corte tuvo momentos de esplendor (con el juez Marshall) y hasta de justicia (con el juez Warren). Pero hace ya muchos años que otro Marshall (Thurgood, el primer juez negro en la Corte Suprema) renunció a su cargo y alertó sobre el marcado retroceso ideológico de la Corte del Imperio, que ha seguido ciegamente ese rumbo indetenible hasta llegar a la semilla, y, como al inicio, ha quedado sin «energía, peso y dignidad».
