Lecturas
Fueron cuatro tiros en la espalda mientras conversaba con simpatizantes y correligionarios sobre el empeño gubernamental de imponer una dirigencia amañada en las organizaciones obreras marítimas y portuarias. Llegó vivo al Hospital de Emergencias, pero horas después Aracelio Iglesias, negro, ñáñigo, comunista, secretario general del Sindicato de Estibadores y Jornaleros de la bahía habanera, era cadáver.
Un capítulo más en el propósito de la camarilla Auténtica, en el poder, por dividir y apoderarse del movimiento obrero, propósito que tuvo sus hitos culminantes en la ocupación de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), el desalojo de su dirigencia unitaria y el asesinato del parlamentario y líder azucarero Jesús Menéndez.
Unos 65 atentados jalonaron el primer mandato Auténtico, entre 1944 y 1948; el de Aracelio fue el primero de los 26 ocurridos en el segundo. Era el 17 de octubre de 1948, hace ahora 76 años.
Ese día, en la espaciosa sala del inmueble marcado con el número 259 de la calle Oficios, ocupado por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Naviera de Cuba, Aracelio, sentado de espadas a la puerta, conversaba con el presidente de la Unión de Braceros del puerto, el organizador de la disuelta CTC, miembros de la dirigencia portuaria, y con un obrero de filiación Auténtica, pero cercano a los postulados de los reunidos. Otros, más allá, conversaban o leían la prensa dominical…
De pronto, cuatro o cinco hombres penetraron en la sala y uno de ellos disparó sobre Aracelio, mientras otros dos de los del grupo recibían asimismo heridas de bala cuando intentaban auxiliarlo. Ya en la casa de socorros del Muelle de Luz, el líder portuario, que pudo ver a sus victimarios, dijo a sus compañeros:
—Por si acaso muero, escriban ahí que pude ver a los que me tiraron, aunque quisieron hacerlo por la espalda. Fueron Galate Gómez, Fresquet, Antonino y Maceira… No nos dieron tiempo a nada. Escríbanlo, pero procuren que yo pueda llegar vivo a Emergencias.
Tras el tiroteo, los victimarios se dispersaron, siendo perseguidos algunos de ellos por compañeros de Aracelio. Uno de estos, provisto de una navaja sevillana y dando gritos de ¡ataja!, persiguió a uno de los agresores, que fue detenido al fin por un policía en la esquina de Luz e Inquisidor. En la esquina de San Pedro y Luz otro agente policiaco detuvo a Rafael Soler Puig, alias El Muerto, cuando era perseguido de cerca por el chofer de Aracelio. Portaba, al igual que el otro detenido, una pistola calibre 45.
Alberto Gómez Quesada, Galate, a quien Aracelio señaló de manera particular, buscó refugio, tras el incidente, en la Unión de Trabajadores, situada a cuadra y media del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Naviera, pero la policía le echó el guante en Regla, donde residía. Fueron detenidos como coautores, además, Antonino, Fresquet y Maceira. La prueba de la parafina resultó positiva.
Ante el doctor Santiago Mencía, juez de Instrucción de la Sección Primera, a cargo de las actuaciones iniciales, fueron presentados acusados y testigos, quienes declararon:
—Sí, estos mismos fueron los que tiraron.
Al iniciarse la ofensiva del Gobierno del presidente Grau contra la tendencia de Lázaro Peña, la regencia de Aracelio Iglesias entre los portuarios fue quebrantada por la fuerza: policías y soldados, cumpliendo instrucciones del Ministro del Trabajo, ocuparon la oficina de Control y se apoderaron de la lista rotatoria, designando en lugar de Aracelio a Galate Gómez y a otros dirigentes de la facción oficial. Ya en el mes de abril del propio año, Galate había sido designado por ese Ministerio para sustituir a Aracelio en la secretaría general del sindicato. El titular del ramo desestimó los acuerdos de la asamblea sindical —de 1 300 miembros— que ratificaba al ejecutivo timoneado por Aracelio. Finalmente, la dirección oficialista ocupó el local del sindicato y el de la Sociedad de Socorros Mutuos.
A regañadientes aceptaron los estibadores la decisión gubernamental, pero el desbarajuste entronizado por la nueva directiva con los fondos de las cotizaciones y la suspensión de los beneficios de socorros mutuos, engendró un movimiento de recuperación sindical. Los estibadores reclamaban los beneficios logrados con Aracelio y perdidos con la nueva dirección: seguros de enfermedad, de asistencia médica y hospitalaria, gastos de entierro y una bonificación de mil pesos para la viuda. Se reveló que los regentes anteriores recaudaron, por concepto de socorros, casi 39 000 pesos entre los meses de mayo y julio de 1947, mientras que Galate y su equipo, menos de 4 000 pesos en igual período del 48. Los trabajadores se sentían víctimas de una malversación.
A lo que muchos atribuyen la causa inmediata del atentado, escribía Enrique de la Osa en una nota dada a conocer en la sección En Cuba de la revista Bohemia, es al «acuerdo adoptado de negarse a pagar un centavo más de cotización a los dirigentes oficiales y acudir al Ministerio del Trabajo para plantear la necesidad de que se restableciera el imperio de la democracia en el sindicato».
El comunista Salvador García Agüero, una de las cimas de la oratoria en la Isla, responsabilizó al Gobierno del atentado, y el ortodoxo Eduardo Chibás lo calificó de «odioso y miserable, sin disculpas de ninguna clase». En la Cámara de Representantes, todos los líderes parlamentarios, con mayor o menor virulencia, según la filiación de cada cual, condenaron el asesinato, mientras el Partido Socialista Popular (comunista) pedía que los trabajadores, sin demora, organizaran la autodefensa de sus asambleas, sus locales y sus dirigentes. En el puerto se paralizaron las labores. Eusebio Mujal, acaudalado zar sindical del Partido Auténtico, protagonizó en el Senado un ataque burdo contra el líder; luego de calificarlo de «gánster de la clase trabajadora», intentó reformar la versión policial de los hechos al afirmar que Aracelio había muerto en el curso de una reyerta y no por un atentado.
El sábado 4 de abril de 1950 se hizo pública la sentencia por el suceso. Antonio Álvarez Valdés, Antonino; Gilberto Alba Cabrera Quesada y Eduardo Ruiz Fresquet fueron condenados a 20 años de privación de libertad. Una pena de 21 años tocó a Alberto Gómez, Galate, por ser reincidente en hechos de sangre. Rafael Emilio Soler Puig, El Muerto, fue juzgado en contumacia.
Raúl Aguiar Rodríguez dice en su libro sobre el gansterismo que los técnicos en Derecho Penal comentaron que esa sentencia estaba redactada en forma de propiciar los recursos de los defensores. «Una fuerte presión se ejerció para lograr la absolución, pero solo abrazó ese criterio Maximiliano Smith, el famoso juez de los Tribunales de Urgencia», dice Aguiar.
Corría el mes de agosto de 1955 y, en una violación monstruosa de la soberanía nacional, las garras del chacal Rafael Leónidas Trujillo se hacían sentir nuevamente en La Habana. El exiliado dominicano Manuel de Jesús Hernández, Pipí, era fulminado en la esquina de 25 y A, en El Vedado, por seis puñaladas —tres debajo de cada axila—, propinadas por una mano experta, que le cruzaron literalmente el cuerpo.
Trabajaba como capataz en la construcción del hotel Habana Libre y cuando, luego de su jornada de labor, regresaba a su casa sobre las diez de la noche, tres hombres salieron de las sombras y le cortaron el paso. Dos de ellos le agarraron los brazos y se los levantaron con fuerza. El otro, con un cuchillo, trabajó con rapidez y precisión el cuerpo indefenso. A un marinero se le hizo sospechoso el grupo. Se acercó y vio hombres que huían dejando un bulto en el suelo. Disparó contra los fugitivos, pero no pudo atajarlos. Prestó entonces atención al cuerpo que yacía en la acerca, en medio de un charco de sangre. Ya Pipí Hernández estaba muerto.
Con el tiempo, la Policía Nacional capturó a los cubanos que participaron en el asesinato, un tal Robinson (escribo de memoria) y El Muerto, uno de los asesinos de Aracelio Iglesias y autor de una cadena de delitos que iban desde la amenaza y la usurpación de funciones hasta el asalto. Tampoco esta vez pagó sus culpas. Tuvo, sin embargo, la mala idea de venir en la invasión mercenaria de Playa Girón. Capturado, no se le juzgó como al resto de los invasores, sino que, en compañía de 13 esbirros batistianos y otros asesinos venidos también en la invasión, se le siguió un juicio aparte en la ciudad de Santa Clara. El 8 de septiembre de 1961 lo condenaron a muerte por fusilamiento.
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