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Estados Unidos: Un Gobierno de y para los multimillonarios

 

Cuando la actual Administración se estrenó en la Casa Blanca en enero de 2025, la comidilla era la cantidad de multimillonarios en el gabinete o en puestos claves del Gobierno. Se comentó entonces lo evidente que resultaba la instalación de un Gobierno no solo para los grandes capitalistas, sino que estos tomaban el papel de los políticos. Nada de intermediarios en el cuidado de los intereses del imperio, y quizá la demostración más evidente fue el poder que ejerció el hombre más rico del mundo, Elon Musk.

Más de un ejemplo se puede haber visto, pero quedan velados por una política interna y externa que no deja respiro a nadie cuando unos acontecimientos se precipitan sobre otros y cada cual más estremecedor de la economía global, la política, las relaciones mundiales y la conducta belicista.

Pero no siempre hay que dar de lado a estos otros donde la corrupción salta a la vista. En esta mitad de abril, se ha conocido que Liberty Energy, la compañía de servicios petroleros fundada en 2011 por el secretario de Energía, Chris Wright, no pagó impuestos sobre la renta corporativa el año pasado, aun cuando obtuvo 193 millones de dólares en ganancias en ese lapso y, por el contrario, recibió del IRS (Servicio de Impuestos Internos) un rembolso de más de diez millones de dólares en beneficios fiscales.

Irónico que esta información corresponda a un análisis de una organización sin fines de lucro publicado el Día de los Impuestos.

A decir verdad, no fue la única favorecida por esa magnanimidad del Estado que se las da de juez de cualquier fraude semejante en otros lugares del mundo. El informe que publicó el Instituto de Impuestos y Política Económica, la organización que hizo el estudio, tiene una larga lista de 88 compañías que en conjunto obtuvieron más de 105 000 millones de dólares en 2025 y tampoco pagaron impuestos federales sobre la renta corporativa.

Para Liberty Energy en particular, el tema impositivo cambió de la administración demócrata a la republicana de la que forma parte su fundador, pues en el ejercicio fiscal de 2024 sí pagó 33 millones de dólares por las ganancias netas declaradas de 403 millones de dólares.

¿Y yo hablé de corrupción? No es justo porque Wright —como se dice corresponde a lo establecido— dejó su cargo como director ejecutivo (CEO) de Liberty Energy el 3 de febrero de 2025, cuando fue confirmado por el Congreso como miembro del Gabinete Trump. Wright cumplió con la ley… y vendió todas sus acciones. Está claro que «no hay conflicto de intereses».

Mientras tanto, millones de estadounidenses, que no ganan precisamente millones de dólares, se cuidan mucho de no incurrir en ningún error en su declaración jurada de impuestos ante el IRS y no dejan de pagar los tributos fiscales correspondientes, so pena de enfrentar más de una consecuencia: multas, gravámenes fiscales (tax liens) e intereses hasta, en casos muy graves, ser acusado de evasión fiscal, perder el pequeño negocito o hasta dar con sus huesos en la cárcel, que con el dinero del Estado no se juega.

Más aún esos ciudadanos, votantes o no, por nacimiento o por naturalización, o incluso los indocumentados —ahora en constante riesgo de deportación, sin importar cuántos años llevan en EE. UU. y cuánto aportan a su crecimiento y desarrollo o a sus guerras—, no han recibido hasta ahora los beneficios que sus representantes en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, y por supuesto en la campaña electoral de quien ocupa la Casa Blanca, les prometieron mediante la Ley de Reducción de Impuestos. Sobre esto llama la atención la publicación Politico.com al dar a conocer la exención impositiva para Liberty Energy.

Por el contrario, la guerra más reciente de Estados Unidos contra Irán, en contubernio con su socio Israel, ha provocado un daño colateral prácticamente global, porque esto sacude a las economías de casi todo el mundo, y en el caso de los contribuyentes estadounidenses, esos ingenuos votantes que sustentan la autocracia, perdón la democracia, ven también esquilmados sus bolsillos de consumidores con un aumento de los precios de los combustibles y como cola consecuente, de muchísimos otros productos, lo que eleva precisamente las ganancias de esas grandes empresas corporativas favorecidas por una evasión fiscal perfectamente autorizada desde la primera temporada de Trump en la Casa Blanca.

Entonces se aprobó la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017, que no tuvo que renovar en su segunda temporada porque los legisladores no la tocaron durante la administración Biden, pues en definitiva les «ayuda» a todos sin importar el color en un sistema que también se vanagloria de un contubernio bipartidista.

Esa Ley para las empresas e inversores «redujo considerablemente el tipo impositivo corporativo, modificó la tributación de las transferencias de ingresos, aumentó las depreciaciones e introdujo cambios fundamentales en la tributación de las rentas internacionales. En primer lugar, el tipo impositivo corporativo se redujo de forma permanente del 35 por ciento a un tipo fijo del 21 por ciento», según la norma aprobada.

Nada nuevo en el proceder, pues de una u otra forma, las grandes empresas han sido también las grandes evasoras al amparo de que son las grandes inversoras en el desarrollo del país. Sí señor, quien hizo la Ley, hizo la «trumpa», digo, la trampa…

 

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