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LA HABANA, agosto 14.- El abogado y funcionario de la cancillería cubana Alejandro García del Toro denunció hoy que se pretende otorgar la ciudadanía norteamericana al terrorista internacional Luis Posada Carriles para favorecer así su liberación.
Añade Prensa Latina que García del Toro es coordinador del Grupo de Asuntos Legales Cuba-Estados Unidos de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En declaraciones al diario Granma, señaló que los defensores de Posada intentan lograr que se le conceda el estatus de ciudadano para impedir cualquier posibilidad de deportación o extradición a cualquier país.
Afirmó que, al entrar ilegalmente a territorio norteamericano, le es aplicable toda una arquitectura legal, la cual comprende no sólo lo regulado en el Código de Estados Unidos, sino también en convenios internacionales de carácter multilateral.
García del Toro agregó que esos acuerdos obligan a Washington a extraditar a Posada o a juzgarlo por sus crímenes, así como a cumplir con resoluciones de la ONU, las cuales llaman a acciones concretas frente al terrorismo internacional.
Recordó que si se aplica la llamada Ley Patriótica estadounidense, el Departamento de Seguridad Interna de ese país debe inhabilitarlo para residir o permanecer allí y está obligado, por lo menos, a disponer su deportación.
El jurista se refirió también a la vigencia del Tratado de Extradición entre Venezuela y Estados Unidos y la facultad del Estado bolivariano para exigir dicha deportación, pues su fuga de una cárcel venezolana impidió culminar un proceso judicial.
Se trata, en este caso, de la causa abierta por el peor de todos sus delitos, el crimen de Barbados contra un avión civil cubano, el seis de octubre de 1976, puntualizó.
García del Toro señaló que, en relación con Posada Carriles, en forma similar a lo sucedido con los cinco cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos, influye el odio contra Cuba de la élite de poder norteamericana y de la mafia residente en La Florida.
Lo insólito de la decisión de la Corte de Apelaciones de Atlanta en el caso de los cinco cubanos, pudiera repetirse con Posada ahora, pero en sentido inverso, concluyó.
El terrorista internacional Luis Posada Carriles comparecerá hoy ante un tribunal federal en Estados Unidos para solicitar su libertad, pese a su abultado expediente criminal, el cual incluye la voladura de un avión de Cubana de Aviación.
Según declaró su abogado, Eduardo Soto, el pedido será realizado tras la alegación de que Posada Carriles, arrestado hace más de un año luego de entrar ilegalmente a territorio norteamericano, no debe quedar encarcelado indefinidamente.
El delincuente internacional se encuentra en un centro de detención en Texas, donde fue recluido en mayo de 2005 tras aparecer en público en Miami y quedar en evidencia su entrada ilegal a Estados Unidos, procedente de México.
Hasta ahora sólo ha sido encausado por ese delito migratorio, pese a la solicitud de extradición presentada por Venezuela.
Sus antecedentes criminales también incluyen la planificación de una serie de atentados con bombas en 1997 contra instalaciones turísticas de La Habana, en una de las cuales murió el joven italiano Fabio di Celmo.
Junto a otros tres terroristas, cumplía una sentencia en una cárcel de Panamá tras organizar un atentado contra el presidente cubano, Fidel Castro, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de 2000, celebrada en ese país.
En marzo último los organismos federales de inmigración estadounidenses resolvieron decidieron decir No a la solicitud de deportación inmediata del criminal, presentada por Caracas.
Cuatro meses después trascendió que la defensa de Posada Carriles valoró nuevas maniobras para lograr la liberación del criminal, esta vez amparada en testimonios de políticos y ex militares estadounidenses.
"Estamos tratando de establecer que Luis Posada siempre fue un instrumento empleado y pagado por el gobierno de este país (Estados Unidos), que ahora, por conveniencias políticas, pretende calificar de terroristas a las mismas actividades que antes promovió", alegó Soto.
Dijo que pretendía recurrir al senador y ex candidato presidencial John Kerry y al coronel Oliver North, figura central del escándalo Irán-Contras.
Según el abogado, Kerry, North y "otros más" podrían ser llamados como testigos, para demostrar que su cliente actuó durante años bajo la conducción y el respaldo del gobierno estadounidense.
Uno de los pasajes que se propone resaltar la defensa es la participación de Posada Carriles en acciones contra la Revolución Sandinista, en particular su vinculación al Irán-Contras, culebrón destapado durante el gobierno de Ronald Reagan.
El escándalo estalló al trascender que Estados Unidos financiaba los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses con dinero proveniente de la venta de armas a Irán.
La operación era ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dirigida por Oliver North, entonces miembro del Consejo de Seguridad Nacional.
En opinión de Soto, el senador Kerry fue "una pieza clave en la investigación del caso Irán-Contras", y posee conocimiento suficiente de los informes y testimonios que registran la participación de Posada, ex agente CIA, en esos hechos.
Con el pseudónimo de Ramón Medina, el criminal se hallaba en la base de Ilopango, en El Salvador, cuando estalló el escándalo en 1986, tras el derribo en Nicaragua de un avión norteamericano.
